En una audiencia reservada, se desarrolló la formalización del diputado Francisco Pulgar (Ind.- ex PDG) por delitos de violación y abuso sexual reiterado a menor de 14 años.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Talca dio por acreditados los hechos en torno a la participación del diputado desaforado y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva; tal como lo solicitó la Fiscalía.
Cabe recordar que el legislador fue desaforado en diciembre del año pasado; y comenzó a ser investigado a raíz una denuncia presentada en mayo de 2021 en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.
A su llegada al tribunal, Pulgar cuestionó la labor de la Fiscalía del Maule en el caso y deslizó que existiría una motivación política tras la causa. «Una investigación de este tipo, de connotación sexual, en promedio -y esto lo dice la estadística, no lo digo yo- dura tres años.
Este caso lleva hoy 19 de febrero tres años y nueve meses recién en la formalización. Entonces cuando yo le digo y lo ha dicho mi abogado: esta causa estuvo sin movimiento más de un año ¿No llama la atención? Y justo cuando se activa es sincronizada con los eventos de carácter político», indicó el legislador.
DIPUTADOS
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), sostuvo que «lo hemos dicho en muchas oportunidades, acá no hay defensas corporativas, es una situación compleja la prisión preventiva del diputado Pulgar, pero la justicia está haciendo su trabajo y hay que dejar que las instituciones funcionen».
Además, indicó que «esto da cuenta de la necesidad de que tengamos un proyecto de ley que nos permita que las personas que han sido desaforadas no sigan percibiendo su dieta parlamentaria».
Esta situación, junto con la de la diputada Catalina Pérez (ex FA), investigada en el caso Democracia Viva, y la de Mauricio Ojeda, en prisión preventiva por tres delitos de fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, ha reactivado el debate sobre la dieta parlamentaria que siguen recibiendo los legisladores desaforados, pese a no poder ejercer sus funciones.
Sobre la cautelar contra Pulgar, la diputada Carolina Tello (FA), dijo que «me parece muy importante que la justicia actúe sin privilegios, que se apliquen las medidas cautelares más gravosas que existe en nuestro país para delitos tan relevantes y terribles como es delitos sexuales contra menores de edad. En pos de otorgar tranquilidad a la ciudadanía, es muy importante que la investigación se siga llevando adelante con la mayor seriedad, rigurosidad y celeridad posible».
En relación al debate sobre la dieta parlamentaria, Tello sostuvo que «los parlamentarios que se encuentran desaforados no debieran recibir su dieta parlamentaria, que es una remuneración, un pago que se hace por el ejercicio de una función pública. Y si la persona no está ejerciendo esa función pública, al igual que en todo el resto del ordenamiento jurídico, esto debiera suspenderse mientras dura la situación de desafuero».
Asimismo, la diputada Nathalie Castillo (PC) indicó que «frente a un caso tan grave como el de abuso y violación creo que la medida cautelar tiene el mérito que corresponde» «No podemos seguir tolerando privilegios», agregó la legislador y destacó el proyecto de ley que presentó junto a los diputados María Candelaria Acevedo (PC) , Carmen Hertz (PC) , Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC) , Hernán Palma (Ind.) y Marcos Ilabaca (PS) para suspender el pago de la dieta parlamentaria a los diputados y diputadas que sean desaforados. «Nuestra iniciativa surge en medio de la crisis institucional que atraviesa el sistema político y busca recuperar la confianza de la ciudadanía», añadió Castillo.
LAMENTO DC
Si bien Pulgar es independiente, pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG), puesto que fue electo por un cupo de ese partido, y de la Democracia Cristiana (DC), a la que se integró en abril del año pasado. En este último partido incluso se le consideró como carta para competir en la senatorial por el Maule. Por lo mismo, la medida aplicada contra el parlamentario logró convulsionar a la colectividad.
Y es que en el partido son conscientes de que su incorporación a la bancada se dio cuando ya estaban al tanto de la denuncia en su contra. De hecho, en 2021, cuando Pulgar compitió por la Gobernación Regional del Maule, la carta de la DC en esos comicios, Cristina Bravo, hizo mención a la denuncia durante la campaña en varias oportunidades.
Consultado por este medio sobre si un error incluir a Pulgar en la bancada DC, el jefe de esa instancia, el diputado Héctor Barría, indicó que “al momento de ingresar a la bancada del diputado Pulgar su situación judicial no estaba activa, pero cuando es desaforado se suspende la participación en la bancada (…). En esta situación no compete ninguna defensa corporativa y, por supuesto, respetar los fallos y el trabajo de los Tribunales de Justicia”.
En tanto, el presidente en ejercicio de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), reconoció que la situación compleja y planteó que “da cuenta de la necesidad de que tengamos un proyecto de ley que nos permita que las personas que han sido desaforadas no sigan percibiendo su dieta parlamentaria”. Además, fue enfático en decir que “no hay defensas corporativas”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer de la DC, Paulina Mendoza, señaló que “el partido no participa en decisiones como la incorporación del diputado Pulgar. Por tanto, no me corresponde calificar una decisión administrativa como error político o no porque Pulgar no fue invitado a compartir un ideario doctrinario partidista común”.
Al igual que sus compañeros de partido, Mendoza defendió la idea de que “en este caso, no existe ni ha existido ninguna defensa corporativa. La decisión de incorporar al diputado fue antes de que se solicitase el desafuero, por lo que lo amparaba su derecho a la presunción de inocencia. Una vez que la investigación avanzó, y se solicitó el desafuero, la bancada actuó inmediatamente y lo suspendió”.
Este caso aún no ha sido abordado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El Ministerio de la Mujer, que lidera Antonia Orellana (Frente Amplio), no tiene representación jurídica en el caso, considerando que la acusación contra el diputado Pulgar se presentó cuando la denunciante era menor de edad. Pese a esto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera hace un seguimiento del caso y existe un vínculo con el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAVI) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). (Emol-La Tercera)
