En un discurso que pronunció en la ceremonia de graduación de un grupo de alumnos de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, su decano, José de Gregorio, alertó a los jóvenes egresados en contra del sentido de indestructibilidad y superioridad que habitualmente inunda a la juventud en cierto lapso, poniendo como ejemplo a la generación política del presidente Boric, de la cual, afirmó, “lo tenían todo, y lo perdieron todo”.
El académico les recordó que “entraron a la política, al Parlamento, y lideraron una protesta social inédita en Chile. Consiguieron un acuerdo parar cambiar la Constitución y lo tuvieron todo. Llegaron al Gobierno, lideraron el grupo que escribía la Constitución”, pero “terminaron haciendo un Gobierno con bases similares a los que tanto criticaron; la nueva Constitución la terminaron escribiendo sus mayores adversarios y (hoy) pareciera que prefieran mantener la Constitución que tanto demonizaron”.
La dura crítica de De Gregorio no pasó inadvertida en una semana en la que el joven Gobierno presentó nuevamente una serie de flancos de debilidad operativa y que, a mayor abundamiento, apuntan hacia demandas más exigidas por la ciudadanía. Como debiera ser obvio para el oficialismo, es esa irresolución la que mantiene el apoyo al Gobierno en un misérrimo 25%, es decir, solo la base electoral que lo llevó a ganar la primera vuelta en contra de los candidatos de la exConcertación, aunque perder en ella con el aspirante de derecha.
Nuevamente la segegob, Camila Vallejo, intentó una hipótesis señalando que en el Gobierno no hay ninguna batalla generacional, sino que son tres las generaciones que están trabajando en conjunto para impulsar los cambios. La respuesta que reitera una cierta costumbre y habilidad para responder aseveraciones que no se han formulado, desde luego, no responde a la crítica de De Gregorio, quien refirió la cuestión de las edades en el ámbito de la toma de decisiones, pues, como se sabe, durante el Gobierno de la Nueva Mayoría e incluso en el de Lagos, también estuvieron en el Gobierno al menos tres generaciones.
Es decir, la cuestión en litigio no es propiamente la edad de los gobernantes, sino en manos de que generación está el poder de decisión. Es evidente que, por ejemplo, dirigidos por otro presidente, el problema israelí-palestino se habría conducido en Chile de modo muy diferente, con seguridad, siguiendo las tradicionales trazadas de la política de Estado que él ha mantenido en estas relaciones, sin matices ni presiones permanentes de sus bases en contra del embajador de Israel en Chile, el que, por lo demás, ha sido objeto de bullying del propio presidente y parlamentarios jóvenes de izquierda radical. Tampoco se habría esperado de otro mandatario un silencio tan expresivo como en el caso de la expulsión de inmigrantes ilegales que no han sido recibidos en su país de origen, ni en los problemas que emergen en la confianza pública con cambios inconsultos de metodología en las encuestas que entregan datos para la mejor gobernanza del país.
En efecto, tras críticas a recientes modificaciones a los tiempos y metodología de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) que dificultan la comparación con las cifras históricas del instrumento, el exsenador Felipe Harboe, denunciante del problema, recibió una andanada despectiva y “edadista” de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien, embargada por el hybris del poder gubernamental le exigió al exparlamentario que se excusara con la ministra del Interior por sus dichos. Y utilizando toda su fuerza discursiva desvaloró el uso de la palabra “chambonada” por parte del exsenador -que consideró “bien anticuada”, no obstante ella misma haber utilizado términos aún más arcaicos en su frase tales como verbos, artículos y sustantivos- y cayendo, además, en discriminaciones “edadistas” que ella ha censurado respecto de las mujeres. Sin embargo, fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien horas más tarde arbitró la polémica dando la razón a Harboe, aunque éste desdramatizó el impacto en la gestión de la encuesta luego que aquella arrojara los peores resultados en una década, con una percepción de inseguridad ciudadana en Chile que se eleva al 90,6%.
