Después de un mes de trabajo, la Contraloría General de la República comenzó a evacuar los primeros antecedentes de la investigación especial que llevaba adelante en La Moneda tras una serie de acusaciones de intervencionismo en el marco de la campaña informativa del gobierno de cara al plebiscito del 4 de septiembre.
En ese sentido, las primera conclusiones del órgano liderado por Jorge Bermúdez apuntan a que la Secretaria General de Gobierno (Segegob) –organismo liderado por la ministra Camila Vallejo y en donde se centró la indagatoria debido a que era el encargado de llevar adelante la campaña-, acreditó el cumplimiento de la Ley de Compras.
Fue justamente el 26 de julio cuando se inició la indagatoria que llevó a funcionarios de la Contraloría a apersonarse en dependencias del gobierno. Esto frente a las acusaciones que habían surgido desde la oposición, específicamente del Partido Republicano, en torno a que el Gobierno de Gabriel Boric estaba favoreciendo a la opción Apruebo.
“Yo estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otro opción, pero sí tiene el deber de informar, y nos vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados”, aseguró Boric el pasado 27 de julio abordado por el tema.
Así, el 26 de agosto, el equipo de Auditorías Especiales de la Contraloría evacuó un avance de las indagatorias revisadas en donde se da cuenta que llevó a cabo una revisión de las contrataciones efectuadas por la Segegob en el marco de la campaña informativa, así como también verificó la recepción y distribución de los ejemplares de la propuesta de nueva Constitución que están siendo entregados por el Ejecutivo en distintos puntos del país.
En ese sentido, el órgano fiscalizador determinó que la cartera liderada por Camila Vallejo dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas y que regula las contrataciones de bienes y servicios. Esto en relación a los procesos licitatorios relativos a concepto creativo y producción audiovisual para la campaña de la consulta ciudadana.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la indagación, explicaron que este primer análisis no quiere decir que no exista ningún tipo de irregularidad en el actuar del gobierno.
Asimismo, la Contraloría dio cuenta, a través de visitas inspectivas y las guías de despacho, que el proveedor a cargo de la realización de los ejemplares impresos de la propuesta constitucional entregó a la cartera un total de 310.392 copias. Del mismo modo se dio cuenta de que al 16 de agosto de 2022 no se habían concretado pagos a los proveedores de los servicios.
En ese sentido, la Contraloría examinará dichos aspectos durante la segunda fase de la investigación especial que lleva en dicha cartera, que será cuando se concreten los pagos. También se determinó que la cartera de Vallejo no había transferido recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.
Minutos después de que se dieran a conocer la primera etapa de resultados de la investigación, la ministra Vallejo ocupó sus redes sociales para referirse al tema.
“Es una buena noticia el resultado del informe que entrega Contraloría, lo que está en línea de lo que siempre hemos dicho: desde el ministerio trabajamos bajo rigurosos procesos, orientados a los principios de transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos”, dijo.
Y agregó: “En medio de este ambiente en el que ciertos sectores han intentado instalar mentiras, el informe de Contraloría esclarece que estamos cumpliendo nuestro rol de informar bajo la máxima responsabilidad. Insistimos e insistiremos, la información es un derecho”.
Quien también destacó el resultado fue el titular de la Segpres, Giorgio Jackson. “Dijimos que el Gobierno colaboraría con todo lo necesario y que era bueno despejar lo antes posible las acusaciones infundadas. La ministra Camila Vallejo ha realizado una impecable labor y el gobierno seguirá cumpliendo su rol para garantizar un voto libre e informado”, sostuvo. (La Tercera)
