Ayer martes concluyó la condena canónica del sacerdote Cristián Precht, ex vicario de la Solidaridad, acusado en 2012 de «conductas abusivas con menores y mayores de edad», según determinó la investigación del Vaticano.
Fueron cinco años durante los cuales Precht estuvo suspendido del ejercicio pastoral y ahora su futuro es una interrogante que se ha comentado en diversos estamentos de la Iglesia Católica.
Una posibilidad es ir a la zona austral del país, tras antiguos contactos con aquella destinación. Según consignó «La Tercera», el obispo vicario apostólico de Aysén, Luis Infanti, dijo que «toda persona de buena voluntad es bienvenida. Nadie es tan perfecto ni tan santo. Todos tenemos algún grado de pecado y de santidad (…) aquí hay mucha gente que es acogida y que quiere venir a rehacer su vida o a darle un nuevo rumbo. Llámese como se llame, sea Cristián Precht o quien sea».
Además, agregó que «me alegra que haya terminado su sanción y vuelva a asumir plenamente su servicio sacerdotal», aclarando que la intención del presbítero de emigrar a su región ya había sido manifestada antes de la condena.
No obstante, no es el único religioso que está por darle una mano a Precht ni tampoco lo invita directamente, consciente de que el emblemático sacerdote está incardinado a la Arquidiócesis de Santiago, liderada por el cardenal Ricardo Ezzati.
Las críticas Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que se vinculó a la Vicaría de la Solidaridad, fue tajante: «Cuando hay acusaciones tan graves como estas hay que ser rigurosos. Cinco años no sanan ningún dolor y más bien reflejan la conducta de la Iglesia en el abuso de sacerdotes contra menores».
Una reacción similar tuvo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. «La condena no fue justa. Debió haber estado en la cárcel, porque es muy grave el delito que cometió. Él se aprovechó de las condiciones de desolación y ausencia de las víctimas», dijo.
Por su parte, José Andrés Murillo, uno de los tres principales denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, calificó la situación como «inaceptable». (Emol La Tercera)
