El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, fue condenado este jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo y al pago de una multa, tras ser hallado culpable de violar el secreto judicial. La condena representa un revés significativo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido reiteradamente al fiscal, nombrado a propuesta de su Ejecutivo de izquierda en 2022.
García Ortiz, quien siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue sentenciado a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid y figura clave de la oposición de derecha, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal fue acusado de filtrar a los medios información sobre la investigación por fraude fiscal contra González Amador.
La condena impacta directamente en la estabilidad del Gobierno de Sánchez, que ya enfrenta otras causas judiciales que afectan a su esposa, su hermano menor y excolaboradores cercanos. Fuentes cercanas a la presidencia informaron a la AFP que el Gobierno «respeta el fallo, pero no lo comparte», y anunciaron que «en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado».
La oposición reaccionó con dureza. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), lamentó que sea «por primera vez en democracia» que un fiscal general del Estado es condenado en el cargo y exigió a Sánchez pedir «perdón a los españoles». Miguel Tellado, secretario general del PP, sostuvo que la inhabilitación del fiscal «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir» gobernando. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, la extrema derecha, lanzó una crítica más fuerte, afirmando que Sánchez «acabará en la cárcel».
El origen del polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia. En marzo, diversos medios publicaron detalles sobre las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado del empresario para lograr un acuerdo de culpabilidad a cambio de evitar la prisión. González Amador recurrió a la justicia, convencido de que el fiscal general había orquestado la filtración para perjudicar a su pareja, Díaz Ayuso. Pese a que varios periodistas declararon en el juicio que García Ortiz no fue la fuente, el Supremo decidió condenarlo. González Amador será juzgado próximamente por el fraude fiscal que desencadenó esta cadena de acontecimientos. (NP-Gemini-Emol-AFP)
