El asesinato contra el ex militar venezolano Ronald Ojeda ha complicado las relaciones de Chile con la dictadura de Nicolás Maduro, especialmente después de que el fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, asegurara que el crimen fue «una operación de falsa bandera» en el que habrían participado «cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con intereses espurios».
Durante una conferencia, Saab criticó duramente al ente persecutor chileno, a la cual acusó de «falta de cooperación». «Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite, pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile», afirmó.
Las palabras del titular del Ministerio Público venezolano tuvieron su respuesta por parte del canciller chileno. «Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden», dijo anoche el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en declaraciones difundidas por la cartera.
«Son incomprensibles, ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. Esa es la colaboración que estamos exigiendo y es lo mínimo que podemos demandarles», agregó.
Ronald Ojeda, de 32 años y militar retirado del Ejército de Venezuela, fue secuestrado el 21 de febrero, por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento en Santiago. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.
Este nuevo hecho abre cuatro opciones para el Gobierno en torno las relaciones entre ambos países: romperlas, retirar al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri; llamar a consulta y no ejercer acción alguna.
ROMPER RELACIONES
El canciller chileno descartó esta idea, pese a las presiones de parte de parlamentarios de oposición para concretar aquello. «No es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas. Lo que nos interesa es obtener colaboración, la que sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela», dijo el secretario de Estado chileno.
Sin embargo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, difirió de las palabras del titular de RR.EE. «Yo creo que es una materia que el Gobierno podrá evaluar. No veo que hoy día la Cancillería esté seguramente analizando las declaraciones, pero esto se da en el marco de un caso policial donde se está llevando adelante una investigación en Chile que tiene un detenido, tiene personas sospechosas que están identificadas de nacionalidad venezolana, hay una solicitud de asistencia penal internacional del Ministerio Público, y creo que la investigación tiene un nivel de avance muy importante en Chile», manifestó el subsecretario.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), comentó que «este asesinato que tiene un móvil político de una persona que estaba en la lista negra por parte de la dictadura de Venezuela (…) la intencionalidad del fiscal es de colocar turbiedad en lo que le hemos venido solicitando a Venezuela, que reciba a sus delincuentes venezolanos de vuelta, no le ponga más trabas. ¿Por qué no recibe a los aviones de la FACH? ¿O no facilita aviones del Estado venezolano que se lleven a los delincuentes venezolanos? Lo que están haciendo es enturbiar esta relación para insistir en no recibir a estos venezolanos indeseables que han cometido delitos en Chile».
En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputado, Andrés Longton (RN) comentó a Emol que estas declaraciones demuestran «que en ningún momento este Gobierno debería haber depositado la más mínima confianza de la investigación en un régimen dictatorial. Lo hacen por la inaceptable complicidad de parte de la izquierda con este régimen que mantiene el control de las instituciones para que sean serviles a los intereses de esta narcodictadura».
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), manifestó que «en un país serio como Chile, al que le cuestionan su sistema de justicia por un Gobierno extranjero, esto constituye un escándalo internacional. Hemos propuesto reunión de emergencia de Chile Vamos».
A su vez, el parlamentario Henry Leal (UDI), también miembro de la comisión de Seguridad, calificó las declaraciones como «inaceptables». «El gobierno del Presidente Boric ha tenido una condescendencia absoluta con el Gobierno de Venezuela. El subsecretario Monsalve suscribe convenios con un país que es una dictadura, no se puede tener relaciones».
RETIRAR EL EMBAJADOR
Otra opción es retirar al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Una situación similar se vivió en 2017, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, Heraldo Muñoz, informó que el ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez, «no tiene fecha de regreso» a ese país.
Esto, luego de la decisión del Tribunal Supremo venezolano de disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, la medida fue revertida días después. Muñoz sostuvo en esa oportunidad que el Gobierno de Venezuela «declaró no solo en desacato a la Asamblea Nacional, sino que además amenazó con levantar la inmunidad y trasladar las facultades de la Asamblea al propio Tribunal Supremo de Justicia, situación -en parte- revocada el día sábado».
«En ese contexto, hemos llamado a informar a nuestro embajador en Caracas. Me he reunido con él esta mañana y le he indicado que no tiene fecha de regreso a Venezuela. Es decir, su llamado a informar es indeterminado a cuanto a fecha», añadió. Ramírez afirmó por su parte que «no tengo fecha de regreso».
LLAMAR A CONSULTA
Otra opción es que el Gobierno llame a consulta al embajador chileno en Venezuela. De hecho, el Ejecutivo ya realizó esa acción durante este año. En abril, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, aseguró que la organización criminal Tren de Aragua «no existe».
«El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles (…) que se demostró que no existe, que jamás ha existido», dijo Gil en una declaración junto a su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo.
También afirmó que «ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno». A su juicio, lo que se trata de hacer es de «crear una marca».
Los dichos generaron molestia en el Gobierno. La ministra de Interior, Carolina Tohá condenó los dichos de Gil, los que calificó como «un insulto». Por ello, el Presidente Gabriel Boric anunció el llamado a consulta al embajador Gazmuri.
CUARTA ACCIÓN
Otra opción es que el Gobierno no ejerza acción alguna en torno a la relación diplomática entre ambos países. Además, el vinculo entre los entes persecutores también está tensionado.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, dijo que se enteró de las declaraciones de Saab a través de la prensa y que no había recibido hasta ese momento «una comunicación formal de parte de esa fiscalía o, por lo menos, no tengo constancia de ello».
Valencia recalcó que «tras llevar adelante una investigación penal en Venezuela, por hechos que habrían ocurrido en Chile, es un asunto que es propiamente de competencia de las autoridades venezolanas, no es un asunto de competencia chilena».
No obstante, dijo que, «como en otras oportunidades», esperan que si la fiscalía venezolana recabó antecedentes «que permitan esclarecer estos hechos que, insisto, han ocurrido en Chile», le sean remitidos por conductos formales «para efectos de poder enriquecer la investigación» en Chile. (Emol)
