Diez minutos transcurrieron desde que trascendió la detención del representante de fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por parte de la PDI, hasta que el equipo de Segegob informó a la prensa acreditada de La Moneda que la ministra Camila Vallejo se referiría al procedimiento policial.
Instantes después, la portavoz de Palacio se abría paso por Los Naranjos y se parapetaba en el entre patios de la sede de Gobierno. «Valoramos profundamente este avance de la justicia», partió destacando, apuntando a que «todo avance en esta investigación, también es un golpe a la corrupción».
En medio del intercambio que sostenía con la prensa, la PDI procedió a detener al exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien se encontraba en el aeropuerto de Santiago. Consultada por el operativo, la ministra volvió a «valorar que haya tenido avance esta investigación y que hoy día esa investigación esté dando resultados».
Con la captura de Contreras, Vallejo fue consultada por un asunto que no es baladí para el Ejecutivo, que es el impacto que radica en el hecho que la policía aprehendiera a una de sus exautoridades.
«Cuando uno es capaz de denunciar, acusar, o apuntar con el dedo casos de corrupción que están en la vereda del frente y que son graves, lo mismo tiene que hacer cuando corresponden a tu propia administración. Entonces, lo importante aquí es saber como actuar, reaccionar, y al menos lo que nosotros hemos estado haciendo desde el minuto uno, es entregar todos estos elementos a la justicia y la justicia ya se está pronunciando», sostuvo.
Cabe destacar que las detenciones de Andrade y Contreras se dan a tres días del plebiscito constitucional, donde la derecha ha apostado por ligar las elecciones a la gestión del Gobierno.
Es así que la posible influencia de la trama Convenios en el resultado de este domingo, fue una pregunta obligada para la titular de Segegob. «Creemos que todo golpe a la corrupción es una buena noticia para la democracia (…) independiente de los sectores políticos, que la justicia avance es una buena noticia», respondió.
MINISTROS
La valoración que Vallejo extendió al avance de la Fiscalía fue replicada en la vocería que dio luego el titular del Minvu, Carlos Montes, en el Congreso Nacional -flanqueado por parlamentarios del Partido Socialista- y luego, el ministro de Justicia, Luis Cordero.
«Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance, en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas. Eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todo aquí se aclaren las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda», sostuvo el ministro PS en esa instancia.
Sin querer referirse a las críticas a su gestión y a las solicitudes de renuncia, Montes se limitó a recalcar: «nosotros creemos que este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde».
En esa línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, replicó: «tal como lo ha señalado la ministra Vallejo esta mañana y el ministro Montes, el Ejecutivo valora la acción del Ministerio Público, entre otras cosas, porque demuestra el avance de la investigación».
«Un anticipo de esto venía con la desagregación de la causas el día de ayer», añadió, «por lo tanto probablemente esto va a permitir en las próximas horas tener el contenido de la formalización».
TATIANA ROJAS
Sin que se hubieran morigerado los ánimos por la captura de los dos protagonistas de la arista matriz del caso Convenios, pasado a mediodía, la trama volvió a hacer noticia.
Las declaraciones que la exsubecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, entregó el pasado 5 de octubre a la PDI y a la Fiscalía, fueron filtradas por La Tercera. Ahí, la otrora autoridad y militante de RD contradijo la versión del ministro Montes respecto a cuando tomó conocimiento del convenio con Democracia Viva.
«Confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva», dice Rojas en su declaración, precisando que «dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa».
A partir de entonces, el ambiente en La Moneda fue de expectación. En el Congreso, la oposición dio un ultimátum al Presidente Gabriel Boric para remover al titular de Vivienda, o de lo contrario advirtieron que presentarán una acusación constitucional en su contra el próximo lunes.
En medio de ello, los ojos estuvieron puestos en la sede de Gobierno y en el posible ingreso de Montes a Palacio. En esas horas, ocurrieron dos movimientos.
Se vio a la ministra Vallejo, cruzar desde las dependencias de Segegob hasta la oficina de Desarrollo Social y al Presidente Boric, quien acudió desde su despacho al ministerio de Interior y retornó pocos minutos después sin entregar declaraciones a la prensa cuando se le requirió por la permanencia de Montes.
Fuentes de Palacio, indican que ambos sostuvieron reuniones por la situación del Ejecutivo tras conocerse la declaración de Rojas.
En el mutismo, el Mandatario se retiró de Palacio a las 18:00 horas. Por el contrario, el ministro de Vivienda se refirió escuetamente a la trama que lo tiene en el ojo del huracán.
«Lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidades, irregularidades, delitos ni nada por el estilo», dijo a ADN, en circunstancias que se retiraba de las dependencias de la cartera.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El pasado 14 de noviembre las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz (ambas de la bancada Social Cristiana) anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda Carlos Montes a propósito del escándalo del Caso Convenios.
En ese momento las parlamentarias no contaban con las 10 firmas necesarias para poder presentar el libelo ya que las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano no dieron su apoyo. Sin embargo, el miércoles negro de Democracia Viva, hizo que la oposición endureciera el tono contra el secretario de Estado, exigiendo su salida inmediata del cargo y amenazando con una acusación constitucional en su contra.
Asimismo, se sumaron representantes de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente. Si bien los legisladores de Chile Vamos y el Partido Republicano no aseguraron que se sumarían al libelo de de la bancada Social Cristiana o que elaborarían otro por su cuenta, Concha y Muñoz presentarían la acusación el próximo lunes, después del plebiscito constitucional.
El documento al que Emol tuvo acceso cuenta con tres capítulos acusatorios. En el primero se analiza cómo el ministro de Vivienda dejó de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia, en particular sobre la subsecretaria de la cartera.
Se acusa al secretario de Estado de haber actuado de manera «negligente» y que esta «falta de control» permitió que se transfirieran de manera durante más de $11 mil millones a fundaciones. En particular, este capítulo se basa en el informe de auditoría que realizó la Contraloría General de la República.
En el segundo se acusa a Montes de haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023.
En esa línea se plantea que el ministro dejó de observar los principios de eficiencia y eficacia, estando obligado a ello. Esto habría ocasionado que bajo su gestión se cometieran todo tipo de irregularidades administrativas y otras actuaciones que revisten carácter de delito.
El reproche de los legisladores se centra principalmente en que el Ministro no dotó a los organismos y personal bajo su dependencia de la normativa y procedimientos adecuados para la selección de las entidades privadas que ejecutarían los proyectos en el contexto Programa Asentamientos Precarios.
Finalmente, el capítulo tres, dice que Montes infringió la Constitución y las leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa. Ahí se indica que «el Ministro acusado, ha infringido gravemente los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, lo que deviene necesariamente en la contravención del principio de Probidad Administrativa». (Emol)
