Un total de 546.967 estudiantes de colegios subvencionados con financiamiento compartido en Chile podrían verse afectados por el dictamen N° 75 emitido el 21 de julio por la Superintendencia de Educación, que prohíbe a 711 establecimientos con copago cancelar matrículas por deudas en mensualidades. Esta normativa establece que no se pueden imponer medidas disciplinarias ni impedir la renovación de matrícula a estudiantes por atrasos en el pago, especialmente cuando están vinculados a razones socioeconómicas.
El estudio “Caracterización del copago en el sistema educativo chileno” de Acción Educar revela que estos colegios con financiamiento compartido, principalmente particulares subvencionados, representan un 6,8% del total de establecimientos financiados por el Estado y matriculan al 16,9% de los alumnos. En promedio, estos colegios reciben tres veces más postulaciones que los gratuitos y presentan mejores resultados en pruebas estandarizadas SIMCE, sobre todo en Matemática y Lectura.
El dictamen ha generado preocupación entre los sostenedores de colegios con copago y en la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, que advierten sobre un posible daño financiero y la aceleración de la desaparición de este tipo de establecimientos. Estos colegios atienden principalmente educación parvularia, básica y media, y están presentes en mayor proporción en regiones como Antofagasta, Atacama y Valparaíso.
Aunque la Ley de Inclusión Escolar, promulgada en 2015, buscaba reducir el copago y avanzar hacia la gratuidad, la demanda por estos colegios sigue siendo mayor, evidenciada en cifras de postulaciones muy superiores a las de los colegios gratuitos.
En resumen, el nuevo dictamen apunta a proteger a estudiantes y familias con dificultades económicas, pero genera un desafío para la sostenibilidad financiera de los colegios con copago, que son altamente demandados y reconocidos por sus mejores resultados académicos. (NP-Perplexity-Ex Ante)
