La Contraloría General de la República (CGR) ha instruido la apertura de una investigación especial sobre la ONG Trekan, tras detectarse un significativo aumento en los montos de convenios suscritos con el Estado durante la actual administración. La decisión del organismo fiscalizador surge a raíz de una denuncia presentada por la diputada Paula Labra (RN) y una investigación periodística que reveló que la organización ha recibido más de $6 mil millones desde arcas gubernamentales en el periodo en curso.
Según el Registro Central de Colaboradores del Estado, los convenios de la ONG pasaron de sumar $507 millones en 2020 y $394 millones en 2021, a montos que se dispararon a $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones en los años siguientes, respectivamente.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el principal socio de Trekan bajo el actual gobierno, aportando $2.200 millones principalmente para iniciativas de violencia contra la mujer. La ministra Orellana, al ser consultada previamente sobre la situación, había defendido los traspasos, señalando que los servicios fueron «licitados» y que las contrataciones no se realizan «a dedo».
No obstante, la denuncia levanta suspicacias respecto a otras reparticiones. La Subsecretaría de la Niñez ha entregado $998 millones, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), $689 millones. En relación con MIDESO, se cuestiona un hecho ocurrido en 2022 en Punta Arenas: la ONG Trekan compitió por la licitación del “Plan Habitabilidad 2022” y fue declarada desierta al no alcanzar el puntaje mínimo requerido. Sin embargo, según la denuncia, la organización se adjudicó el proyecto de todos modos a través de un trato directo, eludiendo el concurso público.
La diputada Labra catalogó la apertura de la investigación como una «buena noticia» y advirtió que el caso «es perfectamente plausible que se transforme en un nuevo caso convenios», haciendo alusión a los vínculos políticos del director de la ONG. La congresista cuestionó que el presidente del directorio, Jonatán Fuentealba, sea hermano de Isaac Fuentealba, un conocido asesor y colaborador de campañas del Frente Amplio en la región de Valparaíso.
Desde la ONG, consultados en la investigación inicial, han descartado cualquier irregularidad y negaron que Isaac Fuentealba sea o haya sido parte de la organización, asegurando además que ninguno de sus directores posee militancia política. La Contraloría General de la República se comprometió a que, una vez finalizada la indagatoria, los resultados serán comunicados oportunamente y publicados en su sitio web institucional. (NP-Gemini-Contraloría-Bio Bio)
