El 2021 pasará a la historia de Chile como uno de los años más relevantes para su desarrollo, probablemente junto a aquellos que marcaron al país en sus inicios como república independiente, así como en aquellos en que se definió su estructura jurídico- democrática pacíficamente o mediante la violencia de la guerra fratricida.
En efecto, durante este año, la ciudadanía está convocada no solo a elegir nuevas autoridades – Presidencia de la Republica, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y concejales- sino, además, a 155 ciudadanos que conformarán una Convención destinada a redactar en el plazo de un año una nueva Constitución Política.
El Presidente de la República y prestigiosos medios de comunicación internacionales han coincidido en expresar su confianza en que el buen juicio de un pueblo considerado mayoritariamente sensato, pacífico, moderado y culto permitirá alcanzar los acuerdos básicos sobre el Chile que se desea en ese complejo proceso de concordar los principios fundantes de los vínculos jurídicos entre ciudadanos, ciudadanía-Estado y sus instituciones centrales, así como en la designación de autoridades consistentes con aquella visión de sociedad libre, abierta, solidaria, tolerante y participativa que parece ser la que prefiere la amplia mayoría de sus ciudadanos.
De ser así, las preocupaciones expresadas por sectores menos optimistas podrían estimarse sobre interpretaciones producto de las prolongadas tensiones que el país ha sufrido en los últimos 17 meses a raíz de la sumatoria de crisis política, sanitaria, social y económica, no obstante cierta evidencia que, junto al enorme desafío democrático del 2021, se abren también peligrosas vías para que la entropía social expresada en los últimos meses avance descontroladamente, terminando por descomponer los frágiles lazos que aún unen a un cuerpo social en pleno cambio de sus relaciones de poder, instituciones y hasta modos de vida coexistentes.
Señales en esta última lamentable dirección no faltan. Desde luego resulta incomprensible que, aún en las condiciones sanitarias y económicas que aquejan al territorio, haya grupos que persistan en el uso de la violencia física y verbal con “funas”, “cicletadas” y “clausuras” hacia el resto que busca cumplir con el acuerdo social de obedecer, por su propio bien, las recomendaciones de la autoridad ejecutiva.
Más sorprendente aún es que haya quienes, en dicho entorno de escasez, desocupación, de aumento de la peligrosidad de la pandemia, de perspectivas económicas que se deterioran a raíz de aquello, insistan en la perpetración de desórdenes callejeros, destrucción de bienes públicos y privados, locomoción colectiva, de asaltos y bandidaje urbano y rural que producen muertes, heridos, dolor y graves daños, al tiempo que gastos en recursos de reparación que bien podrían utilizarse en ayuda social a los más vulnerables que dicen defender. Y luego, en la intensificación de la pandemia por las propias irresponsabilidades, se culpa a terceros de la profundización del mal.
Así y todo, es cierto también que el país cuenta con una enorme mayoría que rechaza la demencia coyuntural de esos grupos de desadaptados y que, después de todo, la novel democracia y el Estado nacional han logrado soportar, con equilibrio, moderación y apego a la legislación vigente, los embates minoritarios de estas fuerzas entrópicas, no obstante la sensación discursiva que emerge producto de los semanales disturbios en plaza Baquedano, los ataques terroristas en la macro zona sur y el aumento de la violencia delictual y del narcotráfico que parecen inundar al país en una supuesta crisis terminal.
La mitad llena del vaso muestra, empero, que Chile sigue siendo uno de los países preferidos de la inversión extranjera y calificado como de los más seguros de la región, que ha sido puesto como ejemplo en materia de vacunación a nivel mundial y que ha gestionado con relativo éxito el dilema de la ´”ultima cama”; que es posible que en 2021 -si la pandemia lo permite- la economía recupere todo lo perdido en 2020; que en estos meses, a pesar de los problemas, se han reactivado más de 600 mil puestos de trabajo y se siguen creando nuevos; que el país ha sido capaz de sostener la entrega de subsidios sociales por más de US$ 17 mil millones, lo que ha sido destacado internacionalmente y que el criticado sistema previsional basado en el ahorro individual ha posibilitado el uso de esos recursos por parte de sus dueños por el doble de dicha cantidad y que, en los próximos meses, se pueda poner a disposición de los sectores más afectados otras tantas ayudas solidarias que morigeran el impacto sobre el bienestar que la crisis sanitaria ha provocado.
Las miradas y relatos optimistas o pesimistas dependen, pues, de las experiencias de cada quien y, por cierto, constituyen trazos de realidad que inciden políticamente, pues construyen relatos que se van compartiendo e instalando entre iguales. No otra cosa muestran las diferencias perceptivas que se observan en el reciente Estudio COES sobre la Élite Cultural, Política y Económica de Chile en el que aparecen fuertes divergencias entre la mirada de la elite económica y el promedio ciudadano sobre temas relevantes como la propiedad, esfuerzo personal, diferencias de ingreso o el papel del Estado en la economía. Los promedios encontrados auguran, en tal caso, cierta profundización institucional de los ajustes de dirección políticos, económicos y sociales que el país ha estado experimentando en los últimos 17 meses.
