Un error de la División Jurídica del Ministerio del Interior dejó fuera al gobierno como querellante del caso Huracán
Todo se remonta al 12 de mayo de este año, cuando la magistrada Marcia Castillo decidió excluir a la cartera, luego que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal que había en el texto de la acusación que el Ejecutivo presentó en contra de los excarabineros imputados por un montaje de pruebas contra comuneros mapuche.
Y si bien la petición de corrección se realizó dos días antes, la jueza aplicó la normativa que dispone que al no haber sido rectificada la acusación del querellante en el plazo dispuesto de 48 horas, se entenderá por no presentada.
Tras la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, la cartera presentó un recurso de apelación, pero este fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Temuco.
El error de la División Jurídica de Interior, que se dio a conocer por la mañana de este martes, fue calificada horas después de “inaceptable” por el Presidente Gabriel Boric, quien además afirmó que mantendrá un diálogo con al ministra del Interior, Izkia Siches, para evaluar “dónde se cometió”.
“Las características de este error, desde mi punto de vista, es inaceptable. Y por supuesto que tienen que haber responsabilidades”, precisó el Mandatario tras participar de la asamblea general de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en Viña del Mar.
Además, detalló que “voy a conversar con al ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que fue anterior, que es algo que venía hace un tiempo ya, y van a tener que asumir responsabilidad”.
A su juicio, el caso Huracán se enmarca en hechos “gravísimos”, por lo que “la instrucción de esta presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos”, así como también “agotar todas las instancias jurídicas. Entiendo que está la instancia de la apelación”.
El Mandatario también remarcó que para el gobierno la persecución de “este tipo de delitos pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución, y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito, así que esto para nosotros es totalmente relevante”.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco tiene lugar en el marco de la preparación del juicio oral en contra de los integrantes de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros en La Araucanía, quienes son indagados por montar pruebas en contra de comuneros mapuche que fueron acusados por asociación ilícita terrorista y sobreseídos en junio de 2018.
En total, son 10 los oficiales y suboficiales de Carabineros y un civil los imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros ilícitos.
El civil indagado, en detalle, es Alex Smith Leay, alias “El Profesor”, creador del programa “Antorcha” con el que supuestamente podían interceptar mensajes de WhatsApp y conocer las acciones que desarrollarían comuneros y dirigentes como Héctor Llaitul.
En tanto, los demás imputados son el general (r) Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez, el mayor (r) Patricio Alejandro Marín Lazo, el capitán (r) Leonardo Marcelo Osses Sandoval, el general (r) Marcelo Iván Teuber Muñoz, Manuel Antonio Riquelme Mardones, Cristián Andrés Pérez Mancilla, Manuel Jesús Cavieres González, Marcos Rodrigo Sanhueza Córdova, Darwin Patricio Vásquez Sepúlveda y Marvin Allan Marín Maluenda. (La Tercera)
