La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, exigiendo el inicio de una investigación penal tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló un desorden financiero sistémico en el aparato estatal. El documento del ente regulador detectó inconsistencias por un total de US$ 17.300 millones (aproximadamente $15,9 billones de pesos) tras auditar a 73 entidades públicas entre 2020 y 2024. Según los parlamentarios, la magnitud de los recursos objetados podría esconder delitos de corrupción, fraude al patrimonio del Estado o incluso criminalidad organizada.
ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN Y ENTIDADES CRÍTICAS
El informe de la Contraloría se basó en la revisión de los estados financieros de 50 entidades del gobierno central y 23 del sector municipal. Un dato alarmante es que ninguna de las instituciones analizadas logró pasar la prueba de fiscalización sin observaciones de gravedad.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Una de las carteras con mayor volumen de recursos objetados.
Ministerio de Defensa: Concentra una parte significativa del desorden contable según la misiva de RN.
Cenabast y Salud: El informe también apunta a la Central Nacional de Abastecimiento y diversos prestadores públicos de salud, áreas de alta sensibilidad social.
LA EXIGENCIA DE UN FISCAL REGIONAL
Los diputados Frank Sauerbaum y Carla Morales compararon la gravedad de este hallazgo con los casos «Convenios» y «Fundaciones», señalando que la falta de respaldo administrativo para estos montos amerita una persecución penal rigurosa. Por ello, solicitaron formalmente al fiscal Valencia:
Dedicación Exclusiva: Designar un fiscal con dedicación preferente para esclarecer el destino de los $15,9 billones.
Dirección de Fiscal Regional: Hacer uso de las facultades legales para que un Fiscal Regional asuma directamente la dirección de la causa debido a su complejidad.
Recuperación de Activos: Priorizar acciones que permitan recuperar la mayor cantidad posible de recursos mal empleados.
RESPUESTA DEL EJECUTIVO
Ante la difusión del informe, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que el Gobierno analizará los detalles del documento, aunque matizó señalando que el periodo de revisión (2020-2024) abarca gran parte de la administración anterior de Sebastián Piñera. No obstante, la oposición insiste en que el desorden ha persistido y se ha profundizado, exigiendo que el Ministerio Público resuelva de manera autónoma si procede ejercer la acción penal pública frente a lo que califican como un «complejo estándar de administración» de los dineros fiscales. (NP-Gemini-Emol)
