Directivos del partido Socialista y la Democracia Cristiana han confirmado que sus respectivos núcleos conductores han acordado la conformación de listas con candidatos únicos a las elecciones municipales que se realizarán en octubre próximo, afirmando que la determinación constituye un deber histórico en la medida que, dispersos, los eventuales aspirantes de izquierda y centroizquierda -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático-serán derrotados por la derecha en comicios en los que no hay posibilidad de error, pues no ofrecen la alternativa de segunda vuelta, como ocurre en la competencia por las gobernaciones y la presidencial.
La noticia se produce en momentos en los que, por su parte, en la derecha, no obstante opiniones de destacadas de sus figuras en el sentido de alcanzar similar unidad amplia, tanto para los comicios municipales y de gobernaciones, como para el de parlamentarios y el candidato presidencial, partidos y movimientos del sector han adelantado que concurrirán en unidad en comunas en las que lleguen a acuerdos que satisfagan sus pretensiones en términos de designar al mejor y más competitivo de los aspirantes, decisión por sí difícil; mientras que para las presidenciales y de gobernaciones ya ha adoptado la determinación de no participar en las primarias sectoriales, para ir directamente con su candidato a la primera vuelta, dividiendo la votación entre sus varios aspirantes y reduciendo así las posibilidades de que uno de derecha, centro derecha o, incluso, de centro más cercano, tenga primera mayoría en la elección a la Presidencia de la República que evite un nuevo Gobierno de izquierda.
Puede que se trate de un modelo de negociación -que, por lo demás, ya pudo observarse en el proceso de redacción de la fallida Carta de 2023- en el que el negociador parte de su máxima aspiración propia con el objetivo de que “la mitad del camino” se encuentre en un punto en el que el negociador está secretamente conforme a priori, pero que de dicha manera alcanza su posición deseada, simulando haber cedido en sus pretensiones para de esa forma converger en un escenario que le satisface ampliamente. En política, parece demás señalar, dicho cuadro es uno en el que el colectivo del negociador sagaz hace crecer, mantener -o al menos no perder- su capacidad hegemónica respecto de sus asociados, de manera de seguir conduciendo el proceso político social en la dirección que el grupo considera deseable.
En una reciente columna, el escritor y ex subsecretario de Economía durante el Gobierno de Patricio Aylwin, Álvaro Briones, ha experimentado con un interesante relato que rompe con la muy tradicional división de patrones lingüísticos largamente usada en política y que establece posiciones de “derecha”, “centro” e “Izquierda” y que, por razones de relatividad, deben entenderse respecto de la ubicación del poder de turno de modo discreto, emergidos como conceptos en relación con el lugar ocupado en la Convención por partidarios y rebeldes respecto del rey durante la revolución francesa.
Estas definiciones discretas, por cierto, pecan de una generalidad demasiado extensiva y, en sociedades democráticas liberales, abiertas al mundo, inclusivas, plurales y tolerantes, resultan insuficientes para calificar posturas ideológicas y políticas de la enorme multiplicidad de grupos de interés e ideas de relación social que coexisten en aquellas, por lo que propone una visión fluida y continua de la secuencia, patrón que se acerca con más frescor y comprensividad a la mejor percepción de realidad que se debería adoptar en el siglo XXI en relación con el tema del poder y las instituciones democráticas y libertarias.
Es decir, entendidas las posiciones políticas desde izquierda a derecha desde abstracciones que definen de derecha a quienes buscan sostener el poder de turno y, por consiguiente, defienden y protegen las normas e instituciones que lo hacen legítimo, cuidando una mayor libertad personal, de mercado, de empresa, de propiedad y familia nuclear posible, limita el poder del Estado sobre el individuo, cuyos derechos resume la declaración de DD.HH. de ONU; o de izquierda, a quienes rebelados contra la desigualdad que suscita la libertad, desafían al poder instalado y buscan cambios institucionales y sociales que permitan el arribo de las nuevas elites dirigentes al Estado, para, desde ahí, controlar, fiscalizar, dirigir la gestión social, del mercado, la empresa, la propiedad y la familia, afincados en la búsqueda de una mayor igualdad y solidaridad.
Desde luego, en un patrón continuo de izquierda a derecha se pueden encontrar, en ambos extremos, representantes más o menos “puros y uniformes” de cada una de las macro-definiciones, aunque, por cierto, la vida, en su enorme complejidad, muestra una gran porción de ese continuo entre ambos polos que tiende a aumentar en sociedades democráticas, plurales, con instituciones estables, crecimiento económico y desarrollo cultural científico y tecnológico; y tiende a disminuir en sociedades autoritarias en las que los extremos logran hegemonía, arrastrando voluntades de personas -que son las que piensan y sienten- hacia posturas maximalistas y enervando la convivencia social con un relato de antagonismo exacerbado.
