Mientras la discusión del Presupuesto 2026 está en pausa hasta después de las elecciones, se abre un flanco crucial con el reajuste al sector público. Distintos gremios han manifestado su rechazo a que los funcionarios paguen los ajustes fiscales, ante la recomendación del Gobierno de mantener los sueldos en valores nominales de 2025, lo que implicaría no aplicar ajuste por inflación y generaría un ahorro fiscal de más de $524.938 millones.
Desde la Mesa del Sector Público, la posición es otra: trascendió que la cifra de reajuste que solicitarán se acercaría al 7%, superando la variación proyectada de la inflación. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, indicó que el piso de la negociación incluye recuperar el poder adquisitivo (IPC acumulado proyectado en 3,7%) más el crecimiento del país (estimado en 2,5%), lo que suma un 6,2%, al que se añadiría un «extra» hasta alcanzar el 7% solicitado.
REAJUSTE CLAVE EN NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS 2026
La definición del reajuste del sector público se ha convertido en una de las condiciones que la oposición, incluyendo a Chile Vamos y Demócratas, exige abordar para destrabar el Presupuesto 2026, el cual fue masivamente rechazado en la Comisión Mixta la semana pasada. La provisión contemplada por el Ejecutivo para el reajuste es de alrededor de US$615 millones, cifra significativamente menor a los US$1.970 millones y US$2.173 millones de los reajustes de 2023 y 2024, respectivamente.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mostró optimista tras sus encuentros con la oposición, destacando la necesidad de llegar a acuerdo para que el Presupuesto avance, ya que un rechazo total impediría responder a las demandas ciudadanas.
Sin embargo, los congresistas hicieron sus propios cálculos y estiman que solo por la inflación proyectada más el aumento de 1% en la tasa de cotización previsional, el costo del reajuste superaría los US$700 millones, cien millones más que lo provisto por el Ejecutivo, lo que anticipa una tensa negociación.
