Más del 63% de los consultados por la empresa de opinión pública Panel Ciudadano reconoció recientemente no tener confianza en que el Estado manejara sus ahorros previsionales, mientras que alrededor del 40% ha reiterado por años su desconfianza en las AFP’s, al punto que, en 2021, buena parte lo dio como explicación para su tercer retiro, mientras que en diciembre del 2020 la firma Cadem señalaba que las AFP ocupaban el último lugar de confianza entre instituciones e industrias. Y desde 2015, solo 1 de cada 5 personas decía confiar en ellas.
Si bien los retiros impulsados por los detractores de las AFP’s parecen ser la razón por la que hoy la mayoría ciudadana prefiere un sistema previsional en el que se respete la propiedad privada sobre sus ahorros, terminando por validarlas en este sentido, si no hay confianza en que ni el Estado, ni los privados administren los ahorros previsionales cuya cantidad mensual supera la jugosa cifra de US$500 millones, ¿cuál es la alternativa para asegurar dicho ahorro indispensable para la sobrevivencia de los alrededor de 3,5 millones de personas de la tercera edad hoy y los más de 6 millones que habrá en 2050?
Con el desarrollo de la idea del Estado benefactor, se supone que sus órganos e instituciones no solo deben obligarse a proteger la soberanía en el territorio en el que habita la nación respectiva y arbitrar las discordias que surgen entre los habitantes de democracias que se rigen por un contrato social, leyes y derechos humanos, de modo de resolverlas pacíficamente. También se añadió, desde fines de la I Guerra Mundial, su deber de asistir solidariamente a quienes, de ese conjunto nacional, no consiguen resolver sus desafíos de supervivencia por diversas razones multifactoriales que van desde cuestiones de índole individual, hasta razones estructurales producto de los vaivenes de las economías.
De allí la idea de la previsión social, una propuesta que tendió a ir más allá de la tradición cristiana de la conmiseración con el desafortunado y que, por motivos de dignidad -”la mano del que da siempre está por encima de la que recibe”- convergió en políticas nacionales jurídicamente instaladas y destinadas a producir los ahorros necesarios para cubrir las expectativas de vida de personas mayores ya eventualmente imposibilitadas de realizar el trabajo necesario para su autosustento. Surgieron de ese modo propuestas diversas que van desde la solidaridad intergeneracional -quienes trabajan aportar una parte de sus ingresos a los que no lo hacen- o intrageneracional -todos quienes trabajan ahorran para generar un fondo al que, quienes no lo hacen, también tienen derecho a acudir, financiado por impuestos generales-. Ambos modelos muestran, además, experiencias y sistemas de administración que van desde la del Estado, hasta las privadas o mixtas.
Como se ve, las jubilaciones -es decir dineros disponible para el consumo de quienes ya no lo producen con su propia labor- son recursos que necesariamente deben ser producidos y ahorrados con aportes del trabajo y del capital. El primero, con exacciones directas a los trabajadores ocupados; el segundo, con aportes directos o no y/o con una administración y gestión eficiente y eficaz que evite que el ahorro se deprecie por la inflación y, además, que engrose mediante su ocupación en el mercado del dinero, invirtiéndolo en proyectos económicos exitosos que entreguen utilidades a esos capitales.
Pero como la mayoría de las personas siempre tendrá por delante la opción de gastar en un bien o servicio que estima urgente o indispensable, postergar ese consumo o ahorrarlo para 40 años no es, por lo general, una decisión que se adopte libremente, razón por la cual la mayoría de las veces los Estados han acordado que dicho ahorro sea obligatorio. Aun así, los estudios comparados muestran que cerca de 30% de las poblaciones de los países no realiza esa postergación de consumo, sea porque efectúa trabajos no remunerados, o informales, o porque su masa de ahorro es muy pequeña producto de la irregularidad de sus cotizaciones. Entonces, al ahorro básicamente realizado por la fuerza de trabajo formal -que habitualmente es descontado de los sueldos mes a mes por las empresas y por cotización voluntaria de difícil persistencia cuando se es independiente- hay que añadir el esfuerzo fiscal adicional que se requiere para tener más ahorros sea vía más impuestos o economías sustantivas en los mal gastos del Estado, y responder así a los requerimientos ciudadanos, hecho que hace aún más compleja la acumulación de tales recursos.
