«Como se pide». Con esta frase, la Corte de Valparaíso accedió a la solicitud de los dueños de los terrenos ocupados por la megatoma de San Antonio de activar el fallo que ese mismo tribunal dictó en junio de 2023, ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, y que ordenó el desalojo de 10.251 personas que lo usurpan.
El 11 de septiembre, tras el fracaso de la mesa tripartita que conformaron con el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Antonio en busca de crear condiciones que permitieran vender esas 215 hectáreas a 3.700 familias ocupantes organizadas en 40 cooperativas -y que congeló por más de seis meses la expulsión-, los dueños pidieron al tribunal activar la sentencia, la cual fue dictada pese a que el Ministerio del Interior hizo notar que el desplazamiento de esa cifra de personas seguía siendo «inviable».
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