Este 18 de septiembre se cumplen cien años de la promulgación, por parte del Presidente Arturo Alessandri, de la Constitución Política de la República de Chile, llamada coloquialmente la Constitución del 25, que entró en vigencia al mes siguiente. Entre otras disposiciones importantes para el marco institucional, estableció la separación de la Iglesia del Estado y garantizó la más amplia libertad de conciencia y de cultos y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su religión.
Como consecuencias inmediatas, se secularizó la educación pública y se redujo la influencia de la Iglesia en la enseñanza. Asimismo, la Iglesia perdió su influencia en la política y en la vida pública, y disminuyó su papel en la toma de decisiones gubernamentales. Al pasar a ser un Estado laico, éste debe mantener neutralidad en materia religiosa, sin favorecer ni perseguir a ninguna religión, protegiendo la libertad de conciencia. Es importante tener esto en cuenta al momento de discutir los así llamados “temas valóricos”.
Algunas voces han señalado que los obispos, pastores, rabinos y otros líderes religiosos deben hablar a sus fieles, sin pretender incidir en cuestiones que afectan tanto a creyentes como a ateos y agnósticos, como son aquellos temas relacionados con el aborto libre o la eutanasia. ¿Tienen razón? En principio, uno diría que sí. En un Estado laico, los líderes espirituales tienen poco que hacer en el foro público. Esto es evidente si se habla desde la fe, puesto que aquellos que no tienen las mismas creencias no tienen por qué sentirse convocados a escuchar la voz de un determinado pastor. A modo de ejemplo, si el pastor de un credo cualquiera se manifiesta en contra de la eutanasia porque “la vida es un don divino” o porque “sólo Dios da y quita la vida”, es obvio que está hablando a sus fieles. Pero, si se fundamenta desde la razón (por ejemplo, el deber de proteger a los más vulnerables, o la necesidad de aumentar la cobertura de los cuidados paliativos), aún en un Estado laico como el chileno, la Iglesia Católica y otros credos religiosos tienen voces que pueden y deben ser escuchadas. La pregunta es, entonces, cómo debería ser el espacio de influencia de las iglesias en la vida social.
En primer lugar, las organizaciones religiosas tienen derecho a expresar sus opiniones y valores, siempre y cuando no inciten a la violencia o la discriminación. Asimismo, los líderes espirituales pueden presentar argumentos racionales y basados en la evidencia para influir en la política y la sociedad, siempre y cuando sean claros y transparentes. A su vez, la Iglesia puede educar y formar a sus feligreses sobre temas sociales y políticos, y también puede ofrecer programas de formación y capacitación en áreas como la ética y la moral, pudiendo prestar servicios sociales y humanitarios a la comunidad, independientemente de la creencia o afiliación religiosa de las personas.
¿Cuáles debieran ser entonces los límites a la influencia de las iglesias en la vida social? La Iglesia no debe imponer sus creencias a otros ciudadanos o tratar de influir en la política de manera que viole los derechos y libertades de otros. Tampoco debe utilizar su influencia para obtener poder político o ventajas especiales para sus miembros. Pero esto no significa que su voz deba ser acallada si intenta aportar desde la razón al debate público.
En síntesis, la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas pueden tener un papel importante en la vida social en un Estado laico como el chileno, siempre y cuando respeten la diversidad y la libertad de expresión de otros ciudadanos. La clave es que la Iglesia presente argumentos racionales y basados en la evidencia, y que no pretenda imponer sus creencias a otros. De esta manera, los líderes espirituales pueden y deben contribuir al debate público y a la formación de una sociedad más justa y equitativa. Puesto que, al fin y al cabo, las voces que se alzan escandalizadas porque el arzobispo habla en contra de una ley de eutanasia o de aborto libre, están también tratando de imponer sus propias ideas a los ciudadanos e intentan impedir que estas voces sean escuchadas. (El Líbero)
Sofía Salas