La mantención de la hegemonía de los extremos daña a ese centrismo continuo, tanto en su expresión de derecha como de izquierda, mientras que un crecimiento del “centro” a la derecha e izquierda, augura posibilidades de negociaciones políticas menos adversariales y con más sentido común, pues es en dicha área en la que mercado y el Estado no tienen las significaciones sacrosantas ni dogmáticas de aquellos como manifestaciones de una dominación de clase y, por lo tanto, la mixtura de la gestión político social habitual de ambos factores, es menos de “vida o muerte” que en la polémica entre los “puristas” de uno y otro sector.
Posturas de ese tipo son las que hoy están haciendo pagar a decenas de miles de jubilados la demora de un acuerdo previsional que, con sentido común, habría ya aumentado a $250 mil la pensión garantizada universal mínima (PGU), al tiempo que aseguraría buena parte de la cotización adicional de 6% en las cuentas individuales de los trabajadores, y dispondría de un par de puntos para mejorar las pensiones de las mujeres, así como para solidaridad inter e intrageneracional, sin tener que destruir lo avanzado gracias al papel cumplido por la gestión de décadas de la sociedad civil, la empresa, las asociaciones respectivas.
Un pulso similar es el que está amenazando la subsistencia de un servicio de salud del que dependen más de 3 millones de chilenos, forzado por un igualitarismo desbocado que, adicionalmente, ha destruido el mérito como valor en la educación pública primaria, media y terciaria, suscitando, además, serios problemas de financiamiento de universidades públicas en el descarriado afán de estatizar toda actividad, al estilo de la fenecida URSS.
De allí que, después de la buena voluntad política de conseguir un acuerdo de todos aquellos partidos que se auto-perciben como de izquierda, centro izquierda y centro, lo que viene es el ejercicio real del mismo, hecho que importa una enorme generosidad de los colectivos comprometidos en el reparto de las limitadas alrededor de 2.900 candidaturas a los diversos cargos públicos y, por lo tanto, a cuotas de poder que los partidos, como todo conjunto humano, busca lograr para sí mismo, acumulando aquel que le permita alcanzar una aprobación más rápida y simple de sus deseos y voluntad de hacer. Veamos si pueden.
En todo caso, tal como en las derechas respecto de sus posturas más centristas, parece difícil que militantes democratacristianos, tradicionalmente moderados, de centro y centro izquierda, terminen por acceder y apoyar a candidatos con las ideas y exigencias refundacionales de transformación económica y social del país que representa el hegemón de izquierda dura que ha intentado conducir el país hacia un modelo de sociedad cuyo estruendoso fracaso se puede aquilatar en los desafortunados experimentos históricos y recientes de revoluciones como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Los partidos y movimientos que se ajustan en sus perspectivas ideológicas y pragmático- políticas a una mirada que pudiera definirse de “centro” o moderadas, de sentido común, deben saber combinar con inteligencia innovadora el papel del mercado y la propiedad privada en el desarrollo económico, con esa esperada mutualidad del Estado social y democrático de derecho, gracias a buenos políticos y mejores administradores públicos. Una propuesta que, sin embargo, resultó penosamente desechada merced al ya prolongado y hasta insensato predominio de sectores maximalistas en ambos extremos del flujo político. Tal hegemonía, vale la pena señalarlo, ha tenido el costo evidente de paralizar el crecimiento, las inversiones, el empleo y el desarrollo al expandir entre los emprendedores de todo tamaño el temor a la expropiación legal o destrucción paulatina de la propiedad en diversos ámbitos de la actividad.
Pareciera, pues, llegado el momento en que la mayoría sensata recupere la voz y comience a advertir a aquellos que insisten en políticas adversariales y maximalistas que su voto no premiará ni a aventureros, ni salvadores y que el único enemigo real sigue siendo la pobreza y, ahora, tras el 18-O, el crimen organizado, por lo que es tiempo de decir basta en un grito unitario de quienes perciben la inevitabilidad de los cambios continuos de la sociedad sujeta, como está, al avasallador ritmo del progreso y desarrollo de la ciencia y tecnología; así como de quienes tienen la voluntad política, de sentido común y obediencia a sus conciudadanos electores, de materializar esos cambios de manera gradual y en función de las posibilidades objetivas de llevarlos a cabo, tanto producto de las naturales limitaciones económicas, como de las muy respetables inercias culturales. (NP)
