El proceso se inició el 13 de agosto y ese mismo día comunidades de Melipeuco y Cunco llamaron a su «rechazo». Los incidentes impidieron que la reunión programada en el Gimnasio Municipal de Melipeuco se realizara y obligaron a suspender la instalación de los equipos del Gobierno en la comuna.
Al día siguiente, cuando estaba previsto un encuentro en Curacautín, el conocido dirigente mapuche Alberto Curamil, difundió un video junto con un comunicado en el que escribieron: “Las comunidades reunidas en Curacautín rechazan la consulta indígena, por no ser vinculante, ni pertinente. Consideran que es un negocio para las grandes empresas. Además, no respalda el valor de los roles espirituales del pueblo ni su propia forma de organización”.
También el 14 de agosto, a través de un comunicado, las asociaciones y comunidades mapuche de las comunas de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar rechazaron la consulta, argumentando que «el nuevo sistema de tierras atenta contra nuestro derecho ancestral a la tierra, porque reduce nuestra lucha histórica a simples actos administrativos y lógicas de mercado«. Y el 15 de agosto comunidades de San Juan de la Costa nuevamente rechazaron el proceso “por considerarlo engañoso y de mala fe, y que vulnera el principio de consulta libre previa e informada”.
Para hoy está convocado un encuentro en la Universidad Católica de Temuco que llamaron “Nutramkawun: consulta paz y entendimiento. Nuevo despojo territorial” y el jueves 28 de agosto está convocada una marcha “por la defensa del territorio”, en cuyo volante se lee: “No habrá paz ni entendimiento en estado de excepción y con más de 100 presos”. Rechazan la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento y la “consulta de punto final”; y cierran con la consigna: “La tierra no se arrienda, ni se vende. La tierra se recupera y se defiende”. 
Los hechos hacen recordar la anterior consulta indígena que abordó el tema de las tierras realizada en 2019, cuando Alfredo Moreno, quien fue copresidente de la Comisión para la Paz, era ministro de Desarrollo Social. La consulta abordaba 11 puntos, pero no pasó de la fase de entrega de información ya que el proceso fue boicoteado.
El punto de aquella consulta que encendió la discordia rezaba: “Permitir la venta de tierras indígenas, entre indígenas, a partir de los cinco años contados desde su entrega”; lo cual se tomó como que se buscaba “desproteger las tierras indígenas”, “en favor de intereses económicos y de mercado. Lo que conlleva a la fragmentación de las comunidades indígenas hasta hacerlas desaparecer. Siendo este el verdadero motivo para modificar la Ley Indígena, es decir satisfacer los intereses del empresariado”. Esto según una interpretación hecha en aquel entonces en una de las reuniones, durante una incipiente etapa del proceso.
En los días que se trató de llevar a cabo la consulta se difundió información falsa y los encuentros derechamente no podían ni siquiera iniciar debido a los desórdenes.
La consulta comenzó el 22 de mayo y el día 13 de junio el entonces Presidente Sebastián Piñera nombró a Sebastián Sichel como nuevo ministro de Desarrollo Social. La designación terminó de ponerle la lápida al proceso. Sichel primero informó la suspensión de la consulta y el proceso se dio por concluido en noviembre de 2019. Para ello se argumentó que durante las primeras reuniones de la etapa de planificación hubo “diversos hechos de violencia”.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Ahora el punto en discordia parece ser el mismo. Dentro de las recomendaciones finales de la Comisión para la Paz y el Entendimiento se lee que “se podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería y otros contratos de mera tenencia, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche”, cumpliendo con ciertos requisitos.
Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, aclaró, según una nota de prensa difundida por Conadi, que la propuesta de la Comisión sugiere “nuevas opciones contractuales a contratos mera tenencia, con ciertas restricciones, manteniendo la inalienabilidad de la tierra, es decir, que no se podrá enajenar, ni podrá perder la propiedad de la tierra indígena”.
No obstante, las comunidades mapuche Pehuenche de Melipeuco y Cunco el 13 de agosto, en lugar de participar del proceso impulsado por el Gobierno para seguir con las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, optaron por recoger firmas en rechazo a la consulta, y realizaron una declaración pública en la que plantearon haber sido “abiertamente excluidos” de la Comisión para la Paz y opinaron que el informe final de dicha instancia “transgrede” los principios de la espiritualidad mapuche. Asimismo, advirtieron que “la consulta en relación al nuevo sistema de tierras tiene por objetivo permitir que nuestras pocas tierras entren al mercado”.
El rechazo no se ha limitado a La Araucanía. El 13 de agosto se reunieron en esa ciudad representantes de comunidades, asociaciones, autoridades tradicionales y la Junta General de Caciques de la Provincia de Osorno que, al final de su encuentro emitieron una declaración en la que señalan que se rechaza la consulta “por considerarla dañina, de mala fe y sin voluntad política para darle una real solución a nuestra demanda histórica”. Además, consideran que la consulta “no representa una solución, sino un punto final a nuestra demanda histórica, lo que perjudica el futuro de nuestro pueblo y nuestras generaciones venideras”.
