En primer lugar, el bajo nivel de crecimiento económico de los últimos cinco años habría generado una alta frustración de expectativas. La Encuesta Bicentenario UC 2019, cuyo trabajo de campo terminó justo antes del estallido, arrojó una disminución significativa —al comparar con 2018— en la percepción de los chilenos y chilenas sobre la chance de lograr algunas metas de bienestar, y en mayor porcentaje entre las personas que se identifican con el estrato medio.
En segundo lugar, el fuerte sentimiento de desigualdad, que se condice con los datos de la OCDE para Chile, ha afectado profundamente la cohesión social, debilitando el sentido de pertenencia y, con ello, abriendo espacio a la anomia. Estos dos primeros argumentos se resumen bien en la elocuente frase de un exministro de la Concertación: “Cuando hay estancamiento, las inequidades en la distribución se vuelven más odiosas”.
Y un tercer planteamiento se refiere a la baja capacidad del Estado chileno para abordar los desafíos más urgentes de nuestra sociedad. “Estado opresor”, “abajo el Estado”, “muerte al Estado” son consignas que se repiten en los muros de las ciudades, y que, más allá del anarquismo, apelan a una consistente incapacidad que ha tenido el Estado para enfrentar y resolver los problemas que la ciudadanía vive en el día a día.
Es necesario profundizar en este punto, porque es un aspecto clave para superar esta crisis, pero que ha sido menos priorizado, aun cuando está en la base de la eficacia de las políticas sociales. Sobre esto, Fukuyama plantea la distinción entre “alcance” de las funciones del Estado, relacionado con los ámbitos de su intervención, y la “capacidad” para formular e implementar correcta y oportunamente las políticas públicas.
Se pueden poner varios ejemplos, pero uno de los más críticos es la grave situación de vulneración de derechos de los niños y niñas en Chile. En 2006, una comisión asesora presidencial señaló la necesidad de separar las funciones del Sename y crear dos servicios especializados: uno para la protección de la infancia y otro para la reinserción juvenil. Han pasado más de 13 años, se han formulado tres proyectos de ley y esta reforma aún no se ha logrado concretar. La violencia que vemos hoy tiene raíces profundas en esta indolencia.
En otro ámbito institucional, con el objetivo de fortalecer el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas, los cuatro últimos gobiernos han considerado en sus programas la conveniencia de establecer una agencia para velar por la calidad de las políticas públicas. Lamentablemente, el proyecto de ley que se logró formular fue retirado sin discusión legislativa.
En el terreno operativo de la implementación de las políticas existen demasiados ejemplos de falencias, y entrar en el detalle podría llevar a la odiosidad; Transantiago es el caso ícono de imprevisión y la consecuente multiplicación de sus costos. Todos los años, la Dipres evalúa entre 20 y 25 programas públicos, que en un buen porcentaje son clasificados con un mal desempeño. Es el caso del Programa de Desarrollo Local (Prodesal), de menor envergadura presupuestaria, pero que continúa vigente pese a las evaluaciones que demuestran un desempeño insuficiente. Estas evaluaciones son informadas al Parlamento, pero solo se realizan algunas modificaciones, sin tomar medidas drásticas, como el cierre de programas. Frustra recordar el reciente informe de la Comisión Nacional de Productividad, que estimó que los quirófanos en hospitales públicos de alta complejidad se utilizan a razón de la mitad de su capacidad instalada potencial, en el escenario actual de más de 250 mil personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas.
La crisis social ha puesto un importante énfasis en la capacidad del Estado y de ahí la necesidad de su modernización. Para avanzar en este proceso se requiere liderazgo y decisión; se necesitan estrategias transversales, como mejoras en la efectividad del gasto público, actualizar el estatuto del empleo público e implementar una efectiva transformación digital.
Ignacio Irarrázaval
Director del Centro de Políticas Públicas UC
