El daño que ocasionó a los consumidores finales el cartel del papel tissue entre CMPC y SCA habría alcanzado, entre 2000 y 2011, un perjuicio de US$ 510 millones.
Esa es al menos la conclusión a la que llega el primero de dos informes que hoy, el estudio Bravo Abogados, representando a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), presentará como parte de la primera demanda civil de indemnización de perjuicios.
Según el informe elaborado por Andrea Alvarado, ex economista de la Fiscalía Nacional Económica, los US$ 510 millones, US$ 445 millones de cuales corresponden a CMPC Tissue y otros US$ 65 millones a SCA Chile, se obtuvieron del modelo europeo de cálculo de compensaciones al analizar cerca de 130 casos de colusión.
“Lo que hicimos fue estudiar cifras históricas de los sobreprecios cobrados por empresas coludidas, que tienen un sobreprecio promedio de 20% sobre el precio si hubiese existido un ambiente competitivo. De hecho, el propio fiscal nacional económico (ayer) en su exposición habló de entre 14% y 30% como promedio. Y sobre los balances financieros depurados que hemos conseguido, llegamos a los US$ 510 millones el daño”, explica Alvarado a La Tercera.
En cuanto al modo de pagar a los consumidores este monto, asegura Mario Bravo, abogado patrocinante de la causa, “la ley establece el interés difuso, y en este caso son todas las personas, a través del mecanismo que el tribunal determine”.
Según el jurista, no hay que esperar un fallo ejecutoriado para pedir indemnizaciones -como ocurrió en el caso Farmacias- porque tanto CMPC como SCA ya confesaron haberse coludido.
En todo caso, también adjuntarán un segundo estudio, del economista -también ex FNE- Gonzalo Escobar. Este hace un análisis en base al modelo de “líder seguidor” y con una demanda inelástica. Con dicho esquema sin colusión, el margen sobre costos es de 10,4%. Al llevarlo al supuesto de un mercado coludido, dicho margen se altera hasta un 25%. Por lo tanto, el promedio de sobrecosto en el caso del papel tissue fue de 15%.
De ahí que el cálculo de Escobar estima en US$ 465 millones el daño a los consumidores, los que se dividen en US$ 405 millones de CMPC y US$ 60 millones de SCA.
