Y no era un viaje fácil. No solo habría que enfrentar el legítimo dolor e impotencia de la familia Luchsinger McKay. También un ambiente adverso, de una comunidad que no solo reclamaba indignada por lo ocurrido, sino que exigía a la autoridad respuestas frente a la sensación de indefensión por los largos años de situaciones de violencia que venían viviendo a raíz del conflicto en la zona.
El mismo día del atentado estuvimos en Temuco, en medio de los escombros y la desolación, con la firme determinación de dar la cara como gobierno y enfrentar los hechos. Y la respuesta del Gobierno fue una y clara: condenar con toda nuestra fuerza el crimen, señalar -sin duda alguna- que se trataba de un cruel acto terrorista, y poner a disposición todos los recursos necesarios para lograr la condena de quienes habían cometido tal crimen.
Así lo hicimos. Mi primera acción como ministro fue señalarles a las policías -Carabineros y la PDI- que esperaba una acción conjunta y coordinada entre ellas para investigar y esclarecer los hechos. Junto con ello, le solicité el director de Investigaciones reforzar a los equipos de inteligencia en la zona y al general director de Carabineros aumentar considerablemente la dotación policial. Tomamos la decisión de fortalecer también nuestro equipo jurídico en Temuco, el cual trabajó en estrecho contacto y coordinación con los abogados de la familia. Mis viajes a la zona se sucedieron durante 2013 y hasta el verano de 2014. Así como mis reuniones con los equipos investigadores de las policías -quienes prontamente tenían identificados a los presuntos autores, que coinciden por completo con las personas detenidas esta semana-, conversábamos permanentemente con el fiscal Ljubetic, luego con el fiscal Paredes y la familia.
En materia de seguridad y con el paso del tiempo, ¿qué lecciones podemos sacar de esta lamentable tragedia?
En primer lugar, que en dicha zona se realizan permanentemente actos de terrorismo y no se puede seguir negándolo. Ello significa que el Estado debe adoptar las medidas para combatir actos terroristas y no delitos comunes. Necesitamos conformar una fuerza policial especialmente capacitada para enfrentar estas acciones y dotada del equipamiento y tecnologías necesarios. Reforzar el trabajo de inteligencia pidiéndole a la llamada «comunidad de inteligencia», donde participan las FF.AA., que asuma este tema como prioritario. Cambiar la jurisdicción de los tribunales competentes de la zona y transferirla a un tribunal instalado en otra región. Desarrollar un programa especial de protección de testigos realmente eficaz. Renovar las formas de resguardo y control de Carabineros, por cuanto quienes planifican estos atentados, aprovechándose del conocimiento de los sectores, no suelen utilizar los caminos públicos, para ello creo necesario probar nuevas tecnologías, como drones u otros.
Finalmente, no hay que tener temor ni cortapisas ideológicas para presentar querellas por delito terrorista -como la acción judicial que acaba de interponer el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, por «homicidio e incendio terrorista- y estar dispuestos a recurrir a los instrumentos constitucionales en caso de grave daño para la seguridad, si fuera necesario. Finalmente, el respaldo a la acción policial por parte de la autoridad política debe ser permanente y consistente.
Espero que el resultado de las detenciones de esta semana culmine en la presentación de pruebas sólidas y consistentes, para sostener la acción penal y pasar los altos estándares que exige hoy la justicia para lograr una condena, especialmente en la jurisdicción de Temuco y en estos temas.
Andrés Chadwick