También aluden a otras de las recomendaciones de la comisión como que haya formas alternativas de reparación –distintas a la tierra–, y dicen que la educación y la vivienda “son derechos sociales ya adquiridos”. La declaración la firma la Junta General de Caciques: Cacicado Cuinco-Rahue; Cacicado Quilacahuín; Cacicado Riachuelo-Río Negro, Cacicado San Juan de la Costa.
En la misma línea, el día que no se pudo hacer la actividad en Melipeuco, Diego Manquilef, presidente de la Comunidad Juan Manquilef, dijo a Radio Biobío que la consulta representa un “incentivo perverso”. “Nosotros tenemos una deuda histórica. Tenemos un territorio ancestral de 10 millones de hectáreas y nos dicen que van a haber incentivos económicos para el cierre de la demanda de tierras: ‘ustedes van a poder recibir becas’, ‘ustedes van a poder recibir casas’. Eso es una estupidez, una ridiculez. Nosotros no vamos a hipotecar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y nietos por dinero”. Y Roberto Melillán, werkén elegido por las comunidades de Melipeuco y Cunco, señaló que “hacemos un llamado a las comunidades mapuche del wallmapu a no dejarse engañar, y llamamos a rechazar este proceso de consulta que pone en riesgo nuestros derechos al modificar la Ley Indígena 19.253, cuyos últimos recursos quedarán desprotegidos, poniendo en riesgo a las futuras generaciones mapuche”, según consignó el Diario Austral de La Araucanía.
La Comisión para la Paz busca poner un cierre a la demanda de tierras indígenas por el artículo 20, letra b, de la Ley Indígena, para ello calcularon la demanda total de tierras indígenas, y concluyeron que para saldar la demanda actual y futura de tierras del pueblo mapuche se requerirían comprar 486 mil hectáreas, destinando un monto de 4.000 millones de dólares.
“FUEGO AMIGO” EN LA CONSULTA INDÍGENA
Quienes también se han mostrado en contra de la consulta son la consejera Nacional Mapuche ante Conadi, Ana Llao, y el exasesor del director nacional de Conadi, cuando el cargo estaba en manos de Luis Penchuleo, Pedro Mariman.
Llao considera que la consulta y las modificaciones que se pretenden hacer en materia de tierras “atentan contra el espíritu central de la norma (Ley Indígena) y vulneran los derechos territoriales de los pueblos originarios” y criticó que “lo mínimo es que nuestro pueblo sepa con claridad qué se está consultando, y eso hoy no está ocurriendo. No se puede cumplir con un trámite formal mientras se desconoce el consentimiento real de las comunidades”.
En tanto, Mariman –que en ocasiones incluso asistía a reuniones en representación del director nacional de Conadi– difundió un escrito en el que cuestiona el proceso considerando que “lo más preocupante no es el contenido técnico de la propuesta, sino lo que revela sobre el estado de la política pública en materia de tierras. Al declarar el sistema actual como insostenible y proponer uno nuevo con límites presupuestarios y temporales, la Comisión para la Paz y el Entendimiento está, en el fondo, reconociendo la inexistencia de una voluntad política por parte del Estado”. Agrega que “el reclamo mapuche por tierras y territorio, que debería ser abordado como una deuda histórica de reparación continua, se reduce a una operación contable con fecha de término. No se busca reconciliación, sino clausura. No se propone una paz basada en la justicia, sino en el agotamiento administrativo de la demanda. Este no es un sistema de tierras, es una fórmula para asegurarse que la demanda histórica mapuche por tierras pase, de una vez por todas, a la historia”.
Richard Caifal, director del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam y exgobernador de Cautín, al comparar la consulta de 2019 con la actual, afirma: “Lo que pasa es que la consulta anterior estaba cruzada por acciones de carácter político-ideológico. En esta oportunidad, la oposición no ha realizado algún tipo de acción que vaya en contra de la consulta. Lo que ha habido es el fuego amigo de los propios colaboradores o aliados del Gobierno”.
Al considerar las posiciones de Llao y de Mariman, Caifal reitera: “No es la oposición la que realiza las acciones o promueve los rechazos, es el fuego amigo del Gobierno el que en este caso está liderando esta seguidilla de acciones”.
A eso le suma las informaciones contradictorias que han difundido funcionarios del Gobierno sobre la consulta. Por ejemplo, Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz, dijo a El Líbero que la consulta “no se propone una reforma a la Ley Indígena, ni una derogación”; pero el director nacional de Conadi, Álvaro Morales, dijo a Radio Biobío que sí se harían modificaciones en el artículo 20 b), por medio de una ley especial delimitada entre el Biobío y Los Lagos.
