A más dos años de la presentación de su informe, y a siete meses de que termine el Gobierno, aún hay 140 medidas diseñadas por la Comisión Engel para combatir la corrupción, los conflictos de intereses y las influencias que no han sido materializadas, mientras que otras 108 sí han sido aplicadas.
Según el Observatorio Anticorrupción, que lideran las organizaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, esto significa que las propuestas de la comisión tienen un 62% de avance, acorde a la metodología que ellos utilizan, que monitorea la presentación de proyectos de ley y aplicación de medidas administrativas.
Entre las áreas más deficitarias están la creación de un servicio de evaluación de políticas públicas, que no tiene ningún avance, y la reforma a los gastos en Fuerzas Armadas, debido a que no ha sido derogada la Ley Reservada del Cobre, cuestionada luego de que la Contraloría detectara pagos sin respaldo a proveedores por US$ 12 millones.
Otros puntos que tienen un retraso son la persecución y sanción penal de la corrupción, la instauración incompatibilidades en el traspaso de empleados entre sector público y privado, la aplicación de la responsabilidad penal de personas jurídicas y el fortalecimiento de la probidad en los municipios.
PROYECTOS DE LEY
Si bien en 2015 y 2016 la producción legislativa en esta materia fue alta, al punto que aprobaron y publicaron 10 leyes de la agenda de probidad, este año ese trabajo se retrasó: “Este año ha sido publicada sólo una ley, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, y por lo tanto estamos súper al debe en aprobación legislativa de estas leyes”, dijo Manuel Arís, director de Incidencia de Espacio Público.
Sobre las iniciativas pendientes, Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, explicó que entre las materias importantes que faltan están la “derogación de la Ley Reservada del Cobre, la que dificulta avanzar en fiscalización para prevenir irregularidades como las conocidas”, y el “fortalecimiento de las facultades técnicas del Congreso (de las comisiones que aprueban el presupuesto), para evaluar cuándo el gasto es pertinente”.
Otro aspecto en el cual no se ha avanzado lo suficiente es el de la persecución de la corrupción. Del Favero planteó que “es importante que el sistema penal sea disuasivo. Hay dos proyectos de ley bastante estancados al respecto, donde no es claro que las sanciones establecidas sean suficientes”.
En ese contexto, los expertos recomiendan que el Gobierno y el Congreso saquen adelante al menos tres proyectos de ley antes de marzo: el de persecución de la corrupción antes mencionado, que está en la Comisión de Constitución del Senado en su segundo trámite; el que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, para establecer estándares altos de transparencia en el organismo, y que está en su primer trámite en la misma comisión; y el que establece inhabilidades e incompatibilidades entre el sector público y privado, también conocida como ley “anti puerta giratoria”, que está en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado, en su primer trámite.
“Basta con que el Gobierno les ponga urgencia para que sean aprobados. En el caso del proyecto contra la puerta giratoria, esa iniciativa está presentada y puede ser incluso perfeccionada, solo falta que nos pongamos a discutir”, dijo del Favero.
Respecto a esa iniciativa, Arís explicó que se atrasó “porque la comisión especial, que preside Ignacio Walker, no es permanente y cuesta que se autoconvoquen para sesionar”. Mientras que el que eleva el estándar ético del Congreso, a través de la creación de una Dirección de Ética, y que “sería un órgano que tendría independencia y que es importante por el desprestigio que enfrentan los parlamentarios, está en la lista de espera” de la discusión. (Pulso)
