Las conductas de Fuentes y Walker corresponden, en cada caso, con algunas de las que tuvieron los políticos citados. No hay diferencia cualitativa alguna.
Pese a esta similitud, las reacciones no han sido similares. Ni entre políticos ni en los medios de comunicación. Otra cosa es ya la reacción judicial.
Hay una diferencia sí en estos casos, pero es de otra índole. Orpis, Longueira y Novoa pertenecen a la UDI.
Se ha destacado, en favor de Fuentes, que es pobre. No sería parte de los poderosos, eximente que no alcanza a Patricio Walker. Ojo con este argumento, porque en él podría estar la clave para entender por qué algunos en nuestra sociedad están empeñados en esta caza de brujas, en que cae un par de políticos a la semana a estas alturas. Es decir, no se objeta una conducta indebida, sino que el que la realice sea poderoso. Una negación de uno de los fundamentos de un estado de derecho democrático que es el principio de la generalidad de la ley.
Se argumenta también a favor de Fuentes que este no ha votado beneficiando a las empresas en iniciativas como la ley de pesca, sino que ha favorecido a los pescadores artesanales. Se supone que un legislador debiera perseguir el interés general, no el de un grupo determinado.
Además, los intereses de los pescadores artesanales, las más de las veces, coinciden con las de los pescadores industriales. Pero en fin. Algunos periodistas se preguntan al observar las conductas de Fuentes y sus explicaciones: ¿cómo podría financiar su actividad política alguien que es pobre? ¿Acaso hay que ser rico para participar en política? Y así exculpan a Fuentes.
Nadie se preguntó, en cambio, si Jaime Orpis podía financiar su campaña a senador con fondos propios.
Patricio Walker ha dicho que él jamás votaría influenciado por un aporte económico. Fuentes asegura lo mismo. ¿Y Orpis y Longueira no han declarado acaso lo mismo? ¿Por qué algunos le creen a Fuentes y empatizan con él y no a los senadores UDI? ¿Por qué suponen que ellos sí se dejan influenciar por quienes aportaron a sus campañas?
Las acusaciones de cohecho contra parlamentarios tienen una falla lógica difícil de superar. Cuando un funcionario de gobierno concede un permiso (o lo niega) yendo contra el texto expreso de la regulación y, al mismo tiempo, recibe dinero de un tercero que se ve favorecido por esa actuación, resulta posible concluir que ha actuado de esa manera respondiendo al pago que recibió.
Pero en el caso de un parlamentario, ¿cuál es la manera correcta de votar? ¿Hay un deber ser en el voto parlamentario? Claramente no; si lo hubiese, habría sólo una manera correcta de votar cada proyecto de ley. Pero no es así. La democracia permite opiniones distintas sobre la bondad de una regulación. Por algo hay votación. Será extraordinariamente difícil, entonces, probar un delito de cohecho a un parlamentario, aunque su voto coincida con el interés de una empresa. Claro, eso suponiendo que alguien en nuestro país está preocupado de que los tribunales de justicia fallen conforme a derecho y no al ambiente que prevalezca en la opinión pública.
Si los tribunales de justicia condenan a Orpis y a Longueira por cohecho, es impensable que no lo hagan con Fuentes y Walker. ¿Si condenaron a Novoa por delito tributario, por qué no habrían de hacer los mismo con la gran cantidad de políticos de la Nueva Mayoría que han extendido boletas «ideológicamente» falsas?
El doble estándar para evaluar y juzgar las actuaciones irregulares en el financiamiento de la política no aguanta más.
