Definitivamente este es el gobierno de ignorantes e improvisadores que se amparan en su inexperiencia. Dicen ignorar que la Constitución le prohibía a una ministra y senadora venderle la casa de Allende, que es de su propiedad, en mil millones al Estado. La misma senadora también ignoraba que hace más de 20 años no pagaba las contribuciones de su parcela. Cada vez que ofrecen un proyecto de ley para una fecha (como el para modernizar Fonasa comprometido para fines del 2024), éste no llega ni hay explicaciones. Excusan las impericias, chambonadas y sus verdaderas intenciones (no aprobar Dominga, por ejemplo) en que no saben cómo votar el proyecto minero, como les ordenó hacerlo el tribunal ambiental.
Usan para sí mismos un lenguaje amable que no aplicaron ni aplican a sus adversarios. “Pudimos hacerlo mejor”, “no hubo mala fe”, y además elíptico, porque en vez de reconocer que le recortaron a las policías el equivalente al valor de tres casas de Allende (3 mil millones de pesos), la ministra del Interior intenta excusar el “recorte” con el “efecto rebote”.
Pero para gastar lo ajeno… ¡campeones! Mientras eran oposición, presionaron vaciar las arcas fiscales con la “revolución de octubre” y luego, en el poder, se han encargado de terminar la obra.
Hay 10 mil millones para eliminar el CAE, hay también para dejar como legado que terminaron la “deuda histórica” de los profesores pagando $4,5 millones a 57 mil 600 docentes. Hay fondos para las fundaciones truchas, subir el sueldo mínimo, pensiones de gracia e indultos a delincuentes y todo lo que les importa, porque “los más ricos siempre pueden aportar más”. Han inventado la “autocontención” para que los mismos privados financien subsidios que quiere dar papá Estado en materia eléctrica (impuesto a los PMGD), para dar gratuidad en educación superior (impuesto a los graduados del 8%) y ahora quieren que los trabajadores formales financien de su bolsillo un alza de las pensiones.
No hay un peso disponible para el próximo gobierno, según ha dictaminado el Consejo Fiscal autónomo, que tendrá que abocarse a rellenar el refrigerador que vaciaron con su farra los que nos gobiernan.
Antes que termine el mes nos llevaremos la sorpresa que han desembolsado mucho más de lo que comprometieron y el déficit fiscal será mayor. Como “la mejor directora de Dipres de la historia” (Marcel dixit) se equivoca sucesivamente en sobre estimar los ingresos, han subido el gasto sin cesar y “sin mala intención”, por supuesto. Sin emergencia de terremotos, pandemias o shocks externos, han vaciado los fondos que teníamos para estos eventos (el Fondo Económico de Estabilización Social, FEES, que el FMI sugiere mantener en 5 a 7 % del PIB, bajó al 1,1%). El Fondo de Reserva de Pensiones, FRP, que garantizaba el financiamiento de las pensiones a más de 5 años, ya no lo hace. Los intereses a pagar de la deuda externa, cada día más caros, nos encadenas a una deuda cada vez mayor para poder bicicletearla.
Pero el gasto sube como espuma. Cómo no, si con ello reparten cargos como el rey Midas para controlar sus huestes en el Congreso. 37 altos funcionarios de gobierno, incluyendo 4 de sus ministros, postularon al comité central del PC (fueron electos 26 esta semana). Están todos sus agitadores en buenos puestos, ganando como nunca antes y entre los 100 mil empleos que ha subido el sector público en los últimos dos años. Es que son solidarios, pero entre ellos. Basta recordar como la diputada de Revolución Democrática (ahora, Frente Amplio) Catalina Pérez, ayudó a su pareja a colocarse en Defensa y a que su ONG Democracia Viva obtuviera casi medio millón de dólares del Estado con destino bastante desconocido, hasta ahora.
Es este gobierno de inexpertos el que nos plantea una reforma de pensiones donde se juega el todo o el nada. O le aprueban un nuevo pilar de reparto que mejorará las pensiones de los actuales jubilados con un préstamo del 1,5% de las cotizaciones, y que abre la puerta a eliminar las AFP, asegurando un creciente rol del Estado… o no hay nada. Ni pensar en hacer una reforma más acotada dado que la PGU equivale a un alza de 5 puntos de la cotización o usar fondos de generales para mejorar las pensiones de las mujeres de sectores medio alto y con alta densidad de cotizaciones que no solucionó la PGU. O se compra todo el paquete a esta administración o “seguimos en la lucha, compañeros”, la que continuarán de todos modos, como lo han advertido los ministros Marcel y Jara para poner fin a las AFP.
La izquierda no considera esta negociación un cierre al tema y han reconocido que “No + AFP” continuará siendo su bandera de lucha. Pero algo nubló a Chile Vamos. Tal vez, por la posibilidad de triunfar en las elecciones de diciembre y heredar un fierro caliente, se ha allanado a un mal acuerdo como si este fuera a devolver la estabilidad en el tema. Sólo ganarán los actuales pensionados, que no serán obligados a ser solidarios con 1,5 puntos de su cotización, junto con dar otro punto porcentual para igualar las pensiones de hombres y mujeres.
El gobierno envió recién el jueves 16 de enero 176 páginas de indicaciones al proyecto original, desguazado por la Cámara hace justo un año. A pesar de la envergadura, no consultó los cambios ni al Consejo Consultivo Previsional, ni al Consejo Fiscal Autónomo. Y en un par de días le dieron el pase a la iniciativa en la comisión del Trabajo, como si hubieran sido capaces de entrar al fondo de los cuatro tomos y las más de mil páginas de la propuesta entre indicaciones, comparados, consideraciones, informes, etc.
Están creando una nueva institucionalidad que encendió 11 riesgos graves en el Consejo Fiscal Autónomo, el que vela porque un gobierno de paso no arrastre consigo la solidez y seriedad que teníamos antes para enfrentar las cuentas fiscales.
Por supuesto que, ante su pronunciamiento, el miércoles último (solicitado por el Senado), el ministro Marcel se apuró a asegurar que acogerían todas las recomendaciones que hace el organismo autónomo, pero hasta el jueves, en el informe financiero se le había olvidado incluir el impacto fiscal del alza de cotizaciones de los profesores de la educación subvencionada y de los consultorios… un detalle de miles de millones.
Si la intención fuera cambiar uno de los mejores sistemas previsionales del mundo (el noveno en 2024, según el Índice Global Mercer) por otro superior para los próximos 50 años, no se exigiría votarla en dos sesiones en el Senado y en la Cámara, como si todos los parlamentarios fueran ignorantes. Por apurado que esté este gobierno improvisador, las embarradas quedan, como nos enseñan las grandes reformas tributarias, electorales y en educación de Bachelet II. (El Líbero)
Pilar Molina