Más allá del evidente daño al patrimonio estadístico que Chile Vamos criticó en este caso y que el Estado ha ido acumulando en estos años en sus instituciones, los cuestionamientos a la situación de seguridad ciudadana rebotaron en contra del Gobierno, tanto desde la oposición como del propio oficialismo. El presidente de la Cámara, el DC Ricardo Cifuentes, dijo que hay “una equivocación (de Interior) evidente. Y aunque las cifras fueran otras, hay una sensación ambiente y hechos que son de otro nivel: una granada, hay armamento militar en las calles, grupos que son capaces de descuartizar, connotaciones gravísimas, no es cualquier asesinato, es grave que el Ministerio del Interior trate de refutar ese tipo de hechos”. Y para cerrar el tema, Carabineros, en una sorpresiva ronda nacional, informó hacia fines de semana de la detención de sobre 700 personas, de las cuales más de 300 estaban con órdenes vigentes y varios de ellos, extranjeros.
La crisis de gobernanza no se detuvo allí, a pesar que el presidente, dado que tenía algunas “tuercas que apretar” en Chile, según el mismo dijo, sin entregar señales en dónde, informara que no asistirá al más relevante encuentro sobre el medioambiente en el mundo, la COP 28, en Dubai, un área que el mandatario y sus seguidores han relevado desde sus origenes.
Pero, a media semana, los preparativos de viaje en un avión charter privado en el que se expulsaría a 60 ciudadanos venezolanos debieron detenerse por la negativa de Caracas a recibir el vuelo, debido a que un órgano menor de ese país no había alcanzado a autorizarlo. A pesar de que la ministro del Interior fue nítida al declarar que Venezuela prohibió el aterrizaje, horas más tarde, el director del Servicio Nacional de Migraciones afirmó que el viaje frustrado fue un problema burocrático, un permiso que no llegó, y que el vuelo se reprogramaría, probablemente, a través de viajes comerciales que no requieren de dicha autorización. Es decir, el problema “burocrático” persistía y los tiempos de expulsión legal se terminaban. Se espera que Monsalve viaje a Caracas esta semana, mientras la oposición pidió llamar al embajador de Chile, Jaime Gazmuri, para que, al igual que en el caso israelí, informe del problema.
Con Boric con el secretario general de ONU, Antonio Guterres, rodeado de la frescura Antártica, para mostrarle en directo los efectos del cambio climático, los problemas de gobernanza para el Gobierno no terminaron allí, porque, tras un nuevo dictamen de la Corte Suprema, transformada casi en “brazo armado” de un impulso para eliminar las Isapres e instalar un sistema estatal único de salud que no ha resultado por la vía democrático-parlamentaria, esta vez respecto del GES, los dirigentes de la industria y especialistas del sector advirtieron del impacto que puede tener en la salud pública un traspaso desordenado de 2,9 millones de cotizantes desde las ISAPRE a FONASA, aumentando riesgos de muerte de pacientes en tratamientos que no podrán ser atendidos por el sistema fiscal. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido un “dramático silencio”, como señalara el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, quien aseguró que estando a solo dos semanas del plazo, las consecuencias de la quiebra de varias de estas instituciones por el cumplimiento de los sucesivos fallos y que llevan las exigencias de capital a aportar a alrededor de 1 millón de millones de pesos, son insospechadas por la autoridad.
Y mientras en esa área económica era la voluntad jurídica la que presionaba el carro, en la construcción la tasa promedio de créditos hipotecarios saltó a un nuevo máximo en 14 años entre el 8 al 15 de noviembre, con lo que los desistimientos de compras de casas a septiembre oscilaron entre a 15,9% y 30,7% en diversas constructoras, al tiempo que, tanto las quiebras de personas como de empresas, mostraron alzas relevantes en comparación a 2022 (18%), en medio de un complejo panorama financiero y de una estancada actividad económica en el país.
