Cuando, en 1989, fui candidato a Senador en las listas de la Concertación de Partidos por la Democracia, hice del castigo a las violaciones de los derechos humanos durante el régimen autoritario el motivo central de mi modesta campaña. En esos tiempos se requería bastante valor para hacer eso, puesto que ese régimen autoritario todavía gobernaba y le dejaba a su sucesor un verdadero estado dentro del estado para protegerse. Si yo hubiera siquiera sospechado que, un cuarto de siglo después, el castigo a las violaciones de derechos humanos durante el periodo del General Pinochet se iba a haber convertido de justicia en venganza, de noble imperativo ético en aprovechamiento político, mi discurso habría sido muy otro.
Cuando clamaba por justicia estaban vivos todos los verdaderos culpables de esos actos repudiables y estaban en sus puestos todos los jueces que habían sido, de alguna manera, cómplices por omisión de horrendos crímenes. Un cuarto de siglo después, el arrastrar a tribunales a quienes fueron instrumentos de esos crímenes, obligados por la regla de la obediencia debida, que es la norma fundamental de todos los ejércitos del mundo, no solo dejó de ser justicia si no que cae de lleno en la venganza institucional y en el aprovechamiento político. Tal vez, en mi monstruoso error de juicio, influyó algún conocimiento de la historia. De solo pensar en lo que sería Europa si es que el criterio empleado en Chile se hubiera aplicado a Alemania después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, o se hubiera aplicado en España tras la Guerra Civil, me pareció imposible que aquí se negara en algún momento el exonerante moral de la obediencia debida. Los propios jueces repiten sin cesar que ellos aplican leyes y no justicia, y esa es una forma de eludir responsabilidades bajo un pretexto que se parece mucho al de la obediencia debida y, sin embargo, ninguno ha enfrentado los castigos que hoy se le imponen a quienes fueron subalternos obligados cuando ocurrieron los luctuosos sucesos.
Como si esta feroz injusticia no fuera suficiente, los juicios actuales a los militares están, en su mayoría, amparados por disposiciones internacionales que Chile suscribió después de las circunstancias que los provocan, con lo cual se está incurriendo en un vicio de retroactividad que es rechazado en todas partes.
Lo que hace aún mas odiosa la caza de brujas con que hoy día el mundo político se venga de las Fuerzas Armadas, es la calidad moral de los motores que la impulsan. El Partido Comunista es el mas ortodoxo que va quedando en el mundo y nunca levantó un dedo para protestar con las monstruosas violaciones de los derechos humanos que han hecho del marxismo – leninismo el mayor asesino de pueblos que reconoce la historia de la humanidad. Tan solo Stalin mató a mas adversarios políticos, supuestos o reales, que dos o tres veces la población de Chile y el Partido Comunista Chileno no solo no protestó por ello, si no que buena parte de sus dirigentes vivieron en Rusia y avalaron con su representación tan horrendo periodo. Jamás nadie en Chile ha visto al Partido Comunista protestar por los crímenes de los regímenes afines que han ensangrentado el mundo durante mas de un siglo. Ver a ese partido rasgando vestiduras por la impunidad de los subalternos de la dictadura un cuarto de siglo después de la ocurrencia de los hechos, es algo que repugna.
Pero la hipocresía institucionalizada que encubre lo que ahora ocurre no se limita al Partido Comunista. Acabamos de ver a la propia Presidenta de la República buscar popularidad con un caso de quemados cuando ha ignorado ostensiblemente a quemados muchos mas recientes, como es el matrimonio Luchsinger McKay, sin que se recuerde gesto alguno hacia la familia ni diligencia especial alguna para esclarecer y castigar a sus autores. La hemos oído exhortar reiteradamente a los militares a abandonar supuestos pactos de silencio para continuar con la casa de brujas, y jamás nadie la ha visto pedirle a los comunistas esclarecimientos sobre el terrorismo en la Araucanía, sobre el asesinato del Senador Jaime Guzmán o sobre la muerte de los escoltas del General Pinochet del día del atentado en su contra, en todo los cuales hay motivos mas que suficientes para suponer alto grado de conocimiento y de complicidad de quienes hoy son sus compañeros de gobierno.
Son demasiadas las circunstancias que muestran cómo el tema de castigo a la violación de derechos humanos durante la dictadura ha pasado de justicia a venganza y de preocupación ética a aprovechamiento propagandístico y político de la extrema izquierda. Esas evidencias, que cualquiera puede ver, son lo que ha transformado en sainete lo que fue la transición a un régimen que hizo de la paz y reconciliación su lema y su admirable propósito.
Lo peor de todo es que en Chile abundan los que creen que todo esto no ha afectado la moral y la adhesión de nuestras Fuerzas Armadas al sistema democrático que tanto nos costó recuperar. Juzgan el silencio como convicción y no se dan cuenta que ese silencio se genera mas en el principio de la obediencia debida que en cualquier otra consideración. En suma, el mismo principio que no han querido hacer valido para estos procedimientos es el que hoy los protege del resentimiento que cualquiera que se lo proponga puede detectar. La verdad es que se ha creado un abismo de incomprensión y de desencuentro entre la sociedad civil y el mundo militar y esa es una situación que ningún país puede ignorar, sobre todo con los problemas latentes de seguridad que afectan al nuestro.
Por todo lo señalado es que se hace imperativo rectificar los términos de la relación entre el mundo civil y el uniformado, si es que verdaderamente queremos una sociedad reconciliada en que sea posible el “nunca mas”.