Días después, el encargado Regional del Plan Buen Vivir y Secretario Ejecutivo del proceso de consulta en La Araucanía, Marcelo García, dio pie atrás a lo dicho por Morales y planteó que lo que se busca es un “complemento” al artículo 20 b), y no una modificación.
“En general, ha habido un apoyo al trabajo de la comisión y posteriormente a la idea de mejorar la ley, de eso no cabe duda, pero como también lo he señalado, esta confusión desde el punto de vista comunicacional creo que ha afectado… Hay contradicciones al momento de realizar esta convocatoria y eso genera confusión básicamente en los líderes, porque lo que todos esperarían es que la ley se mejore, pero cuando hay versiones contradictorias queda la duda”, señala Caifal.
“Las redes sociales hoy en día tienen una celeridad respecto de la cual la autoridad no alcanza a reaccionar y no alcanza a especificar. Creo que las redes sociales también están influyendo al momento de generar esta confusión en la información”, agrega el exgobernador de Cautín.
HASTA LA CORTE SUPREMA
El mismo 13 de agosto un recurso de protección presentado el 26 de julio ante la Corte de Apelaciones de Temuco escaló hasta la Corte Suprema.
La acción legal, presentada por la werkén, Gloria Cayupi, tiene como fin frenar la consulta indígena. En principio la Corte de Apelaciones lo había declarado inadmisible, pero Cayupi presentó un recurso de reposición que, igualmente, fue rechazado por la Corte de Apelaciones, pero elevó la apelación a la Corte Suprema que deberá pronunciarse.
En el recurso de protección se argumenta que “pretender aplicar un proceso de consulta indígena solo en cuatro regiones del país, resulta del todo caprichoso o arbitrario y, absolutamente contrario a derecho, toda vez que las miles de personas que se verían afectadas por la medida legislativa pero que, residiendo en regiones distintas a las consideradas, serían excluidas o discriminadas, vulnerando de manera artera el principio de igualdad ante la ley”. En la reposición ejemplifica con que “las personas que se autoidentifican como indígenas y, que residen en la Región Metropolitana superan las 545.000, las cuales no serán consultadas aun cuando las medidas les afectarán de manera directa”.
El mismo aspecto es cuestionado por la Junta General de Caciques de la Provincia de Osorno que en su escrito señala que “este es un proceso que no nos considera a todos”, y exigen “que se considere el territorio completo, incluyendo todas las regiones del país, y se incluyan a las asociaciones y comunidades de sectores rurales y urbanos para la restitución, ya que nuestros hermanos y hermanas no están en esos lugares por su voluntad, sino como parte del despojo forzado y el empobrecimiento de nuestra gente”.
El diputado Jorge Rathgeb (RN) opina, incluso, que la consulta debiera ser “lo más amplia posible, porque no solamente esta decisión pudiese afectar a todo el mundo indígena, sino que también a otras personas que no lo son. Por lo tanto, creo que quien pudiese opinar o participar en este proceso, lo debería hacer también”. Eso no implica solo las cuatro regiones de la Macrozona Sur sino “que también pudieran participar personas que no pertenezcan a pueblos indígenas”.
El proceso de consulta indígena prevé cinco etapas que son: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización. Actualmente se lleva a cabo la fase de planificación, “en la que se definirán los roles, intervinientes, metodología, lugares, mecanismos y registro de reuniones del proceso”, de acuerdo con información dada a conocer por Conadi.
HUENCHUMILLA: «CONSULTA PODRÍA FRACASAR»
En entrevista con CNN, el senador Francisco Huenchumilla, quien copresidió la Comisión para la Paz, se refirió a un eventual “fracaso” de la consulta indígena y dijo que “ese va a ser un problema no del Gobierno o la oposición, va a ser un problema para el país, porque la pregunta es qué sigue después. Yo he dicho lo siguiente: a mí me llamaron a dar una solución para las 2.000 comunidades que están pidiendo tierras y nosotros propusimos una solución para esas 2.000 comunidades”.
Sin embargo, reconoció que el proceso “podría fracasar porque los dirigentes mapuche tienen la libertad para aprobar o desaprobar esta consulta, pero ellos tienen que tener la responsabilidad de decirle a las 2.000 comunidades qué es lo que pasa si lo rechazan. Van a seguir con el sistema en que hay 2.000 comunidades que están demandando casi 400.000 hectáreas, donde se compran 15 o 20 predios al año y si se sigue con el actual sistema eso se va a demorar 150 años. Esa responsabilidad la tienen los dirigentes de las comunidades mapuche que tienen que decidir y si deciden rechazar a las comunidades tienen que darle una explicación de qué es lo que sigue”.
INDICADOR DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD
En la semana transcurrida entre el 11 y el 17 de agosto no se registraron hechos de violencia en la Macrozona Sur. Tampoco hubo detenidos o condenados. En el mes de agosto han ocurrido 2 hechos de violencia. (El Líbero)