Y es que si el ahorro mensual estimado es de unos US$ 500 millones mensuales, al año, el pozo habrá acumulado -sin intereses ni inflación- US$ 6 mil millones, cifra que, a un mismo valor, permite reunir en 40 años unos US$ 240 mil millones, cifra que es aproximadamente lo que las AFP`s consiguieron juntar en sus primeras cuatro décadas de vigencia -no obstante una cotización media de 20 años por parte de sus afiliados-, pero, que como hemos visto, significó que las jubilaciones que comenzaron a pagarse tras ese periodo fueran tan insuficientes como para que el actual Gobierno propusiera su eliminación y transformación en otras instituciones.
Como se sabe, según la propuesta, si bien las AFP’s continuarán gestionando los recursos ya reunidos en cuentas individuales, al menos los próximos dos años, para luego transformarse en otro tipo de instituciones previsionales privadas, dejarán de administrar esas cuentas individuales -concentrándose en su gestión financiera- tarea que pasará a manos de una institución previsional centralizada del Estado que será quien genere las cartolas y cuentas unificadas de los 10,5 millones de actuales cotizantes, aunque contabilizando, tanto el 10,5% de los ahorros previsionales actualmente en las AFP’s -que éstas deberán informar al instituto estatal-, como el 4,8% adicional que se añadirá a las cuentas nominales que administrará el Estado y que surge del aumento del 6% que, se afirma, será de cargo del empleador, pero cuya propiedad sirve para calcular la pensión de la persona una vez jubilada, pero sobre lo cual no tiene uso, goce ni disposición, hasta el momento del retiro, como tampoco es heredable. El otro 1,2% irá a un fondo solidario que posibilitará mejorar las pensiones más bajas, siempre y cuando la gestión financiera de estos recursos posibilite mantener su valor contra la inflación, así como generar un mayor volumen, gracias a buenas inversiones financieras.
Y si 10,5 millones de afiliados a las AFP’s consiguieron, ahorrando el 10% de sus sueldos, juntar unos US$ 240 mil millones en 40 años, considerando que el promedio solo ahorró el equivalente a 20 años de actividad y porque las AFP’s hicieron rentar esos recursos en una proporción de uno a tres, el 4,8% debería generar mensualmente otros US$ 240 millones, es decir, unos US$ 2.900 millones anuales o US$ 115 mil millones en 40 años -y mucho más si se ahorrara efectivamente los 40 años sin lagunas- sin tomar en cuenta la renta del 1,2% restante que estará en un fondo común, pero que también deberá ser operado en el mercado financiero con iguales objetivos.
Así las cosas, la Reforma previsional traspasará al Estado una caja que es, al menos, la mitad del monto que manejaban las AFP`s antes de los retiros y que hicieron sincerar al subsecretario de Previsión que la propuesta oficial tiene por objetivo “quitarle poder de mercado a las AFP`s”.
Dicha afirmación valiosa por su sinceridad tiene, empero, derivadas que debería alertar a los parlamentarios que tendrán que discutir los alcances del proyecto del Gobierno. En efecto, no son pocos los representantes de la izquierda y centroizquierda que han reiterado en la ya larga polémica de No+AFP que aquellas han sido “el pozo de capital barato que los trabajadores le regalan a las grandes empresas”, al tiempo que se expresan ideas de nuevas inversiones “sociales” o “estratégicas” que pudieran llevarse a cabo desde el Estado, con miras a instalar una sociedad y economía más justa. Un marco ideológico como el citado, unido a la influencia de economistas que han revalidado la idea del Estado emprendedor, puede ser la peor receta para una mayor rentabilidad de los ajustados ahorros previsionales y la repetición de errores del pasado en los que “inversiones sociales” o “estratégicas” significaron para las cajas de ahorro previsional pérdidas irrecuperables de capital y que terminaron por entregar jubilaciones misérrimas, tal como las que se alegan hoy de las AFP’s debido a la suma de bajos sueldos, bajas cotizaciones y lagunas.
A mayor abundamiento, los trabajadores jóvenes, que son los que cargarán con el mayor peso del proceso de transformación del sistema de capitalización individual por uno mixto, vivirán la transición en un entorno de alta incertidumbre informativa, en la medida que, de una parte, las AFP’s -las que acepten seguir con las nuevas reglas del juego y no terminen llevando al país a tribunales internacionales- solo podrán informar de sus resultados sobre el 10,5% que aquellas seguirán operando, mientras el Instituto Estatal se da un tiempo de acomodo para dar servicios a los 10,5 millones de afiliados a los que atenderá respecto del 4,8% adicional, pero que, de igual modo, forma parte del cálculo de la jubilación que el trabajador tendrá luego de 40 años de labores, razón por la que es de prever un período de desconocimiento de los fondos reales con los que la persona cuenta.
