El Presidente Gabriel Boric sorprendió al país en su reciente cadena nacional, convocada con motivo de la presentación del Presupuesto 2026, al introducir un elemento inusual -y polémico- en este tipo de instancias institucionales: una crítica explícita a los programas de los opositores presidenciables a su Gobierno, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Al referirse al ajuste fiscal que ellos proponen -de US$ 6 mil millones a US$ 8 mil millones- para compararlo con el aumento del gasto fiscal y social de US$ 6.000 millones propuesto en el Presupuesto 2026 de US$ 90 mil millones, el Mandatario han transformado un mensaje de Estado en un discurso de campaña.
El hecho no pasó inadvertido. Kast reaccionó con dureza, acusando al Presidente de cobarde y corrupto. Frente a ello, justo es subrayar que polemizar no constituye corrupción: se trata, en rigor, de un ejercicio legítimo del debate democrático, tal como, por lo demás, lo señaló el propio mandatario en respuesta a la dura réplica del candidato republicano. Sin embargo, la cuestión de fondo es otra: ¿es apropiado que el Jefe de Estado utilice una cadena nacional -un recurso que sólo tiene el Presidente y que concentra a todo el país frente a la pantalla y, a mayor abundamiento, que se realiza inmediatamente después de un partido de la selección chilena- para intervenir directamente en la contienda electoral?
La oposición estima que no. Diputados de la UDI ya han concurrido a la Contraloría para que determine si el acto constituye intervención electoral. Y es que no es un detalle irrelevante como parece estimarlo el Presidente al minimizar su desliz como una «polémica menor»: desde 1990 nunca se había utilizado este canal institucional para criticar abiertamente a candidatos en disputa. En democracia, las formas son tan importantes como los contenidos, y la máxima autoridad debe ser la primera en resguardarlas. Boric, al traspasar esa línea, debilita un principio básico de una democracia liberal sana: la neutralidad del Estado frente al proceso electoral.
No es la primera vez que el Mandatario muestra esta disposición a confundir rol institucional con militancia. Durante la campaña del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 recorrió el país promoviendo el Apruebo, y llegó incluso a instalar un quiosco afuera de La Moneda para firmar ejemplares del texto constitucional que luego sería mayoritariamente rechazado. El eco de esa convicción inicial de su Gobierno de que sus adversarios son ilegítimos -junto a la maquiavélica idea de que el fin justifica los medios- parece, pues, persistir desde octubre de 2019, no obstante las reiteradas correcciones, ajustes y reconocimientos de errores que el mandatario ha hecho desde aquel primer programa con el que llegó segundo a la primera vuelta de noviembre 2021 hasta la actualidad «socialdemócrata».
No se trata de una lucha entre «buenos» y «malos», en la que los «malos» -que desde la perspectiva izquierda woke son los «ricos» y «fachos» de la «derecha»- llegan al Gobierno para eliminar gasto social y matar de hambre a los pobres. Se trata, por el contrario, de la dura competencia entre administradores capaces y gestores amateurs sin muchas herramientas. Chile sí puede ahorrar más de US$ 6.000 millones al año —equivalente al 1,6% del PIB— sin necesidad de comprometer programas sociales esenciales. Hay propuestas serias y probadas: eliminar subsidios regresivos, reducir la burocracia que creció sin control en estos años, condicionar bonos de desempeño, exigir equilibrio a empresas públicas deficitarias o privatizarlas, digitalizar más trámites, recortar programas duplicados e ineficientes, mejorar la focalización de la gratuidad universitaria, combatir licencias médicas falsas, frenar la evasión en el transporte, entre otras. Estas medidas podrían generar un ahorro de entre US$ 7.200 y 9.400 millones (2% del PIB) postergando un mayor endeudamiento externo que, dicho sea de paso, obliga al pago de intereses anuales por más de US$ 4 mil millones que bien podrían mejorar los servicios sociales y, más importante aún, recuperando la confianza ciudadana en que los recursos públicos se administran con rigor, decencia y justicia.
El problema no es, pues, propiamente un debate sobre austeridad, que Chile necesita y que merece una discusión franca. El problema es la instrumentalización del aparato del Estado para debilitar a los rivales políticos, tan propio de gobiernos con fuerte sustrato ideológico totalitario. Al hacerlo, Boric no solo erosiona las normas mínimas del juego democrático liberal, sino que también priva al país de un verdadero debate, transparente y en igualdad de condiciones. No hacerlo conduce a un doble daño: por un lado a la tan manoseada institucionalidad liberal que costó una revolución y decenios de sacrificios instalar; y por el otro, a la ya muy deteriorada confianza ciudadana.
Por cierto, el Presidente tiene derecho a defender su gestión. Lo que no tiene es el derecho a desdibujar las fronteras entre gobernar y hacer campaña. Esa frontera, que desde 1990 había sido respetada, no puede ser arrasada al calor de la coyuntura electoral. Porque lo que está en juego no es un punto más o menos en las encuestas y ni siquiera los equilibrios presupuestarios y planes sociales de 2026, sino la salud de la democracia misma respecto de la que el propio Presidente ha referido como «el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», poniendo así él mismo alerta sobre la deriva de Gobiernos de salvadores personalistas que terminan abusando del enorme poder del Estado sobre las personas a las que su Constitución protege. (NP)
