La Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe N° 400 de 2025, revelando serias deficiencias en la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la «Tía Rica». La auditoría, que abarcó los años 2023 y 2024 en la Casa Matriz, detectó un volumen inusual de transacciones por parte de usuarios recurrentes, sugiriendo un uso distorsionado del sistema de empeño estatal.
| Año | Usuarios Recurrentes | Frecuencia Máxima | Monto Total |
| 2023 | 4.769 | Hasta 229 veces | $7.139 millones |
| 2024 | 4.895 | Hasta 230 veces | $7.290 millones |
Estas cifras implican que existen personas que acuden a empeñar bienes prácticamente todos los días hábiles del año, lo que encendió las alarmas del ente fiscalizador respecto a la naturaleza de estas operaciones.
VÍNCULOS CON EL DELITO Y FALTA DE ACCIÓN
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la relación entre los servicios de la DICREP y personas con antecedentes penales. Según la CGR, 1.681 personas con prontuario policial realizaron operaciones por un total de $1.507 millones.
El informe destaca que, en muchos de estos casos, los usuarios no recuperaron las especies empeñadas. A pesar de estos indicadores de riesgo, la institución no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes, permitiendo que el servicio funcionara potencialmente como un mecanismo para obtener liquidez inmediata a partir de bienes de origen dudoso.
DEBILIDADES ESTRUCTURALES EN EL CONTROL
La auditoría identificó una ausencia casi total de procedimientos básicos de seguridad, lo que habría facilitado la entrada de especies robadas al circuito legal de la DICREP. Entre las fallas detectadas se encuentran:
Identidad y Procedencia: Falta de verificación rigurosa de los datos personales y de la licitud de los objetos empeñados.
Sistemas de Alerta: Inexistencia de mecanismos automáticos para detectar usuarios con comportamientos sospechosos o frecuencias de empeño fuera de la norma.
Falta de Coordinación: Nula comunicación con las policías (Carabineros o PDI) para cruzar números de serie y modelos de objetos con bases de datos de artículos robados.
Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas y envió todos los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos. Asimismo, se ordenó a la DICREP implementar un plan de fortalecimiento de controles de manera inmediata. (NP-Gemini-Emol)
