El pasado lunes terminó el plazo que tuvieron las bancadas de consejeros de diversos partidos para ingresar las sobre mil enmiendas que finalmente se presentaron al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta. En efecto, de acuerdo al conteo en la derecha, la bancada republicana ingresó cerca de 370 enmiendas, la UDI unas 250 y la bancada RN-Evópoli sobre 170 indicaciones. El oficialismo, en tanto, planteó 150, aproximadamente.
La cifra es similar a las casi mil enmiendas recibidas por la Comisión Experta cuando cambió sus normas aprobadas en general, un número que pareciera marcar el ámbito de diferencias cívicas que han emergido en los últimos procesos en los que el país ha intentado llevar a cabo el reemplazo del texto constitucional vigente desde 1980, pero que, sin embargo, ha experimentado tal nivel de ajustes y reformas que lo hacen candidato a ser llamado Constitución de 2005 al estar, además, firmada por el Presidente socialista Ricardo Lagos.
Tal división de percepciones sobre un mejor acatado contrato social que el actual también se observó en esta oportunidad por los lugares en los que se cerraron las indicaciones. La derecha trabajó dividida en distintas salas del primer y segundo piso de la Cámara en Santiago, mientras el oficialismo de izquierda escogió la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Tras dichas coordinaciones, la UDI anunció enmiendas que calificó como destinadas a una “Constitución de la seguridad, del futuro, para las personas y no para los privilegiados”, apuntadas a crear una obligación del Estado para indemnizar y acompañar a víctimas del terrorismo; crear una nueva causal para invocar el estado de sitio; para que el Estado impulse medidas para una “migración segura, regular y ordenada” y para robustecer el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Asimismo, se incorporaron normas sobre “escuelas seguras”, un capítulo sobre seguridad pública y más facultades a los municipios para colaborar con las policías.
La bancada RN-Evópoli, por su parte, dio a conocer un listado de una agenda anticorrupción con mayores exigencias para ingreso al servicio público, muerte cívica a condenados a pena aflictiva por corrupción y también por terrorismo, y creación de una agencia anticorrupción. Asimismo, presentó a la UDI el nuevo capítulo de seguridad pública que propone crear para el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas e incorporar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad
Las enmiendas, según explicaron los consejeros RN-Evópoli, buscan proteger la libertad de elegir en derechos sociales como salud, educación y seguridad social, así como modernizar el Estado con enmiendas “por un Estado eficiente, cercano y profesional” y Alta Dirección Pública autónoma.
Contrario a RN-Evópoli, la UDI se sumó a la idea de republicanos de disminuir la cantidad de diputados. Como se sabe, la Cámara actualmente tiene 155 escaños y la bancada UDI quiere que termine en un rango entre 135 y 150, luego de un redistritaje cuyo objetivo sería tener zonas electorales más chicas, que distribuyan entre dos y cinco escaños.
La bancada de 22 representantes republicanos trabajó en el segundo piso de la Cámara en Santiago y previamente escogieron como base para el trabajo de las indicaciones un hotel en la comuna de Las Condes en donde convergieron en casi 400 indicaciones. El anteproyecto, en su totalidad, tiene 211 normas permanentes y las modificaciones planteadas son sustantivas, apuntando a los temas centrales del proyecto, sensibles para la izquierda.
Los consejeros del Partido Republicano afirmaron que se busca que la identidad de la colectividad “sea reconocible a través de nuestras enmiendas”. En ese ámbito, entonces, introdujeron una reducción a 132 diputados, redistritaje para zona electorales de entre 3 y 5 escaños, rango infra constitucional a los tratados internacionales de DD.HH., capítulo especial para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), nuevo acápite para la seguridad, devolución del nombre al Tribunal Constitucional, reposición del control preventivo sustantivo, eliminación de la iniciativa popular para derogar las leyes, enmiendas para la protección del derecho a la vida y del que está por nacer, entre otros.