Ante esta paralización, parlamentarios de Republicanos, Chile Vamos, Amarillos, PDG, Demócratas y Partido Liberal, firmaron un proyecto de ley que elimina la calidad del litio como mineral no concesible “y de importancia para la seguridad nacional en toda la legislación nacional y lo somete a la legislación del resto de los minerales”. Por otra parte, agencias clasificadoras de riesgos rebajaron la clasificación crediticia de Codelco, no obstante el alegato de su presidencia respecto de que es la administración la que mejor conoce los riesgos y no los analistas externos.
Así, tras una ardua semana, el Senado despachó el proyecto de Presupuesto Nacional 2023, donde la reposición de recursos para Salud y Educación rechazados en la Cámara fue lo central, volviendo ahora el proyecto a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados
La cuestión constitucional, en tanto, no ha estado ajena al enervamiento. Y es que el oficialismo extremo en su afán de hacer fracasar este nuevo intento realizado por el Consejo Constitucional, con su mayoría de derecha, ha estado realizando una campaña en la franja de TV que sus contrincantes Demócratas y Amarillos – que están por el A favor –denunciaron como “mentiras” de la opción En Contra.
El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet dijo “no es ilícito abusar y distorsionar herramientas que la democracia entrega para informar”, destacando la “mentira es que se avala la violencia hacia las mujeres en el texto. Dos, nadie quiere que le quiten sus ahorros. Tercero, nadie quiere que lo despidan sin motivo. Cuarta, tu comuna tendrá menos presupuesto, menos áreas verdes, menos seguridad, menos calles pavimentadas, más basura. Todo esto textual. Permite que ganen los narcos, lo han dicho en todas partes, y que el derecho a la salud está ausente en el texto”.
Y mientras el hijo homónimo de Augusto Pinochet anunciaba que votará con el oficialismo “en contra” del proyecto del Consejo, la encuesta Black & White dio cuenta que un 58% votaría En Contra, mientras que A Favor, cayó de 44% del sondeo anterior, a un 42%. Al mismo tiempo, desde hace semanas la expresidente del Consejo, Beatriz Hevia, ha exigido al Gobierno la entrega de material impreso del proyecto de Constitución, mientras que movimientos sociales han llegado hasta La Moneda con igual propósito, sin resultados.
Las consecuencias de la gestión gubernamental de la generación de Boric como tomadores de decisiones, más las dos generaciones de las cuales Vallejo asegura estar acompañada, muestran las dificultades de administrar democracias, en la medida que, en ellas, el poder político se dispersa, razón por la que en el siglo XX, los partidos “democrático populares” preferían la formula concentrada “indirecta” de organización, de modo tal que las equivocaciones de la militancia de base no se expresaran en las elecciones de los cuadros preparados de sus directivas internas. Tal sistema fue replicado también en la gobernanza nacional como la reconocida “dictadura del proletariado” o “democracia popular” en la que, con cierta seguridad, tienen poco espacio de decisión los “aliados” “tácticos” y menos «el pueblo», tal como, por lo demás, no tuvo la influencia deseada Revolución Democrática en el Gobierno de Bachelet y que aconsejó a varios de sus líderes a abandonar esa administración antes que culminara.
Con optimismo, habría que esperar que, aún sin falta de convicciones para consolidar una “democracia burguesa” o “neoliberal” y no obstante la juvenil alegría que el mandatario desplegó en los panamericanos recientes, dependiendo de la percepción que tenga en adoptar con urgencia decisiones en los próximos días y meses para avanzar en la resolución de los problemas más acuciantes de la gente y que mantienen la economía estancada, tanto sectores de su actual izquierda, como de su derecha, pudieran iniciar un abandono del barco, como ya lo hizo la hermana de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, Isabel, quien dejó el partido del mandatario, Convergencia Social, luego de criticar al gobierno en materia de Cultura en sus redes. Las tres generaciones de Vallejo, pues, no han mostrado demasiada coordinación ni efectividad gubernativa en las últimas semanas. (NP)
