Si hay un diagnóstico que se repite una y otra vez en boca de los candidatos presidenciales, es la ineficiencia del aparato público como causa principal del hastío ciudadano y uno de los problemas institucionales más urgentes de resolver. De ahí que varias de las propuestas en materia programática se enfoquen en recortes sustanciales al gasto, en una selección más meritocrática de los funcionarios y, directamente, en la eliminación de aquellas políticas públicas de bajo o incomprobable desempeño. Sin embargo, tal como advirtió Ignacio Irarrázaval en una reciente entrevista, ningún programa presidencial aborda la modernización del Estado de manera integral, derivando en promesas que él mismo califica de “listas de supermercado”.
Pese a que algunas de las iniciativas mencionadas pueden generar mejoras puntuales en el dinamismo y la efectividad estatal, es notoria la falta de propuestas de fondo frente a uno de nuestros principales desafíos: la ausencia de una arquitectura institucional que asegure la implementación exitosa de nuestras políticas. Hoy en día programas basados en evidencia y diseñados sólidamente no logran los resultados esperados, no solo por la falta de preparación de quienes los ejecutan, sino porque, aunque existe formalmente un sistema de seguimiento y evaluación, aún faltan obligaciones respecto a la calidad de la información entregada, mecanismos estandarizados de ajuste ante resultados deficientes, y una reglamentación clara que obligue a cumplir con las recomendaciones formales.
Así lo ejemplifican los Tribunales de Tratamiento de Drogas, modelo sustentado en numerosa evidencia internacional, que busca intervenir en personas acusadas penalmente con consumo problemático, y el cual, según una evaluación de impacto desarrollada por el BID y Fundación Paz Ciudadana, en nuestro país logró reducir la reincidencia de sus beneficiarios en un 8,7% para el año 2012. Sin embargo, los datos recientes del Poder Judicial evidencian un deterioro sostenido del programa. La falta de seguimiento continuo y la alteración injustificada del perfil delictual de sus beneficiarios derivaron en que, para 2023, se registraran más bajas que egresos exitosos.
Este deterioro no es excepcional. Las últimas fichas de monitoreo de los ocho programas de rehabilitación y reinserción social contemplados en la Ley de Presupuestos 2025 y orientados a población adulta también revelan deficiencias sistemáticas. Bajo este mecanismo de evaluación, tres de los programas carecían de criterios claros de focalización, cinco no presentaron información suficiente para evaluar su eficiencia y dos mostraron sobreejecución presupuestaria sin justificación. Respecto a la eficacia de las intervenciones, una de las fichas señalaba explícitamente la falta de utilidad de su indicador, cinco carecían de datos, e incluso dos mostraron peor desempeño que el año anterior.
Lo más preocupante es que estos no son hallazgos recientes. Se trata de problemas que se repiten año a año sin presentarse solución, llegando al extremo de que existan programas como el de Intermediación Laboral (Pilsa) que llevan más de tres décadas operando sin demostrar resultados suficientemente favorables. Esta persistencia es especialmente grave cuando se trata de políticas públicas de reinserción social, que además de ofrecer una segunda oportunidad a personas en condiciones de particular vulnerabilidad, contribuyen directamente a la seguridad ciudadana, una de las principales prioridades del país. Si realmente queremos reducir la delincuencia, estas deberían ser políticas robustas, capaces de generar impactos concretos y sostenidos.
Mientras la discusión electoral se concentra en cuánto recortar y a quién contratar, seguimos padeciendo a causa de esta gran carencia, sin generar los cambios que necesitamos y minando la confianza ciudadana frente a la mediocridad de los resultados. Los programas sociales son la forma en que el Estado materializa su compromiso con los ciudadanos. Construir la capacidad institucional para que cumplan efectivamente ese compromiso no debería ser optativo, sino una prioridad para quienes aspiran a gobernar el país. (El Líbero)
Francisca Undurraga
