En un paso decisivo para resolver uno de los conflictos habitacionales más complejos del país, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permite la expropiación de los terrenos del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. La medida contempla una inversión estatal de $10.990.904.000.
El presupuesto asignado tiene como objetivo principal iniciar el proceso de radicación de las 4.000 familias que actualmente residen en el terreno usurpado. Desde el Gobierno, el ministro Carlos Montes enfatizó que esta vía fue elegida para evitar una crisis humanitaria mayor, dado que un desalojo forzoso afectaría a más de 10 mil personas, incluyendo a cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes.
DISEÑO Y URBANIZACIÓN
Tras la validación de la Contraloría, el Minvu entrará en una fase operativa que implica la convocatoria de entidades patrocinantes. Según detalló el ministro Montes, el plan de trabajo probablemente se subdividirá en tres o más áreas para abordar la compleja tarea de la urbanización de los terrenos.
«Tenemos que empezar a pensar en la urbanización», señaló el secretario de Estado, explicando que este hito abre el camino para el diseño de un plan habitacional integral. Este proyecto no solo buscará regularizar la situación de quienes habitan la toma, sino que también pretende integrar a diversos comités de vivienda que se encuentran postulando por la vía regular, buscando equilibrar la urgencia de la megatoma con la demanda de las familias que llevan años en espera.
Con esta expropiación, se pone fin a la incertidumbre legal sobre la propiedad de la tierra y se inicia el proceso de transformación del asentamiento informal más grande de Chile en un barrio con servicios básicos y planificación urbana. (NP-Gemini-Bio Bio)
