En las últimas semanas la agenda pública ha estado marcada por el cruce de propuestas legislativas sobre reducción de la jornada laboral. Más allá que podamos compartir o no la necesidad o el mérito de esta medida, su oportunidad, la gradualidad de su implementación, o si debe o no ser combinada con flexibilidad, debemos tener un debate serio e informado.
En ese contexto, cabe preguntarse: ¿es efectivamente una rebaja de 45 a 41 horas en la jornada de trabajo semanal lo que ha propuesto el Gobierno? La respuesta es que no. Lo que ha planteado el Gobierno en realidad es una rebaja de la jornada efectiva semanal de un poco más de 43 a 41 horas en promedio al trimestre.
Los meses del año siempre tienen 30 ó 31 días, con excepción de febrero. Esto es diferente al número de días hábiles o efectivamente trabajados que tiene un mes calendario. Dependiendo del número de días feriados que tenga un mes, los días hábiles pueden ser bastante menos, como ocurre con frecuencia en el mes de septiembre o en otros meses del año.
Considerando lo anterior, no es cierto que un trabajador dependiente, cuya jornada de trabajo legal es actualmente de 45 horas semanales, trabaje efectivamente ese número de horas semanales en promedio al trimestre. Como los meses tienen alrededor de 21 días hábiles, la jornada efectiva de ese trabajador es un poco más de 43 horas semanales en promedio al trimestre.
De esta forma, de acuerdo al cronograma informado en la propuesta del Gobierno, no existe una reducción de la jornada durante los primeros años. Hasta el año 2022, cuando la jornada se fije en 43 horas, el Gobierno habrá, en los hechos, aumentado las horas efectivas trabajadas.
La propuesta de la Diputada Vallejo, en cambio, propone una reducción de la jornada semanal a 40 horas. Haciendo el mismo cálculo anterior, esto implicaría una jornada efectiva promedio al trimestre de algo más de 38 horas, lo que constituye una reducción de casi 5 horas en la jornada laboral efectiva.
Toda decisión de política pública en el ámbito laboral tiene impactos, que implican costos y beneficios en el nivel de empleo y los salarios. Los tomadores de decisión deben ponderar con cuidado estos efectos, pero es importante ser claros y transparentes respecto a lo que se está discutiendo. Por lo pronto, la diferencia de horas trabajadas entre el proyecto del Gobierno y el de la Diputada Vallejo, no es solo de una hora.
Francisca Pérez/La Tercera
