La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, emitió un nuevo dictamen a solicitud de la Corporación Municipal de San Miguel que establece la improcedencia de que estas entidades paguen las remuneraciones íntegras a sus trabajadores con contrato bajo el Código del Trabajo que estén haciendo uso de licencias médicas.
El dictamen explica que las corporaciones municipales, si bien forman parte de la administración municipal del Estado, son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Su finalidad es la gestión de servicios traspasados en las áreas de educación, salud y atención al menor.
La resolución aclara que estas corporaciones perciben financiamiento de origen fiscal y aportes municipales. No obstante, esos fondos públicos están destinados a una finalidad concreta, por lo que solo pueden ser empleados en los objetivos específicos para los que fueron conferidos.
El documento enfatiza que las corporaciones están sometidas a un régimen jurídico especial de Derecho público, lo que impide que sus recursos sean empleados libremente, a diferencia de otras entidades completamente privadas.
Respecto al sistema de licencias médicas, la Contraloría recuerda que la normativa vigente establece que el trabajador puede gozar de un subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión o de su remuneración, o de ambas, en la proporción que corresponda.
El dictamen de Pérez es categórico al señalar que no existe normativa alguna que autorice a las corporaciones municipales a destinar recursos públicos para anticipar el pago de dichos subsidios o para otorgar montos mayores a los establecidos en la ley vigente.
Por lo tanto, la contralora determinó que resulta improcedente que una corporación municipal destine recursos públicos para anticipar el pago de estipendios a los trabajadores con licencia. Permitir esta práctica, advierte la Contraloría, podría implicar un daño a la eficiencia en la gestión de los recursos financieros de las corporaciones al otorgar derechos excesivos que menoscaben su patrimonio.
Este dictamen se enmarca en la activa arremetida de fiscalización de la contralora Pérez sobre el uso de recursos públicos, la cual ha incluido cruces de datos para detectar a funcionarios con licencia médica que viajaron al extranjero.
Se prevé que esta resolución, despachada el 18 de noviembre, genere molestia en las organizaciones municipales. Al igual que en casos anteriores, es altamente probable que el dictamen sea impugnado mediante un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, hasta la fecha, la contralora Pérez se mantiene invicta ante la judicialización de sus resoluciones. (NP-Gemini-La Tercera)
