Llamados a la convergencia en grandes bloques están recorriendo las intrincadas venas y arterias de la política nacional protagonizados por dirigentes como el propio Presidente de la República en discursos a los suyos en el Frente Amplio, así como del ex mandatario de oposición quien ha convocado a la unidad de partidos y movimientos de derecha y centro derecha en un arco que iría desde Republicanos, hasta Amarillos o Demócratas.
Demás pareciera señalar que esta tendencia a la reunión es propia de momentos en los que la dispersión social se hace más evidente, tal como ha sido el caso de Chile, en donde, tras años de un modelo electoral binominal que forzó a la unidad en grandes bloques mediante señales que favorecían las conductas convergentes de los partidos, la clase política optó por posibilitar la expresión de las diferencias de liderazgos y/o posiciones en sus bloques o fuera de ellos, mediante la aprobación de un sistema electoral proporcional inclusivo que posibilitara mayor participación de aquellos sectores que no conseguían una representación más amplia en la ciudadanía, pero que se estimaba podían ser el origen de partidos que renovaran o modernizaran el cuadro nacional.
Así las cosas, el experimento iniciado en 2015, culminó con un conjunto de más de una veintena de partidos tradicionales y emergentes con representación en la Cámara de Diputados, así como con otra cantidad similar de colectividades en formación surgidas, tanto de la creatividad ciudadana y su diversidad de intereses, como de la necesidad de rearmar o insistir en la conformación de colectividades que fracasaban en la competencia por el favor de la ciudadanía, sin lograr las votaciones que los hacen legalmente existentes.
El desarrollo de estos acontecimientos muestra que, en primer lugar, la disposición del mapa partidario en los países con democracias liberales no es solo resultado de las ideas o filosofías políticas que circulan en los países, sino, especialmente, de la legislación que los rige como orgánicas institucionales y cuya modulación, o estimula la convergencia y acuerdos de elites que consiguieron la victoria interna de sus “lotes” y conducen los bloques mayoritarios respectivos; o bien una dispersión de liderazgos de menor calado o, discolaje, pero que amplía la participación ciudadana hacia sectores que no estaban considerados por las elites tradicionales.
Fue dicha proposición estratégica la que hizo posible el surgimiento de nuevas colectividades tales como el Partido de la Gente, el Partido Progresista, Ecologistas, Acción Humanista, Convergencia Social, Liberales, Revolución Democrática o Comunes, que si bien aumentaron la dispersión de la izquierda y centroizquierda, añadieron a su capital votante sectores juveniles que, viniendo de movimientos identitarios diversos (género, ambientalistas, pueblos originarios, animalismos) no participaban en los partidos tradicionales del sector.
En la derecha, en tanto, abrió las puertas para la conformación del Partido Republicano, el Partido Conservador Cristiano, Socialcristiano, Patriotas y otros movimientos menores, provocando cierta circulación interna del hasta ahora sólido porcentaje de votantes que se instaló en el plebiscito de 1989 a través de la UDI y RN y luego de Evopoli, y cuya última expresión fue la votación que alcanzó el candidato republicano, José A. Kast, en la segunda vuelta de las presidenciales de 2021. Como se recordará en aquella oportunidad, si bien reunió similar porcentaje de votos (44,1%) que apoyaron el “Si” a fines de los 80 (44,01%), no logró los votos más hacia el centro que la derecha ha requerido para ganar las elecciones en las dos ocasiones en las que Sebastián Piñera ha conseguido la mayoría en segunda vuelta.
Un cuadro que, empero, la izquierda y sus vínculos con el centro y centroizquierda, evitó, mediante negociaciones internas que posibilitaron que su candidato presidencial, con apenas el 25,83% en primera vuelta, alcanzara el 55,87% en el balotaje, apoyado por el resto de los partidos y los líderes de la exConcertación, para luego subirse al carro del Gobierno con ministros, subsecretarios, seremis y altos funcionarios ministeriales que han impulsado, con casi igual ímpetu que sus redactores originales, proyectos programáticos refundacionales en el ámbito de los derechos sociales que el que promovían los jóvenes del Frente Amplio, haciendo caso omiso de los fracasos electorales vividos en el año y medio de administración Boric y en los que la ciudadanía les ha repetido e insistido que no participa de ideas de cambien sustantivamente el modo de vida que los propios chilenos han ido construyendo.
