Nuevamente dirigentes y parlamentarios del Partido Comunista y del FA han mostrado la faz totalitaria de sus colectividades al hacer un llamado al Gobierno para que apoye su mediocre administración en lo que llamaron más “presión ciudadana”, manifestaciones y protestas callejeras, de manera de conseguir por la fuerza lo que en el juego democrático de mayorías electorales, no han logrado conseguir, pero respecto de lo cual siguen insistiendo con una pertinacia más propia de religiones y sectas milenaristas.
En efecto, excusándose en un supuesto “quiebre brutal de confianzas” en el Senado -como si las confianzas políticas no estuvieran ya gravemente deterioradas- tras decisiones soberanas adoptadas por involucrados en un acuerdo de hace un par de años para llenar las plazas de la mesa de la cámara alta, el senador comunista Daniel Núñez instó al Gobierno a “convocar a la presión ciudadana” para sacar adelante las reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo, dado que, producto de errores tácticos del propio oficialismo, dos votos que equilibraban las fuerzas en el Senado (25-25) “cruzaron el Rubicon” dejando en minoría a la izquierda gobernante en esa cámara.
Afortunadamente, desde el Gobierno, las fuerzas socialistas democráticas han rechazado la puesta en marcha de una estrategia política tal y le han aclarado a los sectores maximalistas que la función del Gobierno es gobernar y no convocar masas a la lucha callejera.
Desde luego, el razonamiento del senador Núñez, de Lautaro Carmona, el secretario general de la colectividad; y el presidente del partido satélite, Revolución Democrática, Diego Vela, no es sorpresivo ni divergente, en la medida que dichos colectivos se declaran públicamente enemigos de la “democracia burguesa” y de su Estado, dado que representaría los intereses de los dueños del capital, clase dominante y explotadora del trabajo obrero. Porque su objetivo estratégico es la construcción del socialismo, proyecto para el cual requieren derribar el conjunto de las instituciones democrático liberales vigentes, las que, en definitiva, existen y expresan un poder ideológico y jurídico que solo favorece los intereses de la burguesía y para lo cual la receta formulada el siglo antepasado es la “dictadura del proletariado”.
De acuerdo a sus teóricos, la dictadura proletaria se debe instaurar como resultado de que el partido de vanguardia revolucionario nunca consigue ser mayoría electoral en la democracia burguesa liberal, pues, de ser así, no requeriría de una dictadura para imponer sus propósitos transformadores en la medida que una mayoría convencida podría materializar su programa mediante los propios mecanismos electorales que presenta la democracia liberal, tal como en Chile la izquierda socialdemócrata ha conseguido diversos gobiernos y materializar profundas transformaciones sociales, económicas y culturales.
En Chile la mayoría cultural que da sustento al sistema democrático liberal ha sido persistentemente una que si bien difiere en diversos grupos y partidos adscritos o a un progresismo que impulsa reformas cada ciertos años -aunque dentro del sistema democrático liberal-; y un conservadurismo que se opone a ellas o que las acepta solo en parte, conformando así una voluntad general muy sólida, tal como, por lo demás, quedó palmariamente demostrado en los dos recientes plebiscito constitucionales en los que dicha mayoría se manifestó primero contra bisoñas y anacrónicas refundaciones al sistema de vida tradicional propuestas por los grupos aliados al Ejecutivo y luego contra el inmovilismo jurídico y cultural en aspectos institucionales en los que la ciudadanía busca ajustes, dado que el marco legal vigente aparece como un traje que ya le queda chico a un país que ha crecido y madurado.
Así, en la lógica del Partido Comunista, la voluntad general popular, caótica, dispersa, difusa, debe ser aunada por esa fuerza de vanguardia, progresista y salvadora del partido proletario, conscientes, eso sí, de que deberán actuar sobre mayorías culturales inerciales vigentes con fuerza dictatorial que logre cambiar los espíritus y mentes aherrojadas por los pecados y males del capitalismo neoliberal. De allí, pues, el llamado comunista al Gobierno para usar las fuerzas de la multitud en la calle -y la oclocracia- la que, como se sabe, en Chile ha tenido recientemente dos expresiones: la del 18 de octubre, de muerte, destrucción, quema de iglesias, escuelas y museos; y la del 15 de noviembre, una que convergió en los acuerdos constituyentes, pero que, como han señalado los propios dirigentes comunistas, “significa hacer la política de la derecha, porque no van a concebir ninguna posibilidad de una política que sea de origen de lo que son los compromisos que hizo el gobierno con el país”. Es decir, para el PC la presión ciudadana a la que convoca al Gobierno tiene más la cara del octubrismo que de los acuerdos que “obligan a políticas de derecha”.
Pareciera demás señalar que la llamada “movilización ciudadana” a la que se refiere el PC es pocas veces representativa de una suerte de “voluntad general” y suele ser, como el mismo Carmona reconociera, una respuesta a intereses específicos, tal como el ejemplo que el propio dirigente dio al mencionar la protesta de trabajadores de Huachipato con motivo del cierre de la siderúrgica como una muestra de movilización social. Por supuesto, tales protestas, huelgas y actividades forman parte de la democracia liberal y de su estado de derecho y no constituyen peligro para su estabilidad en la medida que se trata de la libertad de expresión a que la ciudadanía tiene derecho en una democracia liberal burguesa como también lo tienen otros grupos identitarios minoritarios en su afán de visibilidad y legitimación de sus especiales percepciones de mundo y que forman parte del actual Gobierno.
Entonces, lo que está pidiendo el senador Núñez cuando insta al Gobierno a presionar al Parlamento mediante la protesta ciudadana dada la posición minoritaria de sus aliados producto de propios deslices es repetir movilizaciones sociales similares a las de octubre-diciembre de 2019 las que, como se sabe, no solo significaron muerte, heridos graves, destrucción, quema de iglesias, escuelas, museos y comercio, sino poner a prueba la fortaleza institucional de la Constitución de 1980-2005 y así casi perder su cualidad soberana que es la que aún mantiene la estructura del país, pero que, al mismo tiempo, está viviendo un formidable movimiento telúrico generacional en el que se está produciendo una alternancia biológica de antigua elites que dirigieron el país entre 1974 y 2019 y sus instituciones, que se están llenando con las nuevas elites que conducirán a Chile en los próximos años.
La dirección futura que se está pergeñando tiene, entonces, dos destinos posibles: o los sectores de izquierda extrema y maximalista consiguen finalmente destruir también la institucionalidad del país, generando la necesidad de nuevas orgánicas estatales y fiscales que ayuden a la instalación de una sociedad socialista al estilo del siglo XX o XXI como intentaron hacerlo con ocasión de la Convención del 2020; o las elites de centro, centro derecha y derecha dan cuenta de los ajustes necesarios para el perfeccionamiento de una sociedad democrático liberal moderna que mantenga su espíritu de libertades, abierto al mundo, respetuoso de los derechos humanos y el estilo de vida que mayoritariamente los chilenos han elegido reiteradamente. Las próximas elecciones en los municipios son, pues, la primera batalla de esta definitiva guerra contra el totalitarismo iliberal y el autoritarismo socialista, una condición de competencia que pone en la responsabilidad de cada militante libertario de centro, centro derecha y derecha posponer sus legítimos intereses individuales para instalar en esas bregas electorales no solo a los mejores representantes de la sociedad de libertades, sino también a aquellos con las mayores posibilidades de ganar la elección. (NP)
