En lo oficial, la primera etapa del proceso constituyente terminó el día que venció el plazo para subir las actas que permitían validar los encuentros locales auto convocados. El Gobierno rápidamente sacó cuentas alegres y dijo que se habían recibido más de 9 mil actas y se habían contabilizado 109 mil participantes totales.
El Consejo de Observadores, algo más cauto, dijo que todavía no era el momento de hacer balances ni menos de cantar victoria. Sin embargo, hubo un elemento que, en ese entonces, no se tenía en cuenta: se detectaron inconsistencias en más de mil de las actas recibidas.
Cuando el 3 de julio pasado se terminó el proceso de recolección de actas, la Secretaría General de la Presidencia elaboró un informe con detalles y cifras sobre la etapa de los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA). Justo dos semanas después ese material fue entregado al Consejo de Observadores Ciudadanos, quienes al analizar el informe, repararon en un dato particular. Según el documento hubo 1.231 actas que fueron calificadas como “observadas”.
Según explicaron funcionarios de Gobierno a los miembros del Consejo, la categoría de “observada” se le entregó a aquellas actas en que el organizador del encuentro subió información parcial o incompleta o bien porque se encontraron inconsistencias entre el acta física y la información digital registrada en el servidor web.
Además, quedó establecido que la categoría de “acta observada” sería una calificación transitoria ya que serían los facilitadores los que determinarían si el acta terminaba por ser aprobada o de plano se rechazaba.
Sin embargo, todavía no existen detalles de qué pasó ni por qué razones específicas esas actas fueron objetadas. Es por esto que el Consejo de Observadores decidió oficiar al Gobierno para aclarar este punto cuanto antes.
En el oficio dirigido a la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, los observadores piden que se diga con exactitud cuántas actas fueron objetadas por falta de información y cuántos casos se registraron por inconsistencias entre el acta física y los datos digitales entregados.
En caso de que haya actas que fueron desechadas, los observadores piden al Ejecutivo que se informe inmediatamente al organizador de dicho encuentro local, que se entreguen los antecedentes a los afectados para que puedan apelar a la decisión y que se informe de todos los detalles del procedimiento al Consejo de Observadores.
Además, el Consejo de Observadores solicita que una vez que se defina qué pasará con las actas objetadas, se les informe “con la mayor exactitud y a la brevedad posible”.
La idea, dicen los observadores, es hacer un seguimiento detallado del destino de cada una de las actas para evitar posibles cuestionamientos al proceso.
Por otra parte, la preocupación de los miembros del consejo apunta a que sólo asegurándose de que todas las actas serán consideradas podrá garantizarse la completa pluralidad del texto “Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución” cuyos insumos son justamente las actas.
Pero este no es el único oficio enviado por el Consejo de Observadores. Esto, porque el grupo también decidió enviar un segundo oficio al ministro del Interior, Mario Fernández, para pedirle que diera respuesta a un oficio previo donde se le solicitaba tomar medidas concretas para asegurar la protección de datos de quienes participan del proceso constituyente. Aunque el jefe de gabinete ya se reunió con el equipo técnico encargado de la protección de datos, las conclusiones de la cita y eventuales decisiones tomadas al respecto todavía no han sido comunicadas a los observadores.
Por el momento los consejeros están a la espera de una respuesta por parte de La Moneda. De recibirlas durante esta semana los temas -actas objetadas y medidas sobre protección de datos- serían analizados en la tradicional reunión que el Consejo de Observadores sostendrá el próximo lunes. (Pulso)
