Los chilenos se cansaron de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso. De sus aumentos de sueldos y asignaciones, de su incapacidad para abordar y solucionar los problemas reales que reclamaron por años, como la salud y las bajas pensiones; de su inmunidad para eludir la justicia por excesos de velocidad o el financiamiento ilegal. En suma, de sus privilegios. Por eso es entendible que el 80% votara en el plebiscito de octubre del año pasado para que los parlamentarios no participaran en la redacción de la nueva Constitución y esta tarea quedara ciento por ciento encomendada a convencionales electos.
Luego, en la elección de los convencionales en mayo de este año, 4 de cada 10 electores votaron por personas de listas de independientes. Y entre éstas, la Lista del Pueblo, la más rupturista, se convirtió en la cuarta fuerza más votada, donde los personeros que encabezaban las nóminas fueron los grandes favorecidos. El denominador común de todos los independientes electos por su calidad de tales era la fuerte crítica a los partidos políticos y al “modelo”.
Pero a poco andar, en dos meses, esos favoritos demostraron que no eran independientes de los vicios atribuidos a los representantes de los partidos. Al contrario. En la Convención Constitucional se mostraron sectarios, soberbios, se creyeron el cuento del poder para tratar de excluir a sus adversarios; se auto elevaron sus asignaciones jurando que no estaban aumentando el presupuesto, lo que es falso, e intentaron marginar a la prensa de sus discusiones, culpando de todas sus debilidades a la exposición de éstas en los medios de comunicación.
Más que “independientes”, los ciudadanos (no “los pueblos”, como les gusta decir ahora) han caído en cuenta que eligieron muchos personajes de ultra izquierda-anarco-revanchistas que exaltan la violencia y la transgresión de la ley y poseen escasos atributos para redactar una Constitución. Por eso piden la libertad de los “presos políticos” que saquearon e incendiaron todo a su paso y eso explica las frases de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón: “Nacimos del salto del torniquete y hemos tenido que saltar otros torniquetes”. O los saludos que esta influencer, según el la revista Time, envió el 11 de septiembre a “los presos de la revuelta” y a los que optaron por no pagar el Metro e incendiaron la mecha revolucionaria.
La pérdida de confianza en la Convención Constitucional ha sido monumental. El que se vislumbraba como “el” camino de salida de la crisis institucional se va convirtiendo en un problema. Según la CEP, sólo el 24% confía en los “ungidos” para redactar una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco.
¿A dónde mirar ahora? Difícil pregunta cuando la mejor evaluada, según la misma CEP de agosto, es una subsecretaria de Salud y le sigue en tercer lugar el ministro de la misma cartera por el buen manejo de la pandemia. Pero todos, bajo el 50% de aprobación, algo que no ocurría años atrás.
El Congreso, con su populismo legislativo no tiene chances de recuperar la confianza ciudadana. Los sucesivos retiros que han legislado, sin ser capaces de introducir las necesarias modificaciones en el sistema previsional, no les han mejorado su aprobación y por eso aparecen con apenas el 8% de confianza en la última CEP.
Los convencionales no se ven como mejor opción después que la semana pasada decidieron saltarse los torniquetes que les dieron vida y que están en la actual Constitución (el quórum para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas). Van por “matar al padre” y creerse soberanos, lo cual está transformando la apuesta por estos seudo independientes en temor porque venga algo peor.
Pero hay resultados de la CEP de agosto recién publicada que son una esperanza de un giro a la moderación. Después de la rabieta social de 2019, hoy pareciera haber una mayor valoración de la democracia y un leve repunte en el rechazo a la violencia. El sondeo reflejó una recuperación de la confianza en las instituciones, aún insuficiente, pero hay una mayor valoración de ellas, sin las cuales no hay democracia. Carabineros, por ejemplo, que fue el cordero sacrificial de las manifestaciones a partir del 18-O, en diciembre de 2019 tenía un 17% de confianza y en agosto pasado subió a un 26%. Es poco, pero es más que lo que obtiene la misma Convención Constitucional, varios de cuyos integrantes se jactaron de luchar contra ellos en las calles. Los que apoyaron las protestas de octubre de 2019, en cambio, caen de un 55% a un 39% y cunde una menor tolerancia al uso de la violencia como instrumento político.
Parte de la perplejidad y frustración de los chilenos la refleja el hecho que la mitad de los encuestados no sepa ni conteste quién querría que fuera el próximo Presidente de la República. A 60 días de la próxima elección, el campo está abierto a quien logre convencer a ese 82% que no se identifica o simpatiza con ningún partido político, que el programa que ofrece no es en realidad otro pase rápido al infierno terrenal. (El Líbero)
Pilar Molina
