La Convención Constitucional aprobó por 124 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones el cronograma de trabajo para los meses que restan del proceso constituyente.
Durante la deliberación los distintos colectivos expresaron diferencias con la propuesta, sobre todo con respecto a lo ajustado de los plazos. Eso a pesar de que la discusión de la semana pasada y las sugerencias de los colectivos tuvieron como consecuencia que la Mesa y la Secretaría Técnica realizaran una serie de ajustes a la planificación, que precisamente extienden el periodo de deliberación interno de las comisiones.
Uno de los cambios es que las votaciones de normas constitucionales en el pleno recién comenzarán la semana del 7 de febrero, a diferencia de lo que planteaba el cronograma debatido el jueves pasado, que fijaba esa fecha en enero.
De esta manera, se desarrollarán sesiones para deliberar y/o votar prácticamente todas las semanas hasta principios de abril, con excepción de las semanas territoriales.
Esa primera semana de votaciones coincide con una salida territorial de la Convención, por lo que podría suceder que las primeras normas constitucionales se aprueben fuera de la Región Metropolitana.
Cabe mencionar que el cronograma considera el uso de la prórroga establecida en la Constitución vigente, que permite a la Convención Constitucional concluir su trabajo en doce meses y no nueve, como se estipuló originalmente.
«Lo que correspondía era presentar un cronograma distinto, partiendo de la base de nueve meses y eventualmente una extensión y no al revés, como se ha hecho acá, menos incluir los plebiscitos dirimentes dentro de este cronograma«, criticó la convencional Constanza Hube (UDI).
El punto del plebiscito también fue compartido por el constituyente Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), quien llamó a que «hagámonos responsables de una vez, porque realmente no es obra de conspiradores ni de medios de comunicación que la imagen pública de nuestra Convención esté decayendo. Eso también es responsabilidad nuestra en parte».
FECHAS CLAVES DEL CRONOGRAMA
A fines de este mes partirá la difusión y planificación del proceso de consulta indígena y el 6 de diciembre empezará la deliberación interna de los pueblos originarios. Desde el 7 de febrero, los insumos de ese proceso se tendrán que sistematizar.
«Me preocupa enormemente la participación de la consulta indígena, por los plazos. Visualizo una visión más bien simbólica. No podemos poner en riesgo el derecho a la participación indígena durante el proceso constituyente», comentó Margarita Vargas (pueblo kawésqar).
En cuanto a la participación popular, el 8 de noviembre empieza el periodo para el ingreso de iniciativas populares de norma. El último día habilitado para aquello es el 6 de enero, pero hay tiempo hasta el 1 de febrero para que los autores de las iniciativas junten las 15 mil firmas necesarias.
La constituyente Janis Meneses (MSC) valoró la propuesta y afirmó que «el cronograma tiene varias fortalezas: tiene un orden lógico, etapas claras, es una propuesta responsable, enmarcada en el criterio de realidad del trabajo de la Convención». El 4 de enero cambiará la mesa directiva.
Además, el cronograma también fija la semana del 18 de abril para votaciones rezagadas y votación de normas que van a la papeleta del plebiscito dirimente. Ese eventual plebiscito sería el 28 de mayo, sin perjuicio de que es necesaria una reforma constitucional para llevarlo a cabo.
A fines de abril se inaugurará la tercera etapa, la de armonización. El 27 de abril, la mesa directiva debe entregar el borrador de nueva Constitución y la Comisión de Armonización se tendrá que constituir al día siguiente. Esa instancia trabajará durante todo mayo en revisar y velar por la concordancia y coherencia de lo aprobado. Posterior al trabajo de esa instancia, las primeras semanas de junio estarán destinadas a ingresar nuevamente indicaciones al texto de la nueva Constitución.
El proceso completo, según el cronograma aprobado, concluirá la semana del 25 de junio. Ante esa realidad, el constituyente Mauricio Daza (INN) criticó que los plazos eran demasiado ajustados y que «es muy riesgoso, incluso temerario, apostar soterradamente a que a partir de un nuevo gobierno y un nuevo congreso se nos vaya a otorgar un plazo mayor al que existe«.
Por ese motivo, en su intervención Daza propone permitir el trabajo de las comisiones durante las semanas territoriales y eliminar esas mismas semanas en enero y febrero, lo que requeriría una reforma al reglamento general.(Emol)
