La Constructora San Felipe S.A. -que fue fundada en 1982 por tres socios- fue declarada en quiebra por la justicia durante esta semana.
Cabe recordar que en agosto de 2023, la Unidad de Investigación de BBCL publicó una nota que reveló que un trabajador de esta firma estuvo involucrado en un caso de coimas y corrupción, junto con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas en Arica y Parinacota.
Y en paralelo a ese caso, algunas de las obras más importantes de la constructora en el último tiempo fueron ejecutadas en la zona del norte del país.
DECLARACIÓN DE QUIEBRA
Ante pasivos de al menos $19 mil millones, la empresa solicitó su reorganización a fines del año pasado, conforme a lo indicado por Diario Financiero.
No obstante, sus acreedores -entre ellos Copec y BancoEstado- no aceptaron la propuesta que se puso sobre la mesa.
De acuerdo al citado medio, la Constructora San Felipe S.A. ahora podría comenzar a liquidar sus activos (maquinaria avaluada en unos $6 mil millones) con el fin de concluir sus contratos (con el Estado y empresas mineras) y las obras vigentes.
Diario Financiero detalló que en el último tiempo la empresa llegó a emplear a más de 700 personas.
Su complicado escenario financiero, se explicó, comenzó durante la pandemia, cuando por temas de restricciones sanitarias vivió una disminución de las obras. A ello se sumó el alza de costos de materiales.
Si bien en 2022 logró repuntar su productividad, ello no resultó suficiente.
CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN
En los últimos cinco años el rubro de la construcción ha enfrentado una crisis de considerable envergadura.
Hace poco más de tres meses, desde la Cámara Chilena de la Construcción expresaron que no habían podido recuperar 110.000 puestos de trabajo respecto del peak que se observó en 2019.
La “permisología” (burocracia en la obtención de permisos), los sobrecostos y la falta de inversión, apuntaron, serían los principales problemas que afectan al sector.
De manera general, esos problemas se arrastran desde el estallido social (2019) y se profundizaron en la pandemia.
A ello, se suma el estancamiento en el que se encuentra sumida la industria inmobiliaria. De hecho, el Gobierno tomó medidas para agilizar la venta de viviendas nuevas.
Fue así como el Ejecutivo lanzó facilidades para que la clase media pudiera comprar casas o departamentos (beneficio tributario extraordinario para la adquisición de viviendas nuevas); y a la vez así reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción.
En la misma línea, el primer trimestre de 2023 entró en vigencia el beneficio que consiste en el acceso a un 10% de Garantía Estatal para el pie de los créditos hipotecarios. (Bio Bio)
