En 2014, el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda envió algo más que correos electrónicos a los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross Wiesner y Juan Silva Menares.
Según la investigación de la Fiscalía de O’Higgins, liderada por el fiscal regional Luis Toledo, Díaz también habría realizado una serie de transferencias bancarias, a través de las cuales concretó pagos a ambos empleados, quienes en ese periodo tenían un rol clave dentro del municipio para gestionar el cambio de uso de suelo.
Las gestiones que se realizaron para que se cambiara el uso de suelo son clave, ya que esto aumentaría exponencialmente el valor de los terrenos.
Ross era la arquitecta que lideraba la iniciativa urbana y Silva ocupaba el cargo de director de Obras. Según los argumentos que esgrimió el CDE en su acción judicial, Díaz habría realizado 13 depósitos en las cuentas bancarias de Silva y Ross, por cerca de $ 40 millones en total. El gestor fue querellado por el presunto delito de soborno, y los ex funcionarios por eventual cohecho.
Según consigna el requerimiento del organismo, entre el 9 de junio de 2014 y el 19 de noviembre del mismo año, Díaz pagó a Jorge Silva Menares la suma de $ 11,7 millones. En el caso de Cynthia Ross, Díaz le habría transferido cinco pagos por un total de $ 28,7 millones, entre el 1 de diciembre de 2014 y el 10 de abril del año pasado.
FACTOR SUELO
En 2013, el síndico de quiebras, Herman Chadwick, debía vender los predios de la quiebra de Patricio Wiesner, por lo que estaba interesado en que concretara el cambio del uso de suelo para obtener un mejor precio para los terrenos. Al año siguiente, quien buscaba la modificación del plano regulador era la empresa Caval, que compró los fundos. En ambas instancias, Juan Díaz estaba mandatado para hacer posible la modificación, de acuerdo a la acción judicial.
Para el CDE, los pagos efectuados por Díaz a Ross y Silva son un indicio de que existiría cohecho. En el caso de la arquitecta, según indica la querella, “se ha acreditado, por tanto, que dicha profesional pasó a tener el carácter de funcionario público desde el momento que fue contratada a honorarios por la I. Municipalidad de Machalí, para realizar las mismas gestiones por las cuales Juan Díaz antes ya le pagaba, pero ahora desde adentro de la municipalidad”. Además, consignan que “en el contexto de esta irregular mezcla de funciones (tanto públicas como privadas), Cynthia Ross y Jorge Silva informaban periódicamente a Juan Díaz del avance en sus gestiones”.
En el documento, que debe ser admitido a tramitación en el Juzgado de Garantía de Rancagua, se menciona el rol de Herman Chadwick. Se indica que los dineros que usó Díaz para hacer los pagos provenían de la cuenta del síndico. Al respecto, dice que la “intervención (del abogado) aún resta por precisarse”. Sobre una eventual ampliación de la acción legal, el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, dijo “nos reservamos el derecho, como querellante institucional, de ampliar nominativamente nuestra acción contra quien apareciere también responsable, por delitos por los cuales el CDE tuviere legitimación activa”.
En tanto, Mario Vargas, abogado de Cynthia Ross, indicó que “hay un error de análisis de información que evidencia la poca cercanía del CDE con los antecedentes de la investigación. Todos los pagos señalados en la querella fueron reconocidos por mi representada desde el inicio”. Añadió que cada transferencia está justificada, “a modo de ejemplo, el pago de $ 1,4 millones y el de $ 19 millones fueron por trabajos realizados a la CCU”. Vargas agregó que “esperamos que el CDE persiga la responsabilidad de los que realmente obtuvieron beneficios ilegítimos”.
El abogado de Díaz, Carlos Astorga, dijo que “todos los pagos están justificados. La señora Cynthia Ross desarrollaba proyectos con Juan Díaz desde 2008 y por eso efectuó muchos pagos. Al señor Silva Menares hizo el pago a una sociedad de su señora, en que prestaron un servicio en la VIII Región”.