Tales cambios, sin embargo, no son resultado de una inteligente e intrépida estrategia político partidista de sectores revolucionarios o progresistas que, por el contrario, han asistido al proceso como meros replicadores y/o seguidores de una voluntad popular difusa, pero claramente apuntada hacia la dignificación de la persona en los más variados planos. Esa voluntad, como se ha podido constatar, ha convergido masivamente hacia consignas de igualdad, justicia, participación, no exclusión, manifestada por un gran número de movimientos feministas, de etnias originarias, jubilados, ecologistas y otros grupos sociales cuyos intereses perciben discriminados y que, por lo demás, ya se habían dado cita espontánea el 25 de octubre de 2019.
Demás parece señalar que esa resignificación de la dignidad humana y la explosión de exigencias de respeto a los derechos de cada cual son el resultado de una cultura que, en Chile, se fue imponiendo paulatinamente en los más de 30 años de amplias libertades y democracia impulsados por gobiernos de centroizquierda socialdemócrata y socialcristiana, así como de derecha liberal, no obstante la porfiada pervivencia de ciertas desviaciones y/o tradiciones totalitaristas pervivientes o emergidas desde sectores anarquistas o de ultraizquierda que han llevado esas libertades detentadas hasta el libertinaje y los derechos hasta la total irresponsabilidad respecto de sus posibilidades y consecuencias.
Pero, como se sabe, bastan pocos miles de revoltosos audaces para generar una atmósfera de incertidumbre a millones de ciudadanos pacíficos y alertar su atención de modo que la normalidad en que se vive se vea interpelada, estimulando el llamado de auxilio a la fuerza estatal que puede oponer resistencia a esa violencia depredadora. La aparente impunidad de los malhechores, a su turno, suscita primero preocupación, luego decepción y, finalmente, miedo, una señal que está siempre en la base reactiva de las peores decisiones adoptadas en política: en dicho estado emocional se tienden a privilegiar liderazgos “salvadores”, de corte populista y/o autoritario, ambos enemigos centrales de la democracia liberal, abierta, plural y tolerante que se entiende mayoritariamente valorada, que otorga bases al optimismo presidencial sobre el resultado de este proceso, pero que, tanto en el país, como en el mundo, muestra fuertes retrocesos en los últimos años, según un reciente indicador elaborado por la Universidad de Gotemburgo, de Suecia.
La competencia por la Presidencia de la República, el Congreso, las nuevas gobernaciones, alcaldía y concejalías, han convocado a tradicionales y nuevos aspirantes a conducir los destinos del país por el lapso que la Constitución señala. De entre ellos, habrá que elegir a quienes representan mejor las ideas y proyectos de país, consistentes con los propios, que aquellos dicen encarnar. Hacer bien esa simple tarea de selección es ahora una necesidad de importancia vital, pues, tanto en quienes redactarán la nueva carta, como con quienes dirigirán la república desde el Ejecutivo, Legislativo, gobernaciones y municipios, se juega la posibilidad de continuar o no el proceso de desarrollo truncado en 2019-2020, así como de mantener las libertades ganadas en los últimos 30 años.
Es necesario, pues, evaluar muy conscientemente el efecto que cada voto tiene en la conformación de poderes políticos que pudieran volver a estancarse en un fútil enfrentamiento que continúe deteriorando no solo la convivencia, sino la propia vida de una ciudadanía que espera de sus líderes políticos solución de sus problemas reales y no una permanente y estéril disputa político-ideológica.
Poner en las elecciones que vienen el foco en la prioridad que expresan los aspirantes respecto de la libertad y derechos tan arduamente logrados, en sus propuestas para aumentar los ámbitos de participación ciudadana en las decisiones político-sociales, en cómo evitar la invasión innecesaria de la burocracia política estatal y su costo tributario en las actividades que desarrollan libremente los ciudadanos según sus talentos y capacidades, en su postura sobre la desconcentración del poder y el mayor empoderamiento regional y comunal, en el control del abuso monopólico y las colusiones empresariales, en el fortalecimiento de la independencia y la eficacia de tribunales en la condena de los transgresores y la capacidad del Estado para controlar la extensión de la delincuencia, son algunos de los temas que deberán tenerse en cuenta, tanto en las elecciones, como en el análisis de los principios que, tras el trabajo convencional, quedarán estampados en la nueva constitución. No sea que, producto del natural desencanto, la inacción o la desidia ciudadana en la selección de sus nuevos representantes termine transformando el supuesto remedio a la criticada clase política actual en algo aún peor que la enfermedad. (NP)
