El uso de celular durante la jornada escolar se ha vuelto una complicación habitual para los profesores, que además del ausentismo, los problemas de convivencia y las dificultades del aprendizaje, también deben competir contra los teléfonos para captar la atención de sus alumnos en el aula.
La situación es tan crítica y extendida, que algunos colegios ya han avisado que implementarán su prohibición. Es el caso de Colegio San Ignacio El Bosque, de Providencia, que este viernes envió una comunicación a los apoderados para dar cuenta, entre otros puntos, que durante el año escolar 2024 se implementará una nueva política de “no uso de celulares”.
En el punto VI, se explica que “después de un proceso de deliberación, que incluyó consultas a las y los educadores, al Centro de Alumnos (CASI) y al Centro de Padres, Madres y Apoderados (CPMyA), el colegio ha decidido prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles personales durante toda la jornada escolar, en todos los niveles” y que “esto incluye tanto los tiempos de clases como los recreos”.
La medida tiene dos motivos: por una parte, cuidar la necesaria concentración de las y los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y, por otra, fortalecer los vínculos personales, “muchas veces debilitados por la tendencia a aislarse en interacciones virtuales mediante las redes sociales”.
Según pudo corroborar La Tercera, este tipo de prohibición también está siendo adoptada por colegios como como el Santa Úrsula, The Grange School, Los Alerces, San Isidro, Wenlock, entre otros.
La idea de prohibir los celulares en la jornada escolar ya está siendo discutida en el Congreso. Es que la bancada de diputados de Renovación Nacional presentó a mediados de diciembre pasado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares durante toda la jornada escolar y en todos los niveles de educación, hasta enseñanza media.
De acuerdo a la iniciativa, el uso de celulares sólo podrá ser flexibilizado en casos en que el proceso formativo lo requiera y con la venia de la dirección del recinto.
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En otro artículo, la propuesta señala que el Ministerio de Educación deberá promover el uso responsable de la tecnología, en particular las vinculadas a la información, la comunicación y la conectividad digital. Además, que se deberán abordar los riesgos y perjuicios que suponen, aunque asumiendo los aspectos positivos sean un aporte en los avances educativos de los estudiantes.
“Si bien la tecnología presente en los dispositivos móviles puede facilitar el acceso a la información y el propio proceso formativo en sí, también supone riesgos, en especial para los niños y adolescentes, como la posibilidad de acceder a material no apropiado, generar distracción o facilitar incluso nuevos fenómenos delictivos que basan su ejecución en aspectos tecnológicos y digitales”, dice el escrito.
Esta es una medida que ya está siendo implementada en países como Nueva Zelandia, Inglaterra, Francia y Holanda. En otros, como España, el debate también está sobre la mesa. (La Tercera)
