No hay quien se oponga a la elección de los intendentes regionales, pero la discusión sigue entrampada. Ello, porque nadie parece darse cuenta que la discusión no es la correcta: el punto no es si los intendentes -o cualquiera sea el nombre que se les dé- tienen que ser electos, sino cuál es el nivel de descentralización que se quiere y puede consagrar, lo que implica primero debatir sobre la autonomía que se entregará a las regiones. A mayor autonomía, será imprescindible que la máxima autoridad territorial sea electa.
Sin embargo, para responder a las peticiones de una ciudadanía impaciente, se privilegia lo simple y efectista, y se discute la elección de los intendentes y detalles como la mayoría con que deben resultar electos (50% ó 40% de los votos), dejando a una ley orgánica constitucional posterior establecer las atribuciones que realmente tendrán. Así, el debate se radica en lo accesorio y no en lo central. Y esto determina lo primero, no al revés.
En materia de división política y administrativa de los países, hay dos fórmulas conocidas: los estados unitarios y los estados federales; los primeros son centralizados y los segundos descentralizados. Si bien existen múltiples variantes intermedias, hay que cuidar de construir híbridos que entren en contradicción. Y eso es lo que parece estar sucediendo con la propuesta que se está tramitando en el Congreso, conforme a la cual habría intendentes electos, pero existiría paralelamente otra autoridad que representaría al Presidente de la República (se barajan distintas denominaciones), que retendría importantes atribuciones. Un gatopardo político-administrativo, en que todo cambia para que todo permanezca igual, y que sólo puede ser fuente de conflictos.
Hay quien reclama que elegir los intendentes con sólo un 40% les restará peso para defender los intereses de sus habitantes ante el nivel central. Pero si a las autoridades territoriales no se les elige para ser representantes ante el poder central, sino para gobernar de forma más cercana a los ciudadanos. En ese sentido, debieran ser la piedra de tope de la quejas y constituyen el nivel de gestión al que deben recurrir los ciudadanos. Para eso requieren de autonomía en la generación e inversión de los recursos, como también competencias claras y excluyentes de poder central. Incluso, en muchos países son acompañados de órganos legislativos.
Al ser autoridades unipersonales, lo razonable es que la elección se defina por la mitad más uno de los votos y en caso de no obtenerse, debiera haber una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Bajar el umbral a 40% es una forma de minimizar las probabilidades y costos del balotaje, pero de no lograrse dicho porcentaje habría que igual contemplarlo. Usar los porcentajes como moneda de cambio para consagrar la descentralización es extraviar por completo la discusión.
Como va el debate, los intendentes electos terminarán siendo los que lideren la toma de las carreteras para demandar beneficios para la zona, y no una instancia de gestión y solución de los problemas regionales. Otra reforma que será un total despropósito. (La Tercera)
Axel Buchheister
