El anuncio del Gobierno de expropiar 100 hectáreas en San Antonio a un costo de $11 mil millones para mitigar el desalojo de la megatoma generó revuelo. Esto se debe a que comités de vivienda formados legalmente llevan años esperando soluciones.
Daniela Catalán, presidenta del comité «Los Aromos 2«, relató que el grupo se formó en 2014 para buscar una solución para 300 familias en Miramar, Llolleo. Recién este año, el Serviu de la Región de Valparaíso compró dos paños para 180 de ellas.
Catalán expresó la rabia de las familias restantes: «el ministro (Carlos Montes) decía que no había recursos para comprar todos los paños que había prometido, que en el caso nuestro eran dos hectáreas más».
El anuncio de los ministros Montes, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, de expropiar los terrenos usurpados, provocó la indignación de los comités que siguieron la vía regular.
Catalán, jefa de hogar y madre de tres hijos, afirmó: «sentimos rabia y pena. ¿Debemos tomar un terreno para que den soluciones? Eso nos dan a entender». La dirigenta estima que en San Antonio hay 15 comités con unas 2.880 familias en igual situación.
el Gobierno no efectuará el desalojo hoy, fecha en que vencía el plazo para ejecutar la medida ordenada por la Suprema en marzo de 2024. El delegado presidencial confirmó que el Ejecutivo solo presentará su plan a la Corte.
Gremios del sur criticaron la decisión de La Moneda y temen un incentivo a las usurpaciones en la «zona roja».
Un investigador y académico señaló que los casi $11 mil millones destinados a expropiar las 100 hectáreas son casi la mitad de los recursos a nivel nacional para 2026 del programa de asentamientos precarios. (NP-Gemini-Emol)
