“Detrás mío hay 10 fiscales con dedicación exclusiva, con altísimos sueldos (…). Son fiscales de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, donde hay problemas de delincuencia y narcotráfico, son fiscales que han pospuesto esto sin parar”. La frase es de Marco Enríquez-Ominami -imputado en la causa- durante el frustrado y postergado inicio del juicio oral del caso SQM a comienzos de febrero. Este lunes comenzó finalmente el juicio que se espera se extienda por los próximos dos años y que ha generado cuestionamientos de las defensas de los imputados por los recursos destinados a este proceso. Esto, porque la fiscalía cuenta con dos fiscales con dedicación exclusiva, lo que generaría en total un gasto superior a los $1.500 millones para el Ministerio Público.
El inicio del juicio por el caso de supuesto financiamiento ilegal de la política estaba fijado para el 1 de febrero. Sin embargo, debido a la falta del auto de apertura (el texto que envía el juzgado de garantía al tribunal con los antecedentes de la causa) hizo que se postergara, una vez más, la recta final del caso que se inició el 2015, como una arista derivada del caso Penta.
Lo anterior derivó en la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició al tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago para que el juicio iniciara el día 13 de febrero, lo que finalmente ocurrió. Además de eso ordenó un sumario para determinar las responsabilidades de los jueces de primera instancia por la postergación del juzgamiento de los imputados, entre los que se encuentra el exministro Pablo Longueira, además del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. La fiscalía pide 818 de cárcel y multas para el exmilitante de la UDI, mientras que para el fundador del PRO el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel. Ninguno de ellos arriesga pena efectiva de cárcel.
El largo tiempo de tramitación de esta causa ha generado un fuego cruzado entre los imputados -junto a sus defensas- y el Ministerio Público. Joanna Heskia, abogada de Longueira, asegura que los recursos que se han destinados para seguir esta causa, de parte de la fiscalía, le parece “un gasto completamente excesivo, no solo desde la perspectiva de la cantidad de fiscales y abogados asistentes involucrados, peritajes, policías y tiempos de jueces y audiencias, sino que por temas de proporcionalidad”. Esto, porque según explica, “las penas requeridas son bajas y, además, respecto a los delitos tributarios, ya existe un precedente de la Corte Suprema de que, así como se dieron, las conductas no son constitutivas de delito. Y a esto sumar la cantidad de abogados del Estado, CDE y SII”.
Tras el fracasado inicio del juicio el 1 de febrero, la fiscal Claudia Perivancich sostuvo que “nosotros no hemos hecho sino lo indispensable para poder avanzar en el procedimiento, a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la acusación, pidiendo que volviéramos a entregarle copias de los antecedentes que ya tenían, pidiendo foliar una carpeta que ya tenían, obstando a que se iniciaran las audiencias de forma remota, en todos aquellos casos”.
La causa por el caso SQM en algún momento llegó a tener 180 personas investigadas por la fiscalía. Desde entonces, algunas han sido sobreseídas y en el transcurso de este tiempo 10 personas han sido condenadas. A la etapa final del caso llegan ocho imputados, entre los que se encuentra MEO y Longueira.
Para esta causa, según información solicitada a través de Transparencia a la cual tuvo acceso La Tercera PM, existen dos fiscales con dedicación exclusiva a esta causa. La primera de ellas es la fiscal Carmen Gloria Segura, quien asumió esta labor en abril del 2015.
Por su trabajo y según el grado que mantiene al interior del Ministerio Público, Segura recibe un sueldo mensual de $ 5.994.456. Considerando que el juicio se extendería hasta febrero de 2025, la fiscal dedicaría 118 meses al interior de la fiscalía a realizar esta investigación, lo que equivale a un total de $ 707.345.808, sin considerar los reajustes salariales que habría en este periodo.
En ese mismo rol también está la fiscal Paola Castiglione, quien percibe una renta mensual de $ 4.645.184 por su labor en la fiscalía, la cual desde enero de 2016 es perseguir de manera exclusiva la arista de SQM. Considerando el tiempo que faltaría, Castiglione pasaría en total 109 meses de trabajo dedicada a este caso, lo que significaría un costo de $ 506.325.056 de parte del Ministerio Público.
En total de sueldos entre ambas fiscales exclusivas, suma $ 1.213.670.864 en los 10 años que duraría el caso.
