Todo comenzó con el subsecretario de Minería Wagner, que recibía indemnización de los mismos dueños de la minera y que ayudaba -al menos- a mejorar los powerpoints de sus ejecutivos. «En lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirlos», fue la frase del funcionario público que terminó siendo despedido del gobierno de Piñera.
Pero esta historia tenía más sorpresas: a la Presidenta Bachelet se le ocurrió comprarle un terreno a su hija a solo 12 kilómetros del proyecto. Obviamente, no hay especulación inmobiliaria alguna, pero -teniendo todo Chile- las paradojas del destino hicieron que comprara un sitio eriazo, desértico, al que le falta playa y le sobra calor, al lado del proyecto Dominga. Y para peor, la Presidenta de un país minero se excusó diciendo que «yo tenía entendido que los proyectos mineros se hacían solo en la cordillera y no al borde de playa».
Y como en toda película se necesitan antagonistas, la minera Dominga tenía un personaje digno de las novelas de Mario Puzo. Nada menos que el propio Guido Girardi. El verdadero artífice del rechazo, el salvador de los pingüinos, el verdadero Capitán Planeta. «Mañana a la 9 am. Veremos cómo votan. Ellos se convertirán en ‘criminales ambientales’ si se aprueba resolución ambiental de #ProyectoDominga», fue su última advertencia vía Twitter. Y fue efectiva…
Pero faltaba un desenlace dramático. Y así ocurrió. Citaciones de última hora, antecedentes incompletos y un ministro que optó por retirarse de la sesión, antes que legitimar un rechazo.
No actuó esta vez el ministro de Hacienda, cuyo silencio solo se equipara a su débil posición en el gabinete. Pero sí lo hizo su subsecretario, cuya voz fue aplacada rápidamente por su colega Aleuy: «él no puede hacer comentarios de eso, no corresponde».
En medio del caos -y de la ausencia del ministro del Interior y de la propia Presidenta-, una vez más Ricardo Lagos pone los puntos sobre las íes, y -levantando su famoso dedo- señaló: «no entiendo cómo en un sistema presidencial los ministros son tan autónomos que pueden estar independientes de la voluntad del Presidente».
El caso de Dominga, más allá de sus ribetes cinematográficos, lo que ha hecho es dar cuenta del profundo estado de deterioro político del Gobierno, sumando un capítulo más a las profundas discrepancias que tienen en casi todos los ámbitos los miembros de la Nueva Mayoría.
Pero lo que es más interesante es que desde el punto de vista económico, ha vuelto a poner en el tapete la compleja relación entre desarrollo y medio ambiente. Y eso va más allá de este gobierno. Y va más allá de este país.
Por décadas, las empresas hicieron y deshicieron a sus anchas, dejando un enorme progreso económico y severos perjuicios ambientales. Hay que reconocer que los ambientalistas hicieron un punto y lograron concientizar de la importancia del cuidado ambiental. Hoy existe conciencia de que los proyectos de inversión impactan el medio ambiente, y por eso es que los países fueron aprendiendo que no podían quedar a expensas de las empresas sin una legislación que protegiera al planeta con mitigaciones y compensaciones.
Pero el problema es que el rol de los ambientalistas extremos ha ido tomando un protagonismo inusitado y son hoy quienes tienen la batuta en su poder. Para los Girardi nada está bien, y las únicas acciones adecuadas para la protección del medio ambiente son las prohibiciones, y restricciones, el detener los bríos industriales y el multiplicar los trámites hasta límites intolerables.
Y el problema no es que esos fundamentalistas del medio ambiente quieran vivir -iPhone en mano- en la selva, ya que lo pueden hacer. El problema es que lo quieren hacer a costa de detener el desarrollo del mundo.
En el caso de Chile, nuestra institucionalidad ambiental reserva a los ministros de Estado la posibilidad, precisamente, de poner en la balanza la tensión entre crecimiento y cuidado del medio ambiente. Pero la experiencia de los últimos años muestra que ellos han ido renunciando a cumplir el papel. En el caso de este proyecto, todo indica que hubo una atención cuidadosa tanto de las autoridades como de la empresa. Pero no fue suficiente. Y así se ha desechado una vez más un proyecto de inversión en Chile.
A pocos les importó el descontento de los pobladores de La Higuera, quienes veían en la iniciativa de US$ 2.500 millones la solución a la falta de trabajo, a la precariedad y a la desesperanza.
De los pingüinos, por su parte, no se ha conocido reacción alguna.
