Este lunes, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Partido Demócrata), aunque aún queda pendiente la apelación ante la Corte Suprema.
A fines de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del parlamentario por la Región de Aysén y de quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco.
La acción judicial también fue interpuesta contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, por «haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación».
Según detalló el CDE, en base a los antecedentes de la investigación, «la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
En esa línea, el organismo afirmó que «existen múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región”.
Tras la presentación de la querella, el diputado defendió su inocencia y acusó motivaciones políticas en su contra. En esa línea, el legislador subrayó que «es una investigación de más de cuatro años que ya está en curso, donde yo he participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todos los procedimientos que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado. Nadie está sobre la ley».
DEFENSA DE CALISTO
Tras la notificación de la decisión de la Corte, el parlamentario se refirió y lamentó el dictamen. «La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero que realizara el Ministerio Público a propósito de una denuncia anónima que se realizó hace más de cinco años, donde se acusaba a una de mis asesoras de no trabajar formalmente. Bueno, lamentablemente, el criterio de la Corte es distinto a la visión que presentó nuestra defensa», comenzó.
Agregó que «a nosotros nos llama profundamente la atención que no se haya considerado, por ejemplo, elementos tan importantes como, por ejemplo, el informe del Consejo de Asignaciones, donde refleja que, además, la asesora entregó todos los informes correspondientes en todos los meses correspondientes y conforme a eso, además, fue auditado por la unidad de auditoría que, además, tienen un respaldo legal a través de una ley orgánica y son un ente independiente al Congreso Nacional».
Reveló que «nosotros estamos absolutamente tranquilos y convencidos respecto de nuestra defensa y, por supuesto, que vamos a llegar a otra instancia, que es la Corte Suprema, donde esperamos que el criterio sea distinto». (Emol)
