Luego de una semana distrital repleta de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la supuesta «sequía legislativa», los diputados de Chile Vamos retomarán sus labores en la Cámara con una ofensiva coordinada con el Ejecutivo: acelerar la tramitación de proyectos, exigiendo el cumplimiento del reglamento y, si ello no ocurre, buscar sanciones.
En el bloque -y también el propio Presidente Sebastián Piñera- han acusado obstrucción de parte de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, quienes, según ellos, dilatan el trabajo de las comisiones con muchas audiencias y escaso tiempo para discutir las iniciativas prioritarias.
Ante ello, los jefes de bancada de Chile Vamos han transmitido a sus pares que hagan respetar los tiempos en las comisiones, comandadas casi en su totalidad por diputados de oposición. «Hemos acordado, en conjunto con el Gobierno, usar todas las herramientas que la Constitución les concede al Ejecutivo y a diputados para que los proyectos que tengan urgencias se vean lo antes posible», dice el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
De acuerdo con lo acordado, se exigirá que una vez cumplido el plazo de discusión se pase a la sala el proyecto. En caso de que se dilate el tiempo, los diputados presentarán los antecedentes a la comisión de Ética, para que se sancione al presidente de la comisión respectiva.
«Son 45 urgencias y de esas muy pocas están siendo respetadas; evaluaremos, ante este incumplimiento mayoritario, pedirle a la comisión de Ética que resuelva según corresponda si debiese existir sanción», explica Marcela Sabat, subjefa de la bancada de RN.
«Fiscalizaremos fuertemente. Estamos dispuestos a comenzar a censurar a los presidentes que no cumplan», sostiene el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma.
«Una cosa es el fair play que tenemos los parlamentarios al interior de las comisiones y otra cosa es abusar. En la ley de migración ni siquiera se ha votado el artículo primero», grafica el jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez.
El diputado pide también que el Ejecutivo cambie las categorías de las urgencias. «El Gobierno debe estar pensando en no darles el gusto y por eso no quiere pasar a una etapa más ofensiva. En mi opinión, las cosas tienen un límite», afirma el parlamentario.
Además de esta fórmula, los diputados presentarán el martes un informe jurídico a la comisión de Constitución -presidida por Hugo Gutiérrez (PC)- para que se pronuncie por las eventuales infracciones.
En el texto de tres páginas, los parlamentarios piden establecer el incumplimiento de las urgencias y la infracción a la norma -presente en la Constitución, ley orgánica y reglamento del Congreso- que establece los plazos de tramitación y que señala que las iniciativas con urgencia tienen preeminencia sobre otros temas en tabla.
Aunque el objetivo no es una sanción, sí se busca evitar que se dilate el trabajo en las comisiones discutiendo temas que no se relacionan con los proyectos prioritarios. «Lamentablemente es una comisión que opera más con criterios políticos. Es difícil que salga de ahí un informe objetivo; la solución es fiscalizar, recurrir a la comisión de Ética y presentar censuras», reconoce Coloma, miembro de la instancia, en la cual Chile Vamos es minoría.
CRÍTICAS A ELIZALDE
Por otra parte, ayer el comité ejecutivo de la coalición también analizó la polémica por el ritmo del trabajo legislativo y apuntó directamente al presidente del PS, Álvaro Elizalde, como líder de la arremetida contra el Gobierno.
«Álvaro Elizalde ha desarrollado una estrategia con el objeto de desprestigiar la tarea del Gobierno. Decirle a Elizalde, como Chile Vamos, que de una vez por todas se baje de la retroexcavadora y se tome un ‘ Armonyl’. Definitivamente, no está haciendo una oposición ni siquiera obstructiva; es una oposición destructiva», acusó el vocero semanal y presidente del PRI, Eduardo Salas.
«Álvaro, recuerde que hubo ansiedad legislativa en ese gobierno (Michelle Bachelet), un frenesí legislativo. Se presentaron alrededor de 340 mensajes y uno de cada cinco recién pasó la primera instancia», dijo Salas. (El Mercurio)
