En el contexto del Chile Day organizado recién en Londres, hubo una declaración del ministro Nicolás Grau sobre el problema fiscal de nuestro país que generó diversas reacciones. Según lo que reportan los medios especializados, el ministro sostuvo que el problema fiscal comenzó al menos desde 2012.
Pero los datos no respaldan la afirmación del ministro. Veamos por qué. Para mostrarlo, resulta útil mirar la historia fiscal de Chile desde la creación de la regla fiscal de balance estructural, el año 2001. En los primeros años de funcionamiento de esta regla, se estableció como meta un superávit estructural anual equivalente a 1% del PIB. El resultado estructural estuvo en torno a dicho objetivo hasta el año 2007. Esos años coincidieron, además, con importantes superávits efectivos y con la creación de los fondos soberanos en los que el país ahorró los ingresos extraordinarios del cobre, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2006, que en sí fue un aporte a la institucionalidad fiscal chilena.
Sin embargo, en 2009, Chile fue afectado por la crisis financiera global (CFG) que golpeó al mundo y cayó en recesión. Ese año, el déficit estructural fue equivalente a 3,1% del PIB y también se usó gran parte de los ahorros acumulados en el FEES en los años previos. Este fondo soberano pasó de tener US$ 20 mil millones a fines de 2008, a US$ 11 mil millones a fines de 2009. La evolución de la deuda pública confirma que hubo un gran desafío para las finanzas públicas del país en torno a la CFG.
Contrario a lo que sostiene el ministro, lo ocurrido en los años siguientes, durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera, fue un gran esfuerzo por reordenar las cuentas fiscales, después de la CFG y del terremoto que azotó al país en febrero de 2010. Los resultados de ese cuatrienio en materia fiscal son sobresalientes y difícilmente se puede sostener, con base en datos objetivos, que en ese período partió el problema fiscal de Chile.
Entre 2011 y 2013 se sobrecumplieron las metas fiscales, llevando el déficit estructural desde 3,1% del PIB a 0,5% del PIB. A su vez, durante los cuatro años de administración, se registró, en promedio, un superávit fiscal efectivo equivalente a 0,2% del PIB y se repuso parte de los fondos soberanos utilizados el año 2009. Así, en diciembre de 2013, el FEES acumulaba más de US$ 15 mil millones.
Lo que vino después es ampliamente conocido. Al final del segundo gobierno de la presidenta Bachelet se expandió el gasto público más allá de lo permitido por la regla, sin mediar crisis alguna. Posteriormente, durante la segunda administración del presidente Piñera, la pandemia obligó al gobierno a aplicar una cláusula de escape de facto en 2020 y 2021. Y en la actual administración, de acuerdo con cifras publicadas en su sitio web por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), se incumplirá la meta de balance estructural en tres de los cuatro años, nuevamente sin mediar crisis interna ni externa.
En síntesis, es claro que las crisis que ha enfrentado el país durante las últimas dos décadas han golpeado con fuerza las finanzas públicas, pero también es cierto que ha sido precisamente la solidez de nuestro marco fiscal lo que nos ha permitido responder a estos shocks con la fuerza requerida y contribuir desde el gobierno a minimizar los daños provocados por estas. Por otro lado, no existe evidencia alguna de que durante la primera administración del presidente Piñera haya partido el problema fiscal de Chile. En realidad, es todo lo contrario. En esos años se avanzó en normalizar las cuentas públicas, con resultados ampliamente reconocidos y verificables con cifras públicas.
Más difícil será defender en el tiempo los incumplimientos de las metas fiscales de los últimos tres años (2023-2025) y el uso del FEES, sin mediar crisis alguna. Este es un indicador clave, junto con el crecimiento económico del país, para medir el desempeño económico de un gobierno. (El Mercurio)
Felipe Larraín B.
Exministro de Hacienda
