Mientras la primera cuenta presidencial concentra la atención del debate político, llama la atención las dificultades de la nueva administración para definir su agenda en temas fundamentales.Ello pese a que durante largo tiempo se argumentó que la reforma tributaria, la laboral y de pensiones eran urgentes, por su impacto en el crecimiento económico.
Ello refleja las contradicciones entre un discurso a favor de un país de oportunidades, más integrado y un programa que favorece al gran empresariado. Ello reapareció en el contexto de la “agenda mujer” cuando la injusticia a que ellas están sujetas en el sistema de Isapres se quiso superar elevando las primas pagadas por los hombres sin modificar la lógica básica del sistema, esto es que la salud es un problema individual y constituye una oportunidad de negocio cuyo norte es la alta rentabilidad. Pero ello está presente también en lo tributario. Las presiones de gasto en salud (que pese a los problemas de funcionamiento del sector plantea presiones de gasto estimadas en US$ 1000 millones) así como los requerimientos para elevar las pensiones y aportes solidarios hacen impensable una reducción de la tasa de primera categoría que favorecería solo a las grandes empresas. Aún cuando los halcones en el gobierno parecen estar cediendo y aceptando que no es posible persistir en la idea, se ha levantado un discurso en favor de la “simplificación” tributaria que se traduce en revertir los avances en la desintegración tributaria y la eliminación de las declaraciones juradas, instrumento fundamental en la lucha contra la evasión. Los costos de recaudación de la desintegración tributaria se estiman en US$ 700 millones anuales. Por otra parte, es difícil tener un sistema simple cuando existe un sistema legal que incentiva estructuras empresariales altamente complejas diseñadas para evadir y eludir impuestos. Es el caso por ejemplo del uso de regímenes tributarios especiales para pequeñas empresas. En efecto, según un estudio de Agostini, Engel, Repetto y Vergara el 30% de las empresas que usan estos regímenes pertenecen al 0,1% más rico (mientras que el 45% pertenece al 1% más rico). Una participación similar en las utilidades alcanza las usuarios de estos regímenes que pertenecen al 1% más rico.
En este contexto de contradicciones entre discurso y programa, la oposición debe levantar dos elementos que si tienen coherencia para abordar los desafíos en temas económicos y sociales: la lucha contra la desigualdad injusta ( en que el instrumento tributario al contrario de la mayoría de los países de la OCDE juega un papel menor para mejora la distribución) y la necesidad de mayores ingresos públicos (indisociable de una real reforma del Estado que democratice la definición de las PP y lo haga más eficiente y eficaz) para financiar el esfuerzo social y de innovación. Bajo esas dos orientaciones se debería revisar la compleja legislación sobre estructuras legales de las empresas, reducir sustantivamente el ámbito de aplicación de la renta presunta y de los otros regímenes especiales para las pequeñas empresas y reponer la tasa máxima de 40% del impuesto de segunda categoría y el global complementario. (La Tercera)
Eugenio Rivera, Fundación Chile XXI