Como era de esperar, los anuncios republicanos de sus enmiendas provocaron desesperanzadoras reacciones en la izquierda cuyos representantes afirmaron que aquellas imposibilitarán un acuerdo político transversal. Sin embargo, republicanos desdramatizaron el escenario bajo la lógica de la negociación clásica, es decir, que el debate se abre con las posturas originales de cada quien, sin intenciones, ni de “pasar máquinas o imponer términos”, pues se inicia una negociación.
Así las cosas, si bien la conversación constituyente partió tras el fracaso del proceso anterior con un diálogo que tenía 15 preacuerdos o principios, del análisis de las indicaciones emerge que serán apenas cuatro tópicos los que contarán, desde el inicio, con el respaldo de bancadas que suman 2/3 del órgano y que por tanto pueden aprobarse. Como se ha informado, los temas son libertad de elección en salud, derecho preferente de padres para elegir la educación de sus hijos, un capítulo especial para las FF.AA. y la propiedad, inexpropiabilidad y heredabilidad de los fondos previsionales, una determinación de la derecha que pareció haber recomendado la reanudación de las presiones sociales callejeras con el tema “No + AFP”, movimiento que, tras conocerse el tema, convocó a una marcha por el centro de Santiago y otras ciudades del país.
Los consejeros de izquierda, en tanto, presentaron enmiendas acotadas que buscan resguardar los acuerdos de la Comisión Experta y mantuvieron intactos los puntos más importantes del texto para elegir batallas posibles de dar con cierto éxito. De acuerdo a lo informado por los propios representantes, revivirán indicaciones presentadas por los comisionados oficialistas sobre derecho al cuidado, derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, escaños reservados, paridad, listas electorales cerradas, gratuidad en la educación, normas sobre seguridad y anticorrupción, entre otros. Pero además innovarán con normas para reconocer el derecho de personas con discapacidad, adultos mayores, entre otras materias, varias de las cuales conformaron parte de la propuesta rechazada mayoritariamente el 4 de septiembre de 2022.
Es decir, se puede observar que, no obstante los esfuerzos partidistas de aplicar tanto en lo procesal como en los contenidos los niveles de revisión y racionalidad más amplios posibles al segundo proceso reabierto por el primer mandatario tras el fiasco de una Convención que fue arrastrada por la emocionalidad de lo refundacional en la estructura del Estado, derechos, luchas identitarias, racial y de género, entre otras, las distancias supuestamente reducidas por la conversación partidista siguen abiertas y distantes.
Una característica que, por lo demás, se puede observar en el conjunto de otras actividades que la clase política ha estado realizando, tanto en el Ejecutivo, como en el Parlamento. Es decir, sin conseguir ni el más mínimo grado de avances en la superación de los temas que importan realmente a la gente y que fueron los que hicieron posible la gran movilización posterior al 18-O que justifica, hasta ahora, un cambio constitucional que limita el actuar noble y desprendido de derechas e izquierdas en la medida que para unos el Gobierno busca seguir promoviendo la materialización de un programa y cambios estructurales que han sido reiteradamente rechazado por la mayoría ciudadana; y para otros, que estiman que no hacerlo traiciona el compromiso del Gobierno y empujan a que los cambios se realicen en su expresión maximalista, mediante más movilización popular en la calles, con todo los peligros y daños que dicha metodología de presión ocasiona.
La semana pasada se inició en el Consejo Constituyente la discusión de las enmiendas. El debate se debe realizar en cada una de las cuatro comisiones temáticas durante agosto y tomar los acuerdos para dirigir esa discusión, de modo que en septiembre estén en condiciones de ser votadas en el pleno. El órgano evacuará así su propuesta a la Comisión Experta para el periodo de observaciones que se inicia el 7 de octubre; y el 7 de noviembre ser entregado el texto final al Presidente para que éste convoque al plebiscito del 17 de diciembre. Más allá de las diferencias que se observan en las elites por motivos de legitimo reequilibrio de poder político, será ese día en el que el país conocerá finalmente el dictamen del soberano, es decir, si Chile tendrá una nueva carta fundamental o deberá realizar sus ajustes de gobernanza bajo la actual carta magna. (NP)
