La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad inmediata de Víctor Donoso Barrera, interno de Punta Peuco que presentó un recurso de amparo indicando que su pena ya estaba cumplida, por lo que no correspondía que aún estuviese en el centro penitenciario.
Víctor Donoso fue condenado por la Corte Suprema en 2012 por la desaparición del mirista Rudy Cárcamo, quien fue miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) del fallecido Presidente Salvador Allende. Donoso, ex oficial de la Armada, había sido beneficiado con la reducción de su condena.
En un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.
La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.
Según informaron desde el Poder Judicial, Víctor Donoso no tiene otras causas pendientes, por lo que debería acceder de manera inmediata a la libertad.
Consultado el Ministerio de Justicia, sólo indicaron que acatarán los fallos de los tribunales. No obstante, su visión quedó plasmada en la resolución de la corte, que incluyó los argumentos presentados al tribunal. Ahí indicaron que “ el amparado se encuentra condenado por un delito de lesa humanidad, ilícito que tiene un tratamiento diferenciado y especial atendidas sus características específicas, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional y en el ius cogens como derecho positivo”.
El ministerio añadió que “el Pacto de San José de Costa Rica dispone que los Estados deben asegurar la persecución de dichas graves violaciones y que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, señaló que “esta situación es lamentable y nuevamente nos vemos obligados a presentar nuestros reclamos. Esto, porque no existe una ley que condiga las condenas que se dictan en estos casos”.
El pasado jueves la Corte Suprema había decretado la libertad de otro interno del penal. Se trata del ex cabo de Carabineros Claudio Salazar, condenado por el caso degollados. Se le otorgó la libertad condicional. (La Tercera)