A juicio del abogado defensor de Patricio Contesse, Samuel Donoso, “esta defensa ha estado disponible para un juicio abreviado que ahorraría mucho dinero al Estado, lo que es razonable, más aún si mi representado tiene la pena cumplida, el castigo ya ha sido más que suficiente para un hombre de 72 años. No obstante, ello la fiscalía ha incurrido en un derroche de recursos del estado brutal (…) El 1 de febrero había cerca de 10 fiscales de Valparaíso en la sala, incluida la fiscal regional, ¿Quién atendía a las víctimas en Valparaíso? ¿O allá no hay delincuencia?”.
Desde la Fiscalía Nacional señalaron a La Tercera PM que el Ministerio Público “trabaja con el mayor sentido de responsabilidad en el uso de los recursos. Los actos de corrupción agreden y amenazan la democracia. La persecución penal en esta materia trasciende al perjuicio fiscal que la comisión de estos delitos puede haber originado”.
El abogado penalista y académico de Derecho de la UDP Mauricio Duce explica que es posible que en casos complejos las causas tomen mucho tiempo, aunque 10 años -a su juicio- da cuenta de cierta deficiencia, aunque en ese periodo de todas maneras debe considerarse la pandemia y consigo la postergación de las audiencias. De todas maneras, explica que estamos frente a un caso de “alta connotación pública y extremadamente sensible (…) y por tanto todos los sistemas jurídicos, aun cuando en casos de este tipo se arriesguen penas bajas, van a hacer esfuerzos para invertir recursos para esclarecer por el impacto que tienen no sólo para el caso concreto, sino que el caso futuro”. Sin embargo, sostiene que esto “produce impactos en derechos y garantías de las personas sometidas a la investigación. No es inocuo para ellas tampoco y es otro tema que obviamente hay que cuidar”.
La labor de las fiscales exclusivas del caso también ha contado con la colaboración de otros funcionarios al interior de la fiscalía. Según la información entregada vía transparencia por parte del Ministerio Público, hay tres funcionarios de apoyo. Estos funcionarios, de los cuales dos fueron contratados a honorarios, suman un sueldo de $ 2.768.102 desde enero del 2015. Considerando todo el tiempo que tardaría este caso, en este apartado costaría $ 334.940.342 hasta febrero de 2025.
Ciro Colombara, abogado de ME-O, sostiene que el juicio mismo le provoca al Estado un perjuicio económico mayor a lo que va a obtener: “el Ministerio Público pretende que se condene a Marco a una pena remitida y a una multa de $ 26 millones, pero resulta que para esto tiene abogados y asistentes dedicados de manera exclusiva a este caso desde hace 8 años, con remuneraciones altas y además viáticos diarios de casi $ 200.000, porque la mayoría son de la Región de Valparaíso”.
El abogado apunta a una responsabilidad de la fiscalía al agrupar 10 casos distintos. “Mientras los acusados, el caso y el juicio oral se han transformado en una tortura y una condena anticipada, para algunos abogados del Ministerio Público se ha transformado en un negocio, aunque sea duro decirlo”, afirma. A pesar de eso, el defensor sostiene que esto no es responsabilidad del Poder Judicial, “sino que se ha debido única y exclusivamente a algunos profesionales de la fiscalía, a los que les conviene que este caso no termine nunca. Y han arrastrado al Poder Judicial, al CDE y al SII a destinar cuantiosos recursos humanos y económicos a un caso cuyo mayor logro serán penas remitidas”.
Además de las remuneraciones, a las fiscales del caso también le corresponde los viáticos por los viajes que realizan desde la Región de Valparaíso -donde radica la causa- a los tribunales en Santiago. En el caso de la fiscal Castiglione, según la información entregada por fiscalía, sus viáticos en promedio mensual son de $ 255.812, lo que resultaría -al término de la causa el 2025- un costo de $ 27.883.487 durante los 109 meses que estaría dedicada al caso.
En el caso de la fiscal Segura, los gastos por este concepto tienen un promedio mensual de $ 13.427, lo que calculado a los 121 meses que dedicaría a la causa suman $ 1.584.362 en los 10 años que duraría la causa. En total, durante la década que se tramitaría la causa, las persecutoras sumarían viáticos -proyectados- por $ 29.467.849.
En total, considerando los sueldos destinados para esta causa, además de los viáticos, y proyectándolos a los años que podría tomar toda la causa, el Ministerio Público tendría un gasto que llega a los $ 1.578.079.055. (La Tercera)