De acuerdo a las declaraciones del subsecretario, es posible que el Instituto Estatal no maneje directamente los fondos que acumulará a contar del momento en el que se apruebe la reforma, sino que lo harán otras empresas privadas especialistas en gestión financiera a las que se les licitarán los fondos previsionales a manejar. Es de esperar que esas firmas, al igual que las AFP’s, sean varias y competitivas, así como debidamente normadas y fiscalizadas en su labor como “mesa de dinero” y que en ese proceso de “quitarle poder de mercado a las AFP`s”, el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.
Al fin de cuentas, si lo que realmente la reforma busca es “terminar con las AFP`s”, para seguir con las AFP`s, de otra forma, pero quitándoles el mercado del 6% adicional y restringiéndolas al 10,5% -cuyo monto global actual tampoco es despreciable- lo relevante es que los diversos agentes que compondrán el nuevo sistema de previsión generen el mayor valor posible para los fondos mediante buenas y cuidadosas inversiones que permitan que, en los próximos años, no solo se mejoren las actuales jubilaciones mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU) -cuyo costo es similar al promedio de recaudación mensual actual de las AFP’s- sino que en 20 o 40 años más los jubilados no tengan que volver a vivir la indignidad de una pensión que no les cubra ni siquiera el 30% de lo que ganaban en actividad.
La necesidad de actuar con pragmatismo, sin ideologías, ya no es discutible en un mundo en el que la competencia internacional de las economías chicas, medianas y grandes por conseguir éxitos que aseguren ingresos para sus espacios nacionales no tiene nada del romanticismo protector y social que los buenos tiempos de desarrollo y crecimiento permitieron en el pasado a las muy desprendidas dirigencias políticas “para asegurar la paz y armonía interna”, sin tener que recurrir a la represión o dictaduras, aunque también, interesadamente, para fidelizar la votación ciudadana necesaria que los mantuviera en el poder.
Las ideologías políticas del siglo XX -hijas de la filosofía del siglo XIX- han sufrido un remezón de proporciones con el advenimiento de las nuevas formas de producir bienes y servicios, hechos que, a su turno, han traído profundos cambios en las formas de relacionarnos. Las libertades democrático-liberales y de mercado han promovido un vertiginoso proceso de innovación técnica y científica y una fuerte revalorización del individuo con la respectiva horizontalización social o des-jerarquización que exige respuestas reales y rápidas a las demandas sociales, so pena de revueltas y desordenes permanentes. Los grandes discursos de “salvadores” de antaño resultan hoy hasta casi ridículos para una juventud que dictaminó hace rato que “nadie me va a decir a mi lo que piense o haga”.
Los líderes carismáticos, desde la derecha a la izquierda, ya no pueden, como en el pasado, ofrecer un mundo en el que el hombre “supera el reino de la necesidad”, sin costos inmediatos para las falsas promesas hechas a un ciudadano empoderado e informado. Más vale, pues, que mirando la necesidad de atender a esos más de 6 millones de personas maduras, que eventualmente en 20 o 40 años más pudieran estar aún en plenitud de sus vidas a los 70 años, gracias a los avances médicos, alcancen jubilaciones equivalentes al menos al 70% de sus ingresos en actividad, guarismo que, por alguna razón, el Gobierno ha preferido evitar comprometer, seguramente tras profundizar en la complejidad de una fácil promesa de campaña que, de no fructificar, al menos con un pronto aumento de las pensiones para los actuales retirados a través de la PGU, podría tener similares consecuencias a las que el Gobierno anterior debió sufrir a raíz de la lenta reacción, tanto ejecutiva como parlamentaria.
Solo entre la reforma previsional y tributaria, el actual Presidente ya tiene bastante. Y si se le agregan las demandas por orden público y mejor atención de salud como derecho, el mandatario requerirá de toda la ayuda del mundo, desechando resquemores de izquierdas o derechas, con profesión de nacionalidad y patriotismo, así como de una recuperación de las indispensables confianzas, que es lo que resulta de re-conocerse, tanto en la difícil tarea de la conducción del Estado, como en la dura labor del capital y trabajo en la competencia nacional e internacional.
Porque, después de todo, la gran mayoría de los chilenos son personas honestas y trabajadoras, mientras que los trasgresores son los menos, razón por la que nadie debería ser aquilatados a priori por su etiqueta, uniforme o vocación identitaria, sino por su verdadero valor y conducta, consistente con una ética de una mejor convivencia surgida de la propia autocontención y control de los pulsos que desvían de la decencia y el buen vivir, así como del respeto consciente a la ley y las normas que, como ciudadanos adultos, hemos acordado acatar. (NP)