Desde luego, cuando se tiene tamaña convicción y arrogancia y se piensa que los equivocados son los ciudadanos que simplemente no entienden la buena nueva que el salvador les ha traído, la insistencia en el error es inevitable y resulta difícil la negociación. En dicho marco es que las reformas que realmente le interesan a la mayoría de la gente, como más seguridad en las calles, mejor salud y educación, colegios sin violencia, más trabajo, crecimiento y pensión única garantizada de $250 mil, que ya está financiada, están estancadas, porque la izquierda y centroizquierda que la apoya, insisten en No + AFP o en liquidar el sistema de Isapres.
Y si bien, previo al escándalo de los Convenios entre fundaciones y organismos públicos regionales la visión promedio ciudadana era que el propósito de esos cambios revolucionarios que buscan transformar o eliminar industrias y servicios de más de 40 años era mejorar la salud y las pensiones, ahora emerge la duda de si lo que se busca en ambos casos no es la enorme cantidad de recursos que ambos sectores administran y que explican buena parte del crecimiento y desarrollo del país en las últimas décadas.
En un entorno de tales características, en el que se está disputando en los hechos el capital del país, es evidente que la tendencia a la reunión y convergencia de todos los que puedan ser aliados emerja como una necesidad, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero en los hechos lo que se está promoviendo es una repolarización en la que una izquierda y una derecha toman el mando sobre el conjunto del capital político del sector y se enfrentan, en una lucha sin cuartel, preñada de imposición y con pocas posibilidades de negociación.
Por eso, la reacción observada entre dirigentes de partidos opositores y oficialistas parece apuntar más bien a un modelo de resolución de controversias en el que los vasos comunicantes de las centro derechas y las centro izquierdas no se rompan y sea posible mantener las conversaciones y negociaciones pertinentes para conseguir acuerdos legales posibles y evolutivos que no terminen provocando un caos en la arquitectura económica y social del país.
De allí también la relevancia que en el ámbito de la redacción del nuevo contrato social las perspectivas no polarizadas, sino integradoras y participativas de sus ejecutores, sean las que finalmente triunfen en la discusión para la redacción final de la propuesta que los chilenos deberemos votar en diciembre. Parece innecesario reiterar que una carta magna, si es promotora y defensora de libertades, no solo debe habilitar una vida en común de personas y grupos con muy distintos proyectos, ideologías y modo de vida que se hagan posible con libertad e igualdad de derechos, sino que debe proteger que aquellos formas de vida tengan sus espacios de expresión sin que, empero, posibiliten que un determinado momentos político futuro arrase mediante las propias leyes aprobadas por mayorías simples, con instituciones o formas de vida que los chilenos han cultivado y desarrollado en sus más de dos siglos de existencia.
Más, pues, que llamados a la unidad sin matices de blancos versus negros, para preparar el asalto final al poder que permita la imposición monopólica de lo que la democracia liberal ha sido más que eficiente en impedir a sus enemigos o adversarios en el mundo, de lo que se trata es de creer y proteger el actual proceso reflexivo, participativo, múltiple, amplio y hasta caótico en el que sus respectivas elites, emergentes y tradicionales, logren encontrar el punto medio de sus demandas y propuestas de cambios y una nueva constitución que consagre un Estado democrático social y subsidiario de derechos que respete los principios y valores consagrados por la tradición y las mayorías que periódicamente y mediante la discusión democrática parlamentaria y ciudadana van ajustado evolutivamente, generando las normas de convivencia que permiten vivir armónicamente a sus ciudadanos y de estos con sus poderes instituidos.
Nada de aquello, empero, es posible en una sociedad que opta por la polarización y termina por reducir las diferencias y matices a simples desviaciones inútiles que impiden la materialización de las propias expectativas. La naturaleza enseña que, muchas veces, contingencias sin aparente importancia, son las que de pronto abren los espacios que explican el desarrollo sin par de la vida (NP)
