A través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses a partir de ayer.
Según el escrito, la medida se basa en la aplicación de la ley 19.213 del Código Procesal Penal, donde se persigue lavado de activos.
La definición de este delito apunta a quienes “buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”.
En ese sentido, la fiscalía determina un tratamiento especial a la información contenida en la indagatoria.
Hasta ahora, la causa -que en un principio fue conducida por los fiscales Carlos Gajardo y José Villalobos, y que luego pasó a manos de Chahuán y su equipo-, indaga los pasos de la ex diputada independiente Marta Isasi y del senador de la UDI Jaime Orpis, quienes, de acuerdo a los antecedentes recopilados hasta ahora, recibieron de la pesquera pagos reiterados y fuera de época de campaña mediante el uso de boletas emitidas por terceros.
A su vez, las pesquisas apuntan al ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica -quien ya declaró- y a un ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo.
Uno de los efectos de la medida adoptada por la fiscalía apunta a impedir el acceso a los contenidos de las diligencias a las partes, en especial a los imputados.
En el correo enviado por Chahuán, de hecho, se explicita que de la Ley 19.213, -la que además se creó junto a la Unidad de Análisis Financiero- , se alude al artículo 31. Este apartado especifica que la investigación por delitos que guardan relación con lavado de activos “será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal”.
Respecto del imputado -agrega- “la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término”.
Se establece además que estos delitos serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, más multas de doscientas a mil UTM.
Con todo, la determinación excede el margen de tiempo que posee el fiscal nacional para tener a su cargo la causa, puesto que el 30 de noviembre próximo, Chahuán cumple su periodo y deja el cargo.
